La evolución de la economía de España dependerá de que un próximo Gobierno logre implementar satisfactoriamente una drástica reducción del gasto público como condición previa para lograr una salida de la recesión económica.
De otro modo, el lastre del gasto "social" de las administraciones públicas hará que el hundimiento de la economía española sea aún más profundo. Es decir, en caso contrario, la recuperación será una travesía larga y aún más penosa durante el transcurso de la presente década.
Ya se comentaron algunos ajustes microeconómicos imprescindibles para introducir competitividad en la economía española y también la importancia de introducir límites constitucionales al déficit presupuestario, los tributos y el endeudamiento. A continuación, por su importancia a corto plazo, nos centraremos en analizar la urgente necesidad de reducir el gasto público.
1. Gasto público en España
El gasto público total del año 2011 esta presupuestado en 362.459,62 millones €. Si se analiza su composición en el cuaderno blanco de los Presupuestos Generales del Estado 2011, comprobamos la magnitud del cáncer presupuestario en la economía española, ya que se consumen los recursos de los pagadores de impuestos con una triple metástasis: el gasto social, el gasto de las administraciones territoriales y el gasto en endeudamiento soberano.
Un ajuste presupuestario serio debería provenir principalmente del gasto social, dado que asciende a 183.230,91 millones € lo que significa un 50’55% del presupuesto público de la Administración General del Estado (AGE).
Es preciso señalar que, como el gasto social ya consume un 50,55% y el endeudamiento otro 20,47%, tan sólo queda un 28’98% del gasto público que corresponde a los servicios públicos de la AGE (17,17%) y a las transferencias a las administraciones territoriales (8,47%) y a la Unión Europea (3,34%).
2. Gasto en endeudamiento de los PGE 2011
El gasto público total del año 2011 está presupuestado en 362.459,62 millones € con un 20,47% comprometido en el pago de la deuda soberana (74.196,53 millones €). Esto implica que al pago del endeudamiento del Estado se dedican uno de cada cinco euros presupuestados, lo que es ya de por sí una cifra que manifiesta la mala gestión realizada en los últimas dos legislaturas. Y el endeudamiento deja tan sólo un 79’53% para poder hacer recortes.
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2011 fueron realizados con una previsión de crecimiento del 1,3% PIB y una disminución del desempleo del 0,3%. Por otro lado, el Ministerio de Economía y Hacienda tuvo en cuenta un tipo de interés del alrededor 4% en los bonos de deuda soberana de España de septiembre de 2010 y una prima de riesgo de 200 puntos básicos respecto del tipo de interés en Alemania.
Sin embargo, tal y como señaló el Instituto de Estudios Económicos, las previsiones económicas realizadas por el Gobierno fueron erróneas. Por el lado de los ingresos públicos, el crecimiento del PIB estará entre el 0,4% y el 0,8% en lugar de en el 1,3% empleado para calcular los PGE 2011, por lo que los ingresos serán menores de lo inicialmente previsto.
Y, por el lado del gasto público, los PGE 2011 plantearon un recorte del 12% (11.000 millones €) respecto de las cuentas del 2010, pero no mencionaban que parte de ellos consistían en los recortes ya efectuados por 7.900 millones € durante la crisis de deuda del año 2010. Por tanto, el ahorro "real" es de 3.100 millones € en los PGE 2011 respecto del año anterior. Por otro lado, si el desempleo parece que aumentará en un 0,5 % en lugar de la previsión gubernamental de descender un 0,3%, significaría un coste adicional en torno a los 1.500 millones de €.
El escenario económico y financiero está empeorado sustancialmente ya que, a fecha del 4 de agosto de 2011, el tipo de interés de bonos españoles era del 6,2% y la prima de riesgo llegó a rebasar en algunos momentos los 400 puntos básicos, lo que significa un sobrecoste de gasto de "endeudamiento" en torno a los 25.000 millones € y, por tanto, un 6,89% adicional en el gasto público, que podría llegar a ser efectivo si en algún momento el Banco Central Europeo dejase de comprar la deuda soberana española.
3. Gasto de las administraciones territoriales
Algunos entendemos que el gasto en administraciones territoriales es susceptible de ser recortado, dado que hace tiempo que urge implementar planes de austeridad autonómicos y municipales, lo que se justifica si tenemos en cuenta los numerosos casos de corrupción y de clientelismo político y sus 2,7 millones de empleados públicos.
Probablemente, se requiera una reducción del número de municipios, la eliminación de las diputaciones provinciales, la fijación de sanciones por rebasar límites de déficit y endeudamiento, y un severo plan de austeridad que incluyese un recorte de los empleados y presupuestos públicos de las administraciones territoriales para evitar las duplicidades con la administración central y la ociosidad en los más de 2’7 millones de empleados públicos.
Por el contrario, un recorte presupuestario adicional en la AGE es posible pero su alcance sería siempre limitado, teniendo en cuenta que ya se redujeron 7.900 millones € el año 2010 y que se recortan otros 3.100 en el año 2011, aparte de haber asumido en exclusiva los recortes efectuados por el actual Gobierno. Por proporcionar algunas cifras interesantes, de los cerca de 675.000 trabajadores que había en la AGE en el año 1978, ahora apenas cuenta con 592.000 personas, muchas de ellas atendiendo servicios públicos básicos (Seguridad Interior, Justicia, Defensa y Política Exterior), que son aquellos que garantizan la seguridad (interior, jurídica y exterior) de los ciudadanos para poder actuar en libertad y que suponen 19.731,10 millones €. Es decir, sólo 5’44% del presupuesto público.
4. Recorte del gasto social en los PGE 2012
Si queremos evitar que el tridente que erosiona el gasto público paralice la economía española durante la presente década con el gasto social, el gasto en administraciones territoriales y el gasto en endeudamiento, será preciso que el Gobierno realice un nuevo Plan de Austeridad equivalente al recorte de 79.000 millones € en Italia.
Teniendo en cuenta que las elecciones en España serán en los próximos meses, un nuevo Gobierno no tendrá tiempo de aprobar nuevos presupuestos por lo que habrá que prorrogar los PGE 2011 para usarlos en el año 2012 lo que supondrá un grave problema, dado que no contemplan el sobrecoste de los intereses de la deuda soberana de España, ni los incumplimientos del Gobierno del ínclito Sr. Rodríguez Zapatero, ni la deuda oculta en ayuntamientos, autonomías o empresas públicas.
Sin embargo, es esencial que se cumplan los presupuestos y que no sigan creciendo los intereses de la deuda para evitar que la crisis se agudice con la posibilidad de que España deba ser rescatada por el Banco Central Europeo y/o por el Fondo Monetario Internacional, con las graves consecuencias que tendría para nuestra economía durante la presente década.
En cualquier caso, la clave está en realizar una reducción importante del gasto social, porque es la mejor opción que existe para realizar un ajuste presupuestario "estructural" y con la profundidad suficiente como para corregir las cuentas públicas de España también a medio y largo plazo, dado el alcance que supone actuar sobre un 50,55% del gasto público.
Permítanme esbozar tres ideas al respecto. Podría ser aconsejable reducir el gasto en Seguridad Social (34%) con la introducción del copago sanitario, tal y como acaba de realizar Italia con el abono de 10 € por cada consulta al especialista y 25 € por cada atención en servicio de urgencias que no sea de imperiosa necesidad. También se puede modificar el cálculo de pensiones públicas para extenderlo a toda la vida laboral y promover un sistema de capitalización privada de pensiones. Y, finalmente, se puede iniciar el tránsito hacia un sistema de prestaciones privadas por desempleo.
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