La cleptocracia se caracteriza por mantenerse un gobierno en el poder mediante el ejercicio de un control exhaustivo sobre la concesión de licencias de prensa, radio o televisión, la asignación subjetiva de publicidad institucional o la aplicación de leyes de censura que permiten desde procesar periodistas hasta multar y cerrar los medios críticos cuando alertan a la opinión pública acerca de los escándalos de corrupción y prevaricación de la casta político judicial.
A comienzos del siglo XXI, el despotismo de una dictadura o el intervensionismo de una partitocracia, medrando sobre la mayoría de la población, ya no se sostienen con el habitual control político de los medios de comunicación. Ahora, si una cleptocracia quiere perpetuarse en el poder también tiene que ejercer la censura sobre la libertad de comunicación.
Internet
El nacimiento comercial de Internet hace poco más de 15 años ha cambiado las reglas del juego y los requisitos para ejercer el control de una población de millones de individuos.
Las múltiples aplicaciones de Internet están interconectando a más de 1700 millones de personas, con una red que alcanza a cerca de una cuarta parte de la población mundial, lo que convierte el mundo en una aldea «global» en donde el intercambio instantáneo de voz y datos entre personas, distantes cientos o miles de kilómetros, está permitiendo el acceso libre a la comunicación.
Internet permite la descentralización de los flujos de información y, por tanto, confiere un enorme poder de decisión a los ciudadanos que se transforman en decision makers anónimos. El poder de Internet radica en que permite que critiquen abiertamente los actos de los gobernantes y facilita que se organicen de modo espontáneo y deslocalizado, ajenos al control del Gobierno.
Adicionalmente, la integración de las aplicaciones de Internet en nuevos dispositivos de telefonía móvil ha incrementado exponencialmente la comunicación y está permitiendo que, allí donde parecía imposible, sociedades civiles aparentemente frágiles y oprimidas logren denunciar la corrupción y el aplastamiento de los derechos civiles por parte de sus gobernantes, y organicen protestas por medio de aplicaciones como Facebook, YouTube o Twitter.
El mundo árabe y las movilizaciones populares de los ciudadanos en contra de las corruptas dictaduras que los oprimen en Túnez, Egipto, Argelia, Marruecos, Yemen, Jordania… ponen de manifiesto la enorme importancia que están adquiriendo las tecnologías de información y telecomunicaciones (TIC). Queda todavía por demostrar que el grado de evolución socio cultural de las naciones árabes y la lucha por el poder de los diferentes clanes permitan realizar procesos de transición institucional que instauren democracias liberales y les doten de un Estado de Derecho «real« que garantice, entre otros aspectos, la separación de poderes, la existencia de jueces independientes y el respeto por la vida, la libertad, la propiedad y la igualdad ante la ley.
Censura en Internet
Precisamente, por el peligro que representa la libertad de comunicación para la estabilidad de los gobiernos corruptos, la cleptocracia está intentando limitar la libertad de los ciudadanos de comunicarse y transmitir información.
Existen dictaduras, como Corea del Norte o Myanmar, donde se condena a los ciudadanos por el simple hecho de tener equipos de comunicación, como un móvil o un módem para Internet, y en donde tan sólo la clase dirigente puede disfrutar libremente de la tecnología. Otros tiranos también impiden la libertad de comunicación con una pésima infraestructura y con autorizaciones de instalación de difícil obtención, como ocurre en Cuba.
Si el desarrollo de las telecomunicaciones ya se encuentra con un cierto grado de desarrollo, el sátrapa de turno siempre puede legislar alguna comisión especial de funcionarios que se encarga de investigar y aplicar sanciones a los portales, proveedores y anunciantes de medios electrónicos que utilicen Internet de forma «indebida» y «antiética», como sucede en Venezuela.
Por supuesto, las dictaduras más sofisticadas como China, que utilizan la economía de mercado abierta para sostener los privilegios de los dirigentes del Partido Comunista de China y la privación de libertades al resto de la población, necesitan contratar miles de «supervisores» y lanzar aplicaciones propias que permitan el uso de Internet bajo un estricto control gubernamental.
La libertad de comunicaciones también está siendo pisoteada por las democracias occidentales con la excusa de dotar de mayor «seguridad» a la población. Desde el año 2001, existe la Patriot Act que vulnera la cuarta enmienda (que protege al ciudadano de un gobierno tiránico) y permite que todos sus organismos de seguridad puedan intervenir la privacidad de las comunicaciones de los ciudadanos estadounidenses y extranjeros. Por otro lado, la administración Obama sigue manteniendo criterios intervencionistas en materia de comunicaciones.
Sin embargo, y aun contando con los anteriores reparos, deseo resaltar cómo Google ha informado ante el Congreso de EEUU de que más de 25 países han bloqueado sus servicios en los últimos años. Y, por supuesto, entre esos países se encontraba España, un país europeo en donde la legislación y los tribunales politizados van mermando año tras año la libertad de los ciudadanos.
España: Libertad de Comunicación y Censura Política en Internet
La libertad de comunicación quedó consagrada en España en el apartado primero del artículo 20 CE, que reconoce y protege los derechos «a expresar y difundir los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción», así como «a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión».
Y el apartado segundo del artículo 20 CE señala explícitamente que «el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa».
Sin embargo, parece que «empezamos a parecernos a China con listas negras de páginas Web», y algunos ciudadanos entendemos que la redacción final del proyecto de ley de Economía sostenible (LES) vulnera el artículo 20 CE cuando modifica el artículo 158 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.
Se introduce la posibilidad de adoptar la censura previa con «medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o para retirar los contenidos». Y se crea una Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) en el Ministerio de Cultura que permite que funcionarios públicos puedan actuar para «la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual». Finalmente, se ha introducido la «previa autorización judicial», lo que no significará una sólida garantía jurídica en un país como España, en donde el órgano directivo de los jueces (Consejo General del Poder Judicial) es elegido por los políticos y son habituales las presiones y los cambios de criterio.
En realidad, con la excusa de proteger la propiedad intelectual se permite la posibilidad de que un Gobierno se dedique a cerrar páginas Web y otros servicios de Internet cuando sean críticos.
Si se convence a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ésta autorizará mediante un auto la ejecución de una «resolución administrativa» de cierre de página Web adoptada por el CPI del Ministerio de Cultura. Sólo algunos años más tarde, se podrá intentar subsanar judicialmente el daño que se hubiese podido ocasionar al gestor y a sus clientes.
Por tanto, se introduce una situación procesal kafkiana, que significa que la posible subsanación de un «error» administrativo sólo llegaría años más tarde, cuando se hayan terminado los plazos establecidos por la Ley 30/1992 del procedimiento administrativo común y, si el interesado recurre adecuadamente, cuando acabe el posterior juicio ante el tribunal de lo contencioso-administrativo.
Desde luego, no será un Tribunal Constitucional politizado el que corrija este ataque al artículo 20 CE, cuyos párrafos hemos citado arriba. La Constitución Española de 1978 es papel mojado en las manos de la casta político judicial que está imponiendo nuevamente una legislación liberticida que impide la libertad de comunicaciones en España.
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