Resulta muy fácil ser generoso con el dinero ajeno y sin medir las consecuencias que eso pueda tener para terceros, incluyendo lo que afecta a su libertad y sus derechos. Esa actividad, la transferencia de los bienes económicos de unos ciudadanos a otros o de unas empresas a otras, es una especialidad de todos los Gobiernos. Suele hacerse vía impuestos y partidas en los Presupuestos Generales, pero en ocasiones se opta por otras fórmulas diferentes.
Es lo que ha ocurrido ahora en España con la denominada ‘Tasa Google’ o ‘Canon AEDE’. Se trata de la forma con la que el Gobierno de Mariano Rajoy ha acudido al rescate económico de unos grandes periódicos que están pasando desde hace años por una pésima situación económica (en buena medida por causa de la crisis, pero también debida a años de mala gestión empresarial).
Tras negarse a entregar ayudas directas a los editores de prensa, pensando que tal vez esto tuviera un coste en términos de imagen, al Gobierno le pareció una estupenda idea aceptar la propuesta que le hizo una importante organización de editores de diarios: obligar a Google y otros agregadores de noticias a pagar por enlazar los contenidos de las web de los periódicos. El precio, al fin y al cabo, lo pagan unas empresas a las que previamente se presenta como parásitos. Y al Gobierno no le importa el coste que para los ciudadanos pueda tener en términos de recorte de libertad de expresión.
De hecho, los primeros en pagar un precio por obtener el favor que pidieron han sido los propios rotativos que promovieron la medida. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, exigió a cambio de la ‘Tasa Google’ la cabeza de los directores de tres de los cinco grandes periódicos españoles (El Mundo, El País y La Vanguardia), precisamente los tres responsables de diarios más incómodos (por distintos motivos) para el actual Ejecutivo. Las testas fueron entregadas en un nuevo episodio de la creciente intervención del poder en los medios de comunicación españoles.
Pero esos diarios, o sus profesionales y lectores, no son las únicas víctimas del ‘Canon AEDE’, instaurado con la excusa de la mal llamada propiedad intelectual. Lo son todos los agregadores de noticias por Internet que operan en España, hasta el punto de que no debemos descartar que algunos de ellos terminen por desaparecer. La Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) va a cobrar por todos los contenidos a los que se pueda acceder a través de esos servicios, con independencia de que sean de páginas de sus asociados o no. De esta manera, llenará sus arcas a costa de las informaciones de numerosos medios digitales que no forman parte de esa organización.
A estos últimos no se les permite la opción a renunciar a que los agregadores paguen por sus contenidos a cambio de que sean incluidos en sitios como Google News o la española Menéame. Así se evita que ocurra lo que ha pasado en Alemania, donde Google comenzó tan sólo a incluir noticias de aquellos medios que pedían de forma expresa aparecer en su servicio News y renunciaban al cobro de una compensación. El efecto fue que quienes se agarraron a exigir el cobro, desaparecieron del sitio del gigante de internet y tuvieron una gran caída de visitas, con el consiguiente descalabro económico al desplomarse sus ingresos por publicidad.
Con la opción elegida en España el resultado puede ser que Google, Yahoo y otras empresas que ofrecen servicios de agregación de noticias opten por dejar de operar en el país. De esta manera, por su ambición, los grandes periódicos de papel con la complicidad del Gobierno habrán matado a la gallina de los huevos de oro y habrán causado un gran daño al resto de medios digitales y al conjunto de los internautas.
Pero los riesgos son aún mayores. La redacción del artículo 32.2 de la Ley de Propiedad Intelectual (donde se incluye el citado canon) es muy ambigua. Aunque desde el Ejecutivo se ha dicho que la ‘Tasa Google’ no afecta a las redes sociales, donde los usuarios vuelcan enlaces a muchas noticias, la realidad es que el texto no cierra en absoluto esa opción. Todo es posible, y si Google cierra su servicio News, no es descartable que desde AEDE traten de vampirizar las cuentas de Facebook o Twitter, lo que podría significar que estas empresas optaran por dejar de ofrecer sus servicios en España.
Irónicamente, en casi todos los escenarios posibles, los mismos que han promovido la ‘Tasa Google’ terminarán perdiendo visitas y, por tanto, ingresos de publicidad. El problema es que, mientras tanto, el resto de los ciudadanos (desde los profesionales del resto de medios hasta los lectores) habremos perdido mucho en términos de libertad de información y de expresión; y, en algunos casos, también desde el punto de vista económico.
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