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Opacidad real, política y sindical en la transparencia española

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El proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que aprobó el 18 de mayo de 2012 el Consejo de Ministros español, es sin duda un buen paso. Sin embargo, se queda muy corto y sus lagunas contradicen el objetivo general de que los poderes puedan estar sometidos al control ciudadano. Llama la atención que queden fuera de su ámbito de actuación la Casa Real, los sindicatos y los partidos políticos. Desde el Ejecutivo se justifica la "excepción monárquica" con el argumento de que la norma se aplica tan sólo a las administraciones públicas, y que la institución en cuestión no lo es. Sin embargo, tampoco lo son los colegios profesionales (por mucho que estos estén regulados por ley) y sí les afecta la norma (aunque no era así en el anteproyecto original).

Además, para justificar que no se incluya a la Casa Real se da la mala excusa de que en otros países tampoco se hace –ya se sabe, una mala práctica por parte de los políticos y autoridades de un país sirve para que sus pares de otro se justifiquen a sí mismos–. En concreto, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría pone el ejemplo de Reino Unido. Olvida la número dos del Ejecutivo español que la monarquía británica, a pesar de estar exenta de la norma general de su país, es el "trono" más transparente de Europa. Y lo es hasta el punto de que resulta público el número preciso de edredones que se cambian en un año o cuántas llamadas telefónicas se han hecho y cuántas se han recibido. De hecho, Su Graciosa Majestad ha hecho públicas sus cuentas de forma precisa y voluntaria desde 2001 y, desde 2010, puede ser auditada por el organismo nacional de cuentas.

En cuanto a los partidos y sindicatos, ni tan siquiera se argumenta por qué quedan fuera del relativo control ciudadano que implicará la nueva ley. Se les deja fuera, y ya está. Y si alguien pregunta, lo más seguro es que se recurra a eso de que no forman parte de la "administración pública". Incluso obviando que, como ya se indicó, algunas instituciones que tampoco lo son sí están sujetas a la norma, la excusa sigue siendo insuficiente.

La principal fuente de ingresos de los partidos y sindicatos es el dinero de los ciudadanos que les entrega el poder político. En general su financiación es muy opaca, pero no tanto como para no saber que se mantienen sobre todo con fondos públicos. En esto se incluyen tanto partidas directamente destinadas a financiarles como una ingente cantidad de subvenciones de todas las administraciones con una gran variedad de excusas, que van desde actividades culturales hasta proyectos de cooperación internacional. En definitiva, es imposible cuantificar cuántos millones de euros de los ciudadanos se reparten entre unos y otros sin un control efectivo. Eso sin hablar de todo el dinero obtenido de unas cajas controladas por políticos y sindicalistas, así como por algunos bancos que han llegado a dar dinero a fondo perdido a cambio de favores desde el poder.

Lo único que podemos tener claro es que hasta el Consejo de Europa ha alertado sobre la opacidad de las cuentas de los partidos políticos españoles. Las grandes formaciones políticas y sindicales no están dispuestas a financiarse de forma privada, que es como debería ser, y respondiendo ante aquellos afiliados que les deberían mantener con sus cuotas. Dado que esto no va a cambiar, al menos deberían estar sometidas al escrutinio público de los ciudadanos, a los que se les impone la dura carga de ser los ‘paganini’. Y eso debería incluir saber cuánto cobra cada uno de sus altos cargos.

Cuando se apruebe de forma definitiva la nueva norma, en las webs de las distintas instituciones podremos saber cuánto cobra cada uno de sus responsables de mayor nivel. Así, se nos contará cuánto cobra cada ministro y cada secretario de Estado, o cada consejero o alcalde. Sin embargo, seguirá siendo un misterio cuánto nos cuestan en realidad (sueldos, complementos y privilegios varios) Toxo y Méndez como dirigentes máximos de los sindicatos o Rajoy, Rubalcaba, Cayo Lara o Mas como líderes de sus respectivos partidos. Muy transparente no parece.

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