El acoso al que está siendo sometida la libertad de expresión en los países iberoamericanos sometidos al chavismo y sus aliados es algo que, a no ser que se sufra una ceguera ideológica voluntaria especialmente grave, resulta evidente. Junto al caso extremo de Cuba, donde este derecho y muchos otros son papel mojado desde hace más de medio siglo, vemos que en varios países se avanza en la creación de leyes mordaza y otras medidas de diferente tipo. Se trata de un fenómeno cada vez más generalizado, que se reproduce en lugares como Venezuela, Argentina, Ecuador o Nicaragua.
Es, sin embargo, en Bolivia donde están teniendo lugar los episodios más graves de las últimas semanas en esta materia. En una sorprendente sentencia que otorga el derecho al honor a una entidad financiera, un tribunal de cuya independencia resulta lícito dudar condenó a casi tres años de prisión y prohibición de presentarse a las elecciones al ex presidente Jorge Quiroga por "difamación, calumnia e injurias al público Banco Unión". El fallo judicial resulta tan escandaloso que hasta la Organización de Estados Americanos (OEA) ha salido en defensa del ex mandatario.
Por supuesto, el Gobierno de Evo Morales tiene la desfachatez de negar el sentido de la intervención de la OEA y el vicepresidente Álvaro García Linera llega a acusar a "Tuto" Quiroga de ejercer la "prostitución de la expresión". Todo esto resulta especialmente grave. Se utilizan las leyes de forma arbitraria para perseguir penalmente y tratar de impedir la candidatura de alguien que resulta incómodo para el mandatario indigenista. No es de extrañar, puesto que Quiroga no sólo es un destacado opositor al líder cocalero; es, además, una de las personas que con mayor firmeza y mejor análisis denuncia el expansionismo de Chávez por toda la región.
Siendo grave todo lo anterior, no es éste el único episodio preocupante para la libertad de expresión en la Bolivia de Evo Morales. El oficialismo ha logrado sacar adelante en la Cámara de Diputados una norma (que todavía debe ser revisada en el Senado) que puede ser utilizada por el poder contra los medios con la excusa de combatir el racismo. La nueva ley, en caso de aprobarse su texto actual en las dos Cámaras parlamentarias, establece sanciones económicas e incluso la suspensión de la licencia de funcionamiento a todo "medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias".
Ante las protestas de los periodistas y propietarios de medios, además de las de la oposición, el Gobierno de Morales y los diputados oficialistas han respondido utilizando su táctica habitual. Negar sus intenciones y atacar a quienes se les oponen. Desde el gobernante Movimiento al Socialismo (MaS) se ha llegado a decir que las quejas son un "reconocimiento implícito" de que periodistas y opositores son racistas y discriminadores. Sin embargo, esto no es más que una excusa. El hecho de que sea el Ejecutivo el encargado de redactar y aprobar el reglamento de desarrollo de la ley en cuestión es una buena muestra de lo que se puede esperar en este caso.
El Gobierno boliviano ha encontrado en una buena causa, la lucha contra el racismo, una excusa para recortar la libertad de expresión. Sin embargo, éste es un derecho que no debe ser recortado por el poder público ni aunque sea para tratar de impedir la difusión de las ideas más deleznables. La discriminación racial debe ser combatida por la propia sociedad civil, no mediante leyes mordazas. Y menos en casos como este, cuando el poder político ha demostrado que puede prostituir cualquier causa para ir afianzando un sistema con rasgos cada vez más totalitarios.
Aún no hay comentarios, ¡añada su voz abajo!