El 1 de noviembre entra en vigor MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), una directiva europea cuyo supuesto objetivo es proteger al inversor de las entidades que comercializan productos financieros. La norma considera que este tipo de empresas engañan sistemáticamente a sus clientes colocándoles productos que no encajan en sus perfiles y, a la vez, también que la gran mayoría de personas que los contratan son unos irresponsables e ingenuos inversores que ofrecen su dinero a cualquiera que se les presente. Esta vez les ha dado por el mercado financiero, pero mañana les podría tocar al sector automovilístico, al alimenticio, al de ropa interior o al del calzado. La cuestión para los dictadores de la producción europeos siempre es la misma: la gente es idiota y la libertad individual y de elección es el principal enemigo a batir.
Los burócratas de Bruselas son los que establecen ahora qué tipos de clientes existen y cómo se han de clasificar los productos de inversión/ahorro mediante un test de idoneidad que las entidades financieras estarán obligadas a realizar a sus clientes. Según el test, y en un principio, la entidad financiera no podrá contratar el producto que el cliente le reclame, sino el que más se adapte a su personalidad. La ley, que aún no se ha aprobado, establece que si el cliente insiste en la contratación de un producto que no se adapta a su perfil inversor, tendrá que firmar un documento renunciando a las consecuencias de lo que pueda pasar con su dinero. ¿Se imagina que esto se extienda al sector del automóvil, posibilidad que antes apuntábamos, y el comercial, tras hacerle un test de idoneidad, se negase a venderle el coche que usted quiere por considerarlo demasiado deportivo para usted?
La directriz considera los derivados financieros (opciones, futuros, warrants, etc.), IIC de Inversión libre (Hedge Funds), bonos estructurados y todo tipo de fondos de inversión como productos "peligrosos" para el inversor; por lo tanto, el candidato a serlo ha de ser sometido a un interrogatorio. Todo y así, productos como planes de pensiones, depósitos y seguros están exentos del MiFID. No necesitan test de idoneidad. La razón para que estos productos se puedan contratar sin test ni molestia alguna parece evidente: son simples. El problema es que no lo son.
Un depósito, un plan de pensiones o un seguro pueden llegar a ser mucho más complejo que un fondo de inversión o un bono estructurado. De hecho, un plan de pensiones no deja de ser un fondo de inversión y un depósito estructurado, que legalmente es un depósito, suele ser más complejo que un fondo. Los Unit Linked legalmente son seguros y por lo tanto no se consideran productos MiFID, pero la realidad es que su funcionamiento y complejidad es el de un fondo de inversión. Todos estos productos, pues, pese a ser igual de complicados que los considerados MIFiD, no tienen control. Si este hueco legal, por no decir auténtico agujero negro, queda así, la directriz europea no es más que papel mojado. Las entidades financieras harán lo mismo que antes pero bajo el nombre de Unit Linked o depósitos estructurados, y aunque el legislador los acabe incorporando como productos MiFID, ¿creen que las entidades financieras no inventarán nuevos productos que esquiven la directriz?
Las empresas que se dedican a la comercialización de este tipo de productos ya conocen a sus clientes, así como sus preferencias. Los conocen tanto como el cliente quiere que los conozcan, porque toda empresa sabe que si se pasa haciéndoles preguntas, se irán. La ley traspasa esa barrera de voluntariedad obligando a indagar más sobre la vida de los ciudadanos.
¿Cree que la ley protegerá al desvalido inversor del maligno sector financiero? Si el comercial o asesor de una entidad le dice a un cliente que es demasiado estúpido para contratar un fondo de inversión (tal y como dice MiFID que ha de hacer) y, pese a ello, logra que el cliente no se vaya indignado, ¿cree que éste se leerá el documento de aceptación de responsabilidades? El comercial simplemente le dirá que firme todos los documentos a la vez y muy posiblemente el nuevo inversor se vaya de la entidad sin ser consciente de lo que ha firmado.
Eso no significa que los contratos hayan de ser revocados por el Estado o la ley, sino que hay cosas que no se pueden imponer por las bravas. A igual que ocurre con los préstamos hipotecarios (donde se han de firmar mil papeles), las entidades financieras se blindarán contra las posibles reclamaciones que un cliente les haga en el futuro. El problema de este control es que va a crear más problemas que soluciones, ya que en muchas ocasiones el inversor se verá con las manos atadas.
Esto sólo es una pequeña muestra de las muchas incongruencias de la nueva directiva. MiFID no es más que otra imposición nacida de los dictadores de la producción de Bruselas con la intención de controlarlo todo. Con ello han contribuido a que un dinero precioso proveniente de las entidades privadas y de parte de los impuestos que usted paga se desvíe al cumplimiento de la extorsión estatal. Además, han dejado a pequeñas entidades financieras con el agua al cuello y han consolidado aún más los monopolios de este sector. ¿Y cuáles van a ser los resultados para el "desvalido" inversor? Ninguno, exceptuando que las entidades financieras van a tener ahora más información personal de usted, de forma legal, y tendrá que desperdiciar más tiempo y dinero en contratar aquello que quiere.
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