Cuando afloran más casos de corrupción (abusos del poder para lucro particular) en las portadas de los periódicos, surgen intentos de explicar la situación por causas esencialistas relacionadas con las actitudes éticas dominantes en la sociedad la española. Admitiendo la existencia de concausas compatibles entre sí, considero, no obstante, que una atención excesiva a esa generalización relega a un segundo plano la responsabilidad de los implicados en los casos concretos y al marco institucional que estimula esa corrupción. Conviene, asimismo, descartar la posibilidad de cuantificar los factores concurrentes en un resultado determinado para, por el contrario, centrarse en una enumeración que refleje ordinalmente su influencia en la producción del resultado.
Puestos a confeccionar esa lista, el primero de sus elementos vendría determinado por el marco institucional. Desde una perspectiva liberal muy amplia se resalta la correlación de la corrupción con el socialismo (entendido como la colectivización de la propiedad de los medios de producción) y el intervencionismo (en sus distintos grados: corporativista, nacionalsocialista, mercantilista, socialdemócrata…). En resumen, cuantas más tamaño y funciones acapara un gobierno y más decisiones adopta sobre lo que se debe producir, mayor es la propensión a la corrupción de ese sistema.
Los modelos que aplican esa línea continua que va del intervencionismo al socialismo no solo eliminan o coartan la libertad y el derecho de propiedad, sino que, debido a su propia naturaleza ordenancista y arbitraria, estimulan los abusos tanto de los gobernantes y los que buscan su favor desde grupos de presión y clientelas varias.
En los mal llamados estados del bienestar contempóraneos, que con carácter general absorben más del 50 por ciento de la riqueza que generan los países donde se hallan instalados, las iniciales promesas de redistribución de rentas de los más ricos a los más pobres de una sociedad se han sustituido por un reparto con direcciones múltiples que pretende justificarse con todo tipo de argumentos pintorescos. Por remitirnos solo a uno de los planes más delirantes de los últimos tiempos, la cantinela del calentamiento global preparó el caldo de cultivo a una de las mayores transferencias corrientes en favor de los promotores y productores de energías renovables en España, una gigantesca corrupción con aspecto de legalidad. Parece que fue ayer cuando destacados miembros de este Instituto publicaron el célebre “Estudio sobre los efectos en el empleo del apoyo público a las energías renovables” donde se desmontaron las falacias de este tipo de programas de despilfarro masivo. Todavía hoy no se ha eliminado la significativa partida que ocupan en los presupuestos anuales del Estado. Alguna vez los diseñadores de ese plan deberán explicar qué justificó realmente quitar dinero a los contribuyentes, actuales y futuros, para que unos beneficiarios compraran terrenos, paneles solares, molinos y demás y se subvencionara la compra de la energía así producida a las compañías eléctricas. Ahora que los norteamericanos han revolucionado la producción de fuentes de energía con la explotación a gran escala del petróleo y el gas de esquistos bituminosos, provocando la reconsideración de la política energética de los países de Unión Europea que observan la ventaja competitiva para fomentar el crecimiento en medio de la recesión, cabe preguntarse dónde quedarán los compromisos del Protocolo de Kyoto de reducción del uso de combustibles fósiles para evitar la emisión de gases de efecto invernadero.
Ejemplos como el anterior reafirman la percepción de que asistimos a un retorno del fascismo económico. Los gobiernos pretenden dictar a empresas y particulares las fuentes de energía que deben utilizar, sin permitir que sean éstos quienes descubran mediante el funcionamiento del mercado libre las más útiles y eficientes en un momento dado. Da lo mismo que unas veces invoquen la protección de la naturaleza y, poco tiempo después, el impulso del crecimiento económico, pues el dirigismo causa parecidas distorsiones en ese proceso. Por eso, cuando algunos cantamañanas claman con argumentos pseudomorales por una mayor regulación gubernamental de los mercados, escamoteando la realidad de las tremendas manipulaciones a las que éstos se ven sometidos (comenzando por el monetario que siempre escapa a sus análisis), deberían recordar que esa expansión del poder estatal coincide con el modelo fascista y que la corrupción resulta su trasunto.
Como se ha visto, por sí mismo el marco institucional ampara situaciones de corrupción, sin necesidad de incurrir en ilegalidades y menos aun delitos. Si se añade la dependencia del poder judicial que administra justicia al poder ejecutivo y legislativo, tendremos amplísimas zonas de penumbra a la investigación de la implicación de individuos concretos en hechos que el propio sistema califica como delitos. Y, por lo tanto, que no se ventilen y depuren las responsabilidades penales de los auténticamente involucrados, segundo factor en importancia en estas situaciones, lo cual contribuye a magnificar las consecuencias de esa corrupción delictiva y la retroalimenta.
En conclusión, antes de lanzar hipótesis sobre el nervio ético de los individuos de una determinada comunidad, deben analizarse cuáles son los mecanismos que incentivan el abuso del poder por parte de los políticos y los miembros de la burocracia para favorecer a determinadas personas y a ellos mismos. Es decir, cuáles son los auténticos mimbres de la corrupción. Decir que ésta ha existido siempre no debe ocultar que las probabilidades de que se produzca aumentan cuanto mayor es el tamaño del gobierno y la administración y, por lo tanto, las regulaciones y las decisiones discrecionales que deben tomar los gobernantes de todo pelaje y los empleados públicos sobre las actuaciones de los individuos y sus empresas. La hiperregulación y el intervencionismo que padecen las sociedades de los estados contemporáneos motivan que sus decisiones al respecto alcancen un valor inusitado. Al final se produce un triple efecto que comienza por desalentar a los individuos de emprender actividades empresariales y profesionales; estimula en paralelo su incorporación a la estructura burocrática encabezada por políticos y dispara las ocasiones para que concurran un particular y un preboste que asume funciones públicas para dispensarse mutuamente de cumplir unas regulaciones que no son más que órdenes y mandatos incompatibles con una idea de ley general y universal.
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