Parasitación de los precios

En los años de 2003 a 2011 se acometieron en España grandes obras públicas de dudoso éxito. Gracias a los precios hemos tenido la oportunidad de comprobar la dimensión del dislate.

En 1920 Ludwig Von Mises pública un artículo titulado Die Wirtschaftsrechnung im Sozialistischen Gemeinwesen[1]. En él, plantea por primera vez la imposibilidad del cálculo económico en una economía socialista fijando así una de las bases conceptuales de la Escuela Austriaca de Economía. Para Mises el hecho de que las empresas públicas estén inmersas en una economía capitalista, permite que puedan aprovecharse del sistema de precios para realizar el cálculo económico y saber qué recurso es más adecuado emplear y cuál no.

Las empresas nacionalizadas y municipalizadas, dentro de un sistema capitalista en lo demás, no constituyen socialismo. La existencia de un sistema de libertad de precios simultáneo significa tanto apoyo para esas empresas, que no aflora para ellas la particularidad esencial de la actividad económica del socialismo. En las empresas estatales y municipales es posible llevar a cabo mejoras técnicas, porque es posible observar los efectos de mejoras similares en empresas privadas nacionales y extranjeras”. “Para ellas sigue siendo posible llevar libros y sacar cálculos que estarían absolutamente fuera de lugar en un medio puramente socialista”[2].

Al estar integrados en una economía de mercado, las administraciones públicas españolas y europeas pueden utilizar los precios de mercado como cauce de información y saber si determinados recursos son más costosos que otros. Si la Administración, por ejemplo, planea ejecutar la urbanización de una zona de la ciudad podrán tener una idea acerca del coste de la misma. Sin embargo, no será suficiente con que dispongan de los precios de mercado para llevar a cabo una apropiada toma de decisiones. Surge otro problema añadido cuando se trata de que sea la Administración Pública la que valore la idoneidad o no de ciertas actuaciones. Y es que hay una desconexión entre los deseos subjetivos de aquellos que reciben la urbanización, y el producto que la administración proyecta, ejecuta y les entrega. Y existe una desconexión entre el coste en el que los vecinos hubiesen estado dispuestos a incurrir y lo desembolsado finalmente por la Administración.

Y es en esa falta de conexión entre la disposición al gasto y la percepción subjetiva del coste en donde se produce un desajuste insalvable. Este desajuste se producirá también a la hora de evaluar los costes y el alcance de las labores de mantenimiento de las obras a realizar y a la hora de decidir cuál es el uso más adecuado de calles, plazas, jardines y demás servicios públicos.

Mises advierte de que:

En la administración pública no hay conexión entre ingresos y gastos. Los servicios públicos solamente gastan dinero; el insignificante ingreso derivado de las fuentes especiales es más o menos accidental”. ”Su fuente es la ley”. “No es mérito de un recaudador de contribuciones el que los residentes en su distrito sean más ricos y paguen impuestos más elevados que los de otro distinto”[3]. “En las administraciones públicas no hay precios de mercado para los aciertos. Eso hace indispensable que los servicios públicos operen de acuerdo con principios completamente diferentes de los que se aplican bajo la motivación del beneficio”[4]

Mises usa en otro artículo el ejemplo del ferrocarril:

Supongamos, por ejemplo, que la comunidad de países socialistas estuviera planeando un nuevo ferrocarril ¿Sería ese nuevo ferrocarril realmente conveniente? Si lo fuera, ¿cuánto terreno debería servir? Bajo el sistema de propiedad privada podríamos decidir esos interrogantes por medio de cálculos en dinero. La nueva red de ferrocarril abarataría el transporte de determinados artículos, y en base a ello podríamos calcular si la diferencia en los cargos de transporte justificaría los gastos de construcción y funcionamiento del ferrocarril”[5]

La realidad es que la posibilidad de disponer de precios de mercado le permite al Estado evaluar económicamente la inversión haciendo un estricto cálculo económico contable. Pero esto está lejos de ser suficiente para llevar a cabo una inversión con las mismas garantías de satisfacción que cuando la realiza aquel que realmente la sufraga y la disfruta. El aparato gubernamental siendo incapaz de generar precios libres que aporten información sobre la demanda, coste y escasez de un bien, se aprovecha de los creados por el mercado para hacer un cálculo que le permita saber en qué medida está usando adecuadamente su presupuesto. Dispone así de cierta información, sin la que estaría absolutamente ciega, en su intento de optimizar el empleo de sus recursos. El Estado lleva a cabo así lo que Richard Wagner[6] ha llamado una “parasitación de los precios” ya que se aprovecha de ellos por la fuerza y sin participar de las reglas del libre mercado.

Hay dos sistemas de precios distintos en las economías mixtas contemporáneas. Uno es un sistema de precios de mercado, el otro es un sistema de precios políticos. Cada uno tiene su propio modo y principio de funcionamiento. Además, el sistema político de precios no puede existir por sí solo, sino que sólo puede existir parasíticamente en el sistema de precios de mercado”. “Se puede llegar a un punto en el que una expansión continua en el grado de precios políticos debilita el poder de la asistencia al cálculo económico que ofrecen los precios de mercado a los participantes económicos. No sólo aumentaría el volumen del derrumbe económico de una sociedad, sino que también plantearía la posibilidad de que estas dificultades de cálculo pudieran imponer una especie de límite natural a la magnitud de los precios políticos en una sociedad”[7]

En los años que van de 2003 a 2011 se acometieron en España grandes obras públicas de dudoso éxito. Gracias a los precios hemos tenido la oportunidad de comprobar la dimensión del dislate. En concreto el llamado Plan E o Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo[8], supuso un gasto de 50.000 millones de euros. Sin embargo, a pesar de que la administración pudo hacer una evaluación comparativa de precios, al carecer de la propiedad y con ello del incentivo del beneficio y del temor a las pérdidas, no dispuso de toda aquella información requerida para llevar a cabo la función empresarial con eficiencia, lo que hizo imposible realizar una adecuada asignación de recursos.

La fría cuantificación de poco servirá sin la percepción que la propiedad de los medios de producción y la subjetividad otorgan.

Bibliografía

MISES, L. VON (1920). Die Wirtschaftsrechnung im Sozialistischen Gemeinwesen

MISES, L. VON (2005). Burocracia. Madrid. Unión Editorial. [2ª edición]

WAGNER, R. (1997). Parasitical Political Pricing, Economic Calculation, and the Size of Government: Variations on a Theme by Maffeo Pantaleoni. Journal of Public Finance and Public Choice.