La próxima Sociedad Pública de Alquiler (SPA) diseñada por el Ministerio de la Vivienda es otro artefacto intervencionista frente a la propiedad privada, que gravará aún más los contratos de alquiler y probablemente generará efectos perversos entre los participantes del arrendamiento inmobiliario.
Observada la función de la SPA, es razonable pensar que una de las tácticas del intervencionismo consiste en incorporar obligatoriamente a intermediarios en el proceso de libre voluntad entre particulares y dificultar en gran medida cualquier ulterior reforma cuando esas medidas administrativas puedan devenir inoperantes.
Todo el proceso de la SPA gira en torno al pacto entre la Administración y las compañías aseguradoras sobre quién es un inquilino idóneo y la contratación imperativa de pólizas que prevean los incumplimientos de éste. A cambio de un 20 % del precio del alquiler previsto –que pagará el propietario por esa protección– el Estado se convertirá en el Gran Casero que vigilará las relaciones entre contratantes e impulsará supuestamente el mercado de alquileres como alternativa a la compraventa de inmuebles.
Sin embargo, esta iniciativa gubernamental no resulta inocua y anuncia futuras arbitrariedades, buscadas o no. Al menos pueden presagiarse tres inminentes.
En primer lugar, van a quedar previsiblemente arrinconados de la SPA numerosos ciudadanos poco fiables para el baremo asegurador: jóvenes en situación laboral inestable y familias con escasos recursos; precisamente los grupos sociales más necesitados del arrendamiento.
En segundo lugar, el arrendador-propietario acrecentará seguramente la renta que desee percibir para solventar con holgura su deuda con la SPA; además la Administración le exige contratar otro seguro que, aparte de los que tenga suscritos con anterioridad, cubre percances marginales (vandalismo, incendios) en lugar de riesgos predecibles (reparaciones por uso continuado).
Y tercer supuesto, el efecto llamada, por decirlo así, de la SPA. Aunque la disposición del Ministerio es por ahora de carácter voluntario, puede preverse un cierre de filas entre comunidades autónomas, agentes de la propiedad inmobiliaria y aseguradoras para lograr la protección del Estado ante ese emergente mercado de favores mutuos y la red clientelar que lleva consigo. Estos nuevos protagonistas captarán a través de múltiples recursos la voluntad de propietarios indecisos en la forma de arrendar su vivienda y el circuito de oportunidades para alquilar al estilo SPA quedará afianzado.
El proyecto gubernamental desconfía de una más clara solución que consistiría en que los particulares ventilasen sus diferencias en los tribunales; de ahí sus filibusterismos y contradicciones respecto de los juicios rápidos para el desahucio. Si el desahucio avanzase, desde luego la SPA sería superflua. Pero no. Antes se prefiere poner en marcha otra burocracia más que invita a actores hasta ahora ajenos a participar en el cobro de un canon por la tramitación de estos asuntos y así consolidar intereses divergentes a la solución civil de carácter privado.
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