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Lecciones argentinas

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En tiempos revueltos resulta particularmente necesario clarificar las ideas que se defienden y atenerse a los principios que, en coherencia con las mismas, se han demostrado válidos, cualesquiera que sean las circunstancias. Viene esta reflexión al caso por las sanciones comerciales anunciadas por el gobierno español y la resolución del Parlamento Europeo instando a la Comisión Europea y al Consejo, entre otras medidas, a suspender parcialmente las ventajas arancelarias concedidas a las exportaciones argentinas en el mercado comunitario, como respuesta al expolio de las participaciones de la empresa petrolífera Repsol en su filial YPF por parte del gobierno de Fernández de Kirchner.

En este sentido, el gobierno español ha aprobado ya una orden ministerial para asignar cuotas de producción de biocarburante a plantas españolas y de países de la Unión Europea, que limitará la entrada de aquel procedente de Argentina. Por si fuera poco, esa restricción administrativa a la importación de un producto nos recuerda que vivimos bajo una Unión de estados donde impera la planificación económica gubernamental sobre la libre iniciativa de los particulares. En efecto, la medida se enmarca dentro de una maraña de regulaciones que impone a los transportistas el consumo creciente de energías renovables, biocarburantes incluídos, hasta llegar al 10 por ciento del total destinado al transporte en el año 2020. ¿Por qué existen, en primer lugar, esos elementos de planificación económica central en contra de todo el conocimiento a favor de la libre asignación de recursos por parte de los empresarios para la consecución de sus fines particulares? ¿Quiénes son los gobiernos para obligar a los transportistas a utilizar un combustible determinado? ¿No se parte de la idea, precisamente, de que los gobiernos peronistas resultan letales para libertad y la prosperidad económica debido a su paranoica hiperregulación?

Poco cabe añadir a las merecidas críticas que ha recibido una medida tan arbitraria y despótica, que, a pesar de vestirse del ropaje de ley, se ha acompañado de la ocupación sin contemplaciones de las oficinas de la empresa en el barrio bonaerense de Puerto Madero y la expulsión de sus directivos. Todo un asalto por medio de la fuerza bruta.

Sin embargo, el ritmo trepidante del debate político parece conducir a maniqueos alineamientos que no admiten escrutar el sentido de las medidas que deben tomarse contra la enésima confiscación de la propiedad privada por parte de un gobierno argentino. Por ejemplo, conviene distinguir, dentro de la amalgama de propuestas del parlamento europeo, las acertadas medidas de presión diplomática y de búsqueda de sanciones al gobierno, siguiendo los imperfectos mecanismos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de aquellas que tienden a una escalada de limitaciones al comercio recíproco.

Si el gobierno español constata que la confiscación resulta extraordinariamente lesiva para el pueblo argentino, no tiene sentido que dirija las gestiones ante los socios europeos con el objetivo de agravar más su situación (y la de los propios españoles y europeos que sean violentados en sus relaciones comerciales) mediante subidas de aranceles o la suspensión de las ventajas previamente acordadas. No olvidemos que en Argentina hasta las exportaciones agrícolas reciben el sablazo de su insaciable gobierno o, simplemente, se prohíben. ¿Por qué ofrecer a la señora Kirchner una sola baza para que los damnificados por su gobierno no sepan dónde dirigir su ira por tanta inepcia y corrupción? Ni Repsol es España, ni el gobierno argentino puede identificarse con su pueblo. Aunque, ciertamente, quepa extraer desoladoras conclusiones sobre la contumacia en votar a caudillos peronistas de la mayoría.

Más aún. Visto que este grave incidente tendrá repercusiones para la percepción que los inversores internacionales tienen de Iberoamérica, como se ha encargado de recordar hace poco Mario Vargas Llosa, el gobierno español debería aprovechar la oportunidad para contribuir a desmantelar la influencia de los regímenes más reaccionarios de la zona, agrupados entorno a ese eje de caudillos charlatanes seguidores del socialismo del siglo XXI: los sempiternos Castro, Hugo Chávez, la propia Cristina Fernández, Evo Morales, Rafael Correa y otros que no les hacen ascos.

Un primer paso podría ser la elevación a los socios europeos de una propuesta de desarme arancelario total ante las exportaciones procedentes de los países iberoamericanos sin excepción. Frente a los mercantilismos chino y ruso o los titubeos norteamericanos en relación al libre comercio con estos países, el hecho de que la antigua metrópoli promoviera la apertura comercial efectiva en el ámbito donde tiene alguna voz no pasaría desapercibido en los debates políticos locales. Ciertamente, sería la mejor manera de fomentar las buenas relaciones y sentaría ejemplo. En segundo lugar, haría bien el gobierno en enmendar la plana a la política exterior y las relaciones diplomáticas trabadas por su predecesor en relación a estos países. No se trata solo de terminar toda colaboración política con regímenes incompatibles con la libertad, sino también de que los contribuyentes españoles dejen de soportar el gasto de difusión de las ideologías más perniciosas para la libertad de los iberoamericanos, a través de la Agencia española de cooperación internacional para el desarrollo. Me remito a su propio portal para corroborar este aserto. Si algunos españoles quieren «evangelizar» en el credo socialista y apoyar los regímenes que lo ponen en práctica en Iberoamérica, al menos que el gobierno no pase la factura a todos los demás. Se debería considerar la eliminación de esta agencia en lugar de volver a los niveles de transferencias de 2005, tal como ha anunciado el gobierno en el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2012.

Por último. Aunque la política exterior del gobierno de España no debe servir a los concretos intereses de determinadas personas, sí cabe demandarle que defienda por igual los derechos de los españoles en el extranjero (siendo éstos, principalmente, la vida, la propiedad y la libertad) mediante los mecanismos políticos, jurídicos y diplomáticos convencionales. En relación a las inversiones, probablemente se evitarían algunos problemas si el Ministerio de Asuntos Exteriores informara en su portal de Internet sobre los estados que incumplen las obligaciones derivadas del Convenio sobre el Arreglo de Disputas relativas a Inversiones entre estados y nacionales de otros estados, así como los acuerdos bilaterales suscritos por España para la promoción y protección recíproca de inversiones. No por casualidad, el gobierno cubano jamás ha mostrado el menor interés por suscribir el convenio multilateral y otros estados aquí mencionados lo han abandonado, como Bolivia, Ecuador y Venezuela. No así, todavía, Argentina.

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