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La Ley contra el odio, hipocresía de Maduro para afianzar la dictadura

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La nueva norma es un ataque a la libertad de expresión y una proscripción de la disidencia política.

El régimen de Nicolás Maduro ha dado un paso más en su desenfrenada carrera para afianzar el sistema totalitario en el que se ha transformado Venezuela. La ilegal Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó la semana pasada una norma que, con el orwelliano nombre de Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, proscribe de hecho las protestas y la disidencia política, incluyendo la crítica al Gobierno y sus terminales en medios de comunicación y redes sociales.

Además de todo tipo de medidas destinadas a adoctrinar a la sociedad en lo que el régimen considera promoción de la paz y la convivencia, sin especificar en ningún momento qué quiere decir con ello, la norma establece prohibiciones y sanciones. Así, en su artículo 11 proscribe: “Los partidos políticos y organizaciones políticas cuyas declaraciones de principio, actas constitutivas, programas de acción política, estatutos o actividades se fundan o promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación y la violencia”. De esta manera, basta con que el Consejo Nacional Electoral, controlado por el régimen, decida que una formación incurre en cualquiera de esos supuestos para proscribirlo.

Dado que Nicolás Maduro y sus secuaces acusan de fascismo constantemente a toda la oposición, esa es la vía perfecta para avanzar hacia un régimen de partido único ya indisimulado. Pero el citado artículo no se refiere tan sólo a formaciones políticas. Añade: “Se prohíbe facilitar o permitir la constitución o funcionamiento de personas jurídicas de derecho privado, así como de movimientos y organizaciones sociales que incumplan con lo previsto en el presente artículo”. Dicho de otro modo, el régimen puede declarar ilegal a cualquier fundación, think tank, ONG o cualquier otro tipo de entidad privada (incluyendo empresas) con la simple acusación de promover el odio o el fascismo. Dado que la separación de poderes en Venezuela desapareció al poco tiempo de llegar Hugo Chávez al poder, ningún juez llevará la contraria al Gobierno.

En su artículo 12, la norma obliga a los medios de comunicación de todo tipo a difundir “mensajes dirigidos promoción (sic) de la paz, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la diversidad”, y establece que puede ordenarles transmitir los contenidos que en este sentido produzcan los “movimientos del Poder Popular” (el régimen). Además, en el siguiente artículo se establece: “Se prohíbe toda propaganda y mensajes a favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación, la intolerancia o la violencia”.  Dado que el régimen califica de propaganda de odio toda actividad opositora y toda pieza periodística crítica con el poder, el sentido de esto queda claro. Por supuesto, las redes sociales están sometidas a similar reglamentación.

Y no hay prohibición sin castigo por no cumplirla. Lo que el régimen considere difusión o promoción del odio, la violencia o la guerra queda penado con hasta 20 años de prisión, y se establecen duras sanciones económicas para los medios impresos que violen la nueva ‘ley mordaza’. Para los digitales la pena es el bloqueo y para las radios y la televisión la retirada de la licencia para emitir.

La nueva norma es un ataque a la libertad de expresión y una proscripción de la disidencia política disfrazada de fomento de la tolerancia y la paz. Se trata de un paso más en la instauración de un régimen calcado del castrista o de la URSS. Lo curioso es que, de aplicarse, el primer partido que debería prohibirse es el gobernante PSUV de Nicolás Maduro. Ninguna organización ha promovido más lo que la norma supuestamente combate que esa formación política.

Y lo mismo ocurre en lo referido a los medios de comunicación. Si algunos promueven el odio y la violencia hacia los que no opinan como quienes los controlan son los de titularidad pública, empezando por Venezolana de Televisión y Telesur. De hecho, el programa donde más se insulta, amenaza y se fomenta el odio (hacia opositores, periodistas críticos y países como España, Colombia o Estado Unidos) es Domingos con Maduro. Según la letra de la nueva norma, el hombre que dijo que Chávez le hablaba en forma de pajarito debería ser el primero en ser condenado a 20 años de prisión.

1 Comentario

  1. La verdad es que me cuesta
    La verdad es que me cuesta tanto entender como Venezuela, un país rico, que fue la joya en los años cincuenta y sesenta del pasado siglo, ha llegado a esto. Ya sé que la corrupción de todos esos años era mayúscula, pero aún así, nada que ver con la que existe hoy en ese país, infinitamente peor. Que haya gentuza que defiende este tipo de regímenes, y un partido político que también lo defienda (Podemos), sólo demuestra que el gusto por la violencia y el terror contra el disidente, no conoce ni fronteras, ni límites. Toda mi solidaridad con el pueblo Venezolano, asfixiado por una asesina dictadura socialista, que ya dura demasiado tiempo. Aviso a navegantes: Si no queremos acabar igual aquí, tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas contra la escoria Podemita, anhelante de llevarnos por idéntico camino. Desenmascaremos la verdadera cara de Podemos, luchemos desde todos los frentes contra esa epidemia totalitaria, financiada por dos terribles dictaduras (Venezolana e Iraní), y hagámoslo ya, antes de que sea demasiado tarde.


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