El presidente de EEUU, Barack Obama, está a punto de lograr su objetivo. Su reforma sanitaria modificará, sin duda, la actual estructura económica e, incluso, cultural, de la primera potencia mundial. El conocido Obamacare es la antesala de la socialización sanitaria y, posiblemente, la puntilla a las cuentas públicas estadounidenses.
Se equivocan de plano quienes califican de “progreso” y “avance” la reforma sanitaria aprobada por el Congreso, y aún más los que se conforman con el “mal menor” en comparación con la idea inicial impulsada por Obama, consistente en la instauración de un seguro público universal. Por desgracia para EEUU y, en general, el mundo libre, la realidad es bien distinta.
Obama aspira a convertirse por méritos propios en uno de los presidentes más izquierdistas de la historia estadounidense. No obstante, toma como referencia el mal llamado Estado de Bienestar que hace aguas en Europa con el único fin de poner bajo su control a la, hasta ahora, todopoderosa industria sanitaria y farmacéutica. Y ello, bajo la falaz excusa de ofrecer cobertura a unos 32 millones de estadounidenses.
En un país en el que el 85% de la población cuenta con un seguro privado, Obama se agarra al 15% restante (unos 45 millones de personas) para justificar su reforma. Sin embargo, su argumento no se sostiene una vez que se desagregan los datos. Para empezar, el 25% de los no asegurados son inmigrantes ilegales; muchos tan sólo carecen de seguro médico una parte del año (mientras están sin trabajo); unos 15 millones cuentan con unos ingresos superiores a los 50.000 dólares anuales; unos 18 millones tienen entre 18 y 34 años, una edad en la que es poco probable enfermar y, por ello, eligen no contratar un seguro; además, más de 11 millones tienen acceso a los programas médicos estatales.
Es decir, por mucho que se empeñen en ofrecer una visión dramática, la realidad es que los estadounidenses disfrutan de una cobertura médica amplia y de gran calidad, ya que cuentan con uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo desde hace décadas, y muchos de los que carecen de seguro lo hacen voluntariamente.
En este sentido, el mito de que los enfermos se mueren a la puerta del hospital por carecer de recursos es equiparable a la falacia sobre la pobreza en EEUU. Los organismos oficiales califican como “pobre” a un matrimonio con dos hijos cuya renta anual sea inferior a los 21.000 dólares, es decir, lo que en España vendría a ser clase media. La mayoría de estos “pobres” –mileuristas en España- cuentan, además con casa y coche propios.
Pero los datos poco importan. Los políticos suelen tomar como excusa cualquier circunstancia, ya sea real o inventada, para justificar su intervención en el ámbito de la libertad individual. En este campo, Obama es un auténtico maestro. Y es que, pese a no lograr su ansiado seguro público universal, su reforma atará en corto a clientes y aseguradoras.
Así, todos los ciudadanos estarán obligados a tener un seguro privado bajo amenaza de multa (hasta el 2,5% de sus ingresos), las empresas con más de 50 trabajadores tendrán que ofrecer cobertura médica bajo sanción de 2.000 dólares por empleado sin seguro, las aseguradoras no podrán discriminar entre pacientes haciendo uso del historial médico, la reforma establece límites de riesgo y períodos de espera y todos los planes deberán incluir, como mínimo, el 60% de las coberturas básicas, entre otras restricciones.
Sin embargo, lo más grave del Obamacare es su enorme coste presupuestario, próximo al billón de dólares hasta 2019, según la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO). En un momento en el que la deuda pública de EEUU supera los 12 billones de dólares y hay un déficit próximo a los 1,5 billones -más del 10% del PIB-, la citada reforma amenaza con convertirse en la puntilla de las cuentas públicas estadounidenses.
Obama ha vendido a la opinión pública que, lejos de aumentar el gasto, su plan logrará reducir el déficit en 140.000 millones de dólares para 2019. ¿Cómo? Ahorrando medio billón de dólares en los programas públicos Medicare y Medicaid.
Puro engaño electoralista. La historia demuestra que las proyecciones presupuestarias en este tipo de programas casi siempre se quedan cortas. Así, por ejemplo, en 1967, el Gobierno de EEUU estimó que el coste del Medicare ascendería a 12.000 millones de dólares en 1990, muy lejos de los 110.000 millones que supusieron en realidad (casi 10 veces más de lo previsto).
La única vía de financiación posible que tiene la reforma es el aumento de impuestos a familias y empresas. Así, si bien la nueva ley recoge un incremento del impuesto sobre la renta para los que ganen más de 250.000 dólares al año, será tan sólo cuestión de tiempo que dicha subida fiscal acabe extendiéndose a la clase media norteamericana. El Gobierno también prevé gravar más a farmacéuticas y aseguradoras, al tiempo que aplicará un impuesto del 40% sobre los seguros privados que cuesten más de 27.500 dólares anuales por familia a partir de 2018. Y esto para empezar…
En definitiva, más gasto público, más impuestos y menos libertad individual en un momento muy delicado para las cuentas públicas del país. No obstante, el CBO advierte de que EEUU se enfrenta a medio plazo a la insolvencia o a la hiperinflación como resultado, precisamente, del creciente gasto federal en los programas públicos de salud. Esta reforma tan sólo agravará la situación. Por ello, el Obamacare se podría convertir no sólo en la tumba de la prestigiosa sanidad norteamericana sino también en un agujero insalvable para los contribuyentes.
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