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Propiedad intelectual, nacionalización del lenguaje y censura estatal

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Que, tras la satrapía comunista cubana, el Gobierno de Ecuador es el mayor enemigo de la libertad de expresión en América es un hecho innegable. El cierre de decenas de radios y televisiones, con la excusa de la democratización de los medios, es prueba palpable de ello; así como las condenas por distintos motivos a periódicos y periodistas críticos con Rafael Correa. Este último ha conseguido situarse muy por encima de sus propios compañeros del Socialismo del Siglo XXI, como Hugo Chávez o Evo Morales, ambos con un muy triste historial en la materia.

Pero no sólo su capacidad represora en lo que a libertad de expresión se refiere diferencia a Correa de sus aliados del ALBA (con la excepción de unos hermanos Castro que siguen superándole en todo lo que consista en reprimir a la sociedad civil y a los ciudadanos). También destaca sobre el resto, incluyendo aquí a los Castro, por su inteligencia y su gran capacidad imaginativa a la hora de idear métodos para conseguir sus objetivos.

Buena prueba de esto último es el más reciente método elegido para ejercer la censura: apelar a la propiedad intelectual. El Gobierno de Correa consiguió que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPE) aceptara el registro por parte del Estado de las expresiones "30S", "30-S" y "Prohibido Olvidar", todas ellas referidas a la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, que desde el Ejecutivo de Quito es considerada un intento de golpe de Estado.

 A partir de ahora, según un comunicado del IEPE, los tres términos señalados "forman parte del patrimonio del Estado y fueron solicitados para identificar servicios o campañas específicas". Por lo tanto no podrán ser utilizados por particulares, medios de comunicación ni organizaciones de la sociedad civil de tipo alguno. Se trata, en definitiva, de una nacionalización de una parte del lenguaje en beneficio del Gobierno de Correa.

Es cierto que se permite la utilización de las expresiones patentadas "mientras sea de buena fe y no constituya un uso que lesione este derecho, cualquier persona puede hacer uso de la expresión (este uso de buena fe es cuando no ocasiona confusión, asociación o engaño en el público consumidor)". Sin embargo, con una Justicia cada vez más al servicio del poder político, en última instancia tan sólo se aceptará la existencia de "buena fe" en los casos en que Correa y los suyos lo decidan. En cualquier caso, y ante el miedo a posibles represalias "legales", algunos medios y usuarios de redes sociales han preferido dejar de utilizar los términos en cuestión.

El caso es todavía más sangrante si se tiene en cuenta que no son expresiones ideadas desde el Estado. Tanto 30-S como 30S surgieron de las redes sociales. En al menos uno de los casos está identificado el usuario de Twitter que por primera vez propuso utilizarlo, el español Eduardo Arcos (@earcos). Sin embargo, eso no importa para un Gobierno enemigo de la libertad, que lo que busca es restringir la capacidad de acción de los ciudadanos