La importancia de la Historia

Muchas opiniones expresadas en los medios de comunicación y las redes sociales no se sustentan en una aproximación seria a la Historia.

Vuelvo a repasar durante estos días al gran ensayista francés Jean François Revel (El conocimiento inútil) y a Karl R. Popper (La miseria del historicismo) para comprender lo que sucede en España. No se trata solo de la secuencia de acontecimientos relacionados con el proceso de secesión de Cataluña (en el que la inacción durante años del gobierno central cabe calificarse ya como complicidad retráctil) sino también la propia existencia de un Estado de derecho y una democracia, que, en palabras de Revel, no pueden existir sin una cierta dosis de verdad.

Y ese nivel mínimo de verdad se ha horadado progresivamente en España, durante muchos años y desde muy diferentes ámbitos, hasta un punto difícilmente reversible. Siguiendo a Revel, el régimen democrático, basado en la libre determinación de las grandes opciones por la mayoría, se condena a sí mismo a muerte si casi todos los ciudadanos que efectúan tales opciones se pronuncian ignorando las realidades, obcecándose en una pasión o engañándose por impresiones pasajeras.

Las críticas a la democracia desde el campo liberal son tratadas en extenso por muchos de los colaboradores de este Instituto, recogiendo las ideas elaboradas por la Escuela de elección pública y otras valiosas aportaciones. Ahora bien, creo que coincidimos en que una gran parte de sus problemas vienen dados por el apabullante número de decisiones que han acaparado los representantes democráticos y la burocracia, debido al ordenancismo que preside la legislación en todas las administraciones públicas.

Es obvio que conocer las cuestiones sobre las que esos delegados toman decisiones requiere un gran esfuerzo para un ciudadano de una comunidad cualquiera, incluso cuando es pequeña. Siendo imposible conocer todos sus detalles, unos mínimos conocimientos políticos, económicos e históricos -relacionados  también con un proceso de maduración intelectual que considere la experiencia anterior, contrastándola con modelos teóricos que tienden a limitar la realidad- se revelan cruciales e indispensables para mantener un espíritu crítico frente a los gobernantes. En última instancia, como recuerda Popper, la democracia debe servir para destituirlos sin violencia y derramamientos de sangre.

Se objetará que los conocimientos de Historia son necesariamente incompletos y revisables. Que establecer la verdad histórica constituye una tarea interminable por la propia naturaleza de la reconstrucción y la selección de los hechos relevantes para explicar el devenir histórico. Esto no significa que no quepa buscar la verdad histórica, partiendo de no falsear groseramente los hechos y el reconocimiento de que no existen leyes inexorables del destino que expliquen y predigan el futuro. Siguiendo asimismo a Popper, nunca se podrá escribir una historia completa de la humanidad. Se puede admitir que la idea de nación se ha forjado en todas partes sobre la base de mitos que explican o justifican a posteriori su propia existencia, al mismo tiempo que sus gobiernos y políticos recurren a menudo a interpretaciones historicistas.

En el caso del régimen político español surgido de la Transición y la Constitución de 1978, junto a un relativo progreso político, social y cultural, pues el económico se remontaba al plan de estabilización de 1959[i], se produjo una curiosa sustitución de las falsedades amalgamadas por el régimen franquista durante décadas de distintas fuentes. Paulatinamente, incluso en los estertores de la dictadura, esa hagiografía fue dando paso a un paradigma, todavía más falso y maniqueo, en el que las tornas cambiaron radicalmente. Uno de los puntales de esa nueva narración histórica en los medios de comunicación, el mundo académico y los intelectuales más influyentes convirtió a las heterogéneas fuerzas políticas derrotadas por el ejército encabezado por Franco en defensoras de la libertad y la democracia. Así, los socialistas revolucionarios del PSOE, los comunistas, los nacionalistas catalanes de la Esquerra y los nacionalistas vascos del PNV, así como, incluso, los anarco-colectivistas de la CNT-FAI, quienes se rebelaron en distintos momentos contra la II República, pasaron, además, a gozar de una mitología exculpatoria de sus responsabilidades en la sangrienta contienda civil. Ese proceso no consiguió establecer un canon en los primeros momentos de ebullición de la Transición, entre otras razones porque muchos exiliados retornados mantenían tantas cuentas pendientes entre ellos que les impedía presentar una versión lineal de aquellos desgraciados acontecimientos.

Por la proyección que podría tener hoy entre sus herederos de Podemos, debe recordarse, no obstante, que, a partir de 1956, el partido comunista ya había proclamado la política de reconciliación nacional: “Crece en España una nueva generación que no vivió la guerra civil, que no comparte los odios y las pasiones de quienes en ella participamos. Y no podemos, sin incurrir en tremenda responsabilidad ante España y ante el futuro, hacer pesar sobre esta generación las consecuencias de hechos en los que no tomó parte”.

