¿Medir la libertad?

A pesar de las limitaciones e inconsistencias, el Índice de la Libertad Humana o el World Justice Project nos dan cuenta sobre el estado de la libertad y la Justicia en el mundo.

Aun con todas las limitaciones que los propios autores Ian Vászquez (Director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global en el Cato Institute) y Tanja Porčnik (presidenta del Instituto Visio de Eslovenia) subrayan en la presentación, el Índice de la Libertad Humana de 2015 constituye una herramienta muy valiosa para evaluar el estado de la libertad en 152 países/estados del mundo. Complementa y supera el alcance del informe sobre la libertad económica mundial del Instituto Fraser (o su equivalente español impulsado por Civismo) añadiendo indicadores (hasta un total de 76) que permiten valorar el marco institucional de estos países desde una perspectiva atenta a la defensa de las libertades individuales fundamentales.

La labor de investigación y de recopilación de fuentes externas tan solo ha permitido, no obstante, procesar los datos correspondientes hasta 2012 y compararlos con años previos (hasta el 2008) para observar el sentido de la evolución de la libertad en el mundo. Los autores prometen actualizar los datos y publicar los correspondientes informes en años sucesivos. Dentro del intento de cuantificación del estado de las libertades civiles, individuales y económicas, llama la atención, sin embargo, que en una escala de uno a diez se adjudiquen notas tan altas en los cuartiles donde se agrupan los países. Por poner dos ejemplos extremos, sorprende la adjudicación de notas sobresalientes (próximas al 10) a los muy intervenidos países escandinavos (por mucho que resulten en términos relativos lugares benignos para la libertad) o que –en ausencia de Corea del Norte, Cuba o Siria por falta de datos– no se suspenda con claridad a países conculcadores de todo tipo de derechos. ¿Merecen países como Arabia Saudí (5´37) Irán (4´48) o Yemen (4´78) sus respectivas notas en el índice de la libertad humana?

Para juzgar o medir cuál es el estado de la libertad en cada país concreto, la magnitud del empeño puede provocar irremediablemente tanto la omisión de casos significativos localmente como la falta de contraste de los datos que proporcionan las fuentes externas. Vaya por delante, en todo caso, que España queda clasificada en esta Liga de la libertad mundial en un ominoso puesto 37, con una nota de 7´93 (media entre los 8´57 puntos en libertad personal y los 7´29 en libertad económica) por debajo de países como Portugal, Francia o Italia.

En este análisis, quiero centrarme, no obstante, en las variables enumeradas para evaluar lo que los autores denominan imperio del derecho. Como se puede deducir este apartado alude a la cuestión de la fiabilidad del sistema legal y la Administración de Justicia para garantizar las libertades.

Adaptando los datos recabados y calibrados por el World Justice Project se adjudica a España, dentro del primer apartado, una puntuación de 8´3 para su Justicia procesal, donde se pondera el grado de garantía efectiva del derecho a la vida y a la seguridad de las personas; el derecho a un proceso debido y los derechos del acusado, así como la libertad frente a las intromisiones en la intimidad. Para tener una referencia más amplia, cabe señalar que en la parte alta de la tabla nos encontramos con que Dinamarca destaca con una nota de 9’3, mientras que en la cola Venezuela suspende sin paliativos con 2´3. Nuestros vecinos europeos mencionados anotan, curiosamente, menos: 7´3 (Portugal y Francia) y 8 (Italia).

La justicia civil española puntúa con unos magros 6´2 puntos, después de considerar hasta que punto los individuos pueden acceder a la misma; si está exenta de discriminaciones, corrupción, dilaciones indebidas, influencias gubernativas ilegítimas, se ejecuta efectivamente o, por último, si existen medios alternativos de resolución de conflictos accesibles, imparciales y efectivos. Nuevamente, descubrimos que en la parte superior de la clasificación descuella Noruega con una puntuación de 8´6 y avergüenza Venezuela con sus 3´3 puntos. Nos iguala Portugal, mientras que Francia se alza por unas décimas (6´9) e Italia se acerca a posiciones menos vistosas (5´8).

Con idéntica nota (6´2) queda la justicia penal, tras examinarse la efectividad del sistema de instrucción penal, los tiempos para dictarse sentencias, la capacidad del sistema penitenciario para reducir la actividad criminal, así como si el sistema penal está libre de corrupción y de influencias gubernativas indebidas o se garantiza el proceso debido y los derechos del acusado. Cabe objetar en este punto que, a falta de mayores precisiones, parece que se solapan algunas cuestiones tenidas en cuenta para evaluar por un lado a la justicia procesal y la penal. En cualquier caso, Finlandia escala al primer puesto del ránking (8´5) en este punto, mientras que la Venezuela chavista demuestra al mundo que es difícil caer más bajo (1´6), aunque no imposible cuando se mantiene en condiciones infrahumanas a presos políticos . Nuestros vecinos ibéricos se hunden en este apartado con 5´3 puntos, Francia aumenta su tanteo hasta los 6´5 puntos e Italia queda con 6´3 puntos, por encima de España.

En definitiva, que, a pesar de las limitaciones e inconsistencias señaladas, que podrán ser pulidas con el tiempo, el Índice de la Libertad Humana, en general, y proyectos como el World Justice Project, y otros que deberían de ir más allá en la recopilación de datos, en particular, nos ilustran con clasificaciones númericas sobre el estado de la libertad y la Justicia en el mundo. La aplicación de la metodología apuntada a ámbitos más reducidosy con más posibilidades de contraste de datos –que se ensamblaran una vez terminados– ayudaría a elaborar un auténtico mapa detallado de la libertad en el mundo.