Asimismo, por las buscadas reminiscencias de aquel episodio en la actualidad, los exaltados nacionalistas catalanes deberían recordar los numerosos testimonios que dejó Josep Tarradellas Joan -él mismo militante de la Esquerra durante la Guerra- contra el dislate de la sublevación del gobierno de Lluís Companys contra la II República y la declaración del “Estat Catalá” (incluso dentro de una onírica República Federal Española) en octubre de 1934:

Siempre recordaré que el 6 de octubre del año 1934, a las 5 de la tarde, acompañado del diputado señor Juan Casanelles, fui a la Generalitat a visitar al presidente Companys para manifestarle nuestra disconformidad con la política que una vez más se realizaba, rogándole que evitara todo lo que indicaba que iba a suceder aquella misma noche, es decir: la ruptura por la violencia de las relaciones con el Gobierno. No se nos escuchó, la demagogia y la exaltación de un nacionalismo exacerbado pesó más que la opinión de aquellos que preveíamos, como así ocurrió, un fracaso rotundo. (…) La demagogia había hecho su obra y el desastre se produjo”.

Aun con todas esas sensatas exhortaciones, los estrambotes de ese consenso de fábula histórica, para dar una mayor legitimidad a partidos en el presente, prevalecieron. Por el lado de los partidos de izquierda españoles, el paroxismo llegó de la mano del gobierno de Rodríguez Zapatero, que promovió la llamada Ley de memoria histórica, una aberración legislativa que pretende blindar legalmente una versión oficial de la historia de la guerra civil y la posguerra, condenando sin más a las personas que lucharon en el bando vencedor. Por cierto, formalmente en vigor y que provoca, después de utilizarse para subvencionar unos morbosos desenterramientos, la periódica eliminación de nombres de calles que se asocien con la dictadura de Franco a juicio de una nueva policía del pensamiento.

Por el lado de los nacionalistas catalanes, siguiendo una línea que procede de la Renaixença y los albores románticos del movimiento -los abertzales vascos no se quedaron a la zaga– éstos se emplearon a fondo para difundir en todos los ámbitos falsedades flagrantes en cuanto alcanzaron el poder en 1981. Se trataba de “recatalanizar” la sociedad según se exponía en un plan estratégico de Jordi Pujol de 1990, negar la historia compartida por catalanes y el resto de los españoles o presentarles como comunidades enfrentadas durante siglos. Desde remontar el nacimiento de “la nación catalana” al Conde Wifredo el Velloso (840-897), del linaje visigodo de los unificadores de la Hispania posterior a la caída del Imperio Romano, obviando la dependencia de los condados catalanes al Reino de Aragón a la presentación Rafael de Casanova como un presunto héroe en una guerra contra los españoles, cuando, en realidad, su famoso bando para luchar contra las tropas de Felipe de Borbón en la Guerra de Sucesión (que tiñe la Diada del 11 de septiembre de 1714) se dirigió a los “hijos de la Patria, amantes de la libertad (…) a fin de derramar gloriosamente su sangre y su vida por su Rey, por su honor, por la Patria y por la libertad de toda España”. Desde la negación del español como lengua propia de Cataluña, como demuestra la existencia de poetas catalanes como Juan Boscán que escribieron principalmente en ese idioma, al igual que su amigo castellano Garcilaso de la Vega, ya en el siglo XV; a la presentación de la guerra civil como una guerra de España contra Cataluña, en contra de toda la evidencia histórica y la probada participación de catalanes en ambos bandos. Todo ha servido para inventar “diferencias” y “conflictos” históricos que justificaran a los ojos de unos seguidores suficientemente sugestionados, la fundación de un estado independiente. La lista resulta inagotable. Curiosamente, la última alteración relativamente importante de las fronteras españolas en la Península Ibérica se produjo cuando Felipe IV cedió a Luís XIV de Francia el condado del Rosellón, mediante el Tratado de los Pirineos en 1659 (art. 42) que dio término a la particular guerra que ambos reyes libraron después de la Paz de Westfalia, justificando que estos montes sirvieran de frontera entre los dos reinos, dado “que habían dividido antiguamente las Galias de las Españas”.

Esas imposturas planificadas suscitaron, ciertamente, alguna reacción, pero esa hiper legitimidad de los perdedores de la ya no tan reciente guerra civil (o al menos quienes se proclamaban sus herederos) al tiempo que el astuto Pujol sabía intercambiar apoyos en las Cortes para los gobiernos centrales por la desactivación de controles legales de su administración permitieron barbaridades como la Ley de Normalización (¡!) lingüística de 1983. Un tipo de reglamentación que encontraría graves acusaciones de violación de derechos de los padres contra aquellos estados que impusieran el uso exclusivo de una determinada lengua a las minorías de un país, no solo ha sobrevivido con diferentes versiones en Cataluña, sino que se ha convertido en modelo para otras comunidades autónomas.

De este modo, no puede sorprender que en el debate sobre el proceso de secesión emprendido por el actual gobierno de la Generalidad, tantos elementos de hecho sean completamente desconocidos o, simplemente, se dé pábulo a mentiras de grueso calibre. Más allá de la evolución de los acontecimientos, muchas opiniones expresadas en los medios de comunicación (y en las redes sociales) no se sustentan en una aproximación seria a la Historia (remota y reciente) sino en ideas y modelos preconcebidos, que, además, prescinden del Derecho aplicable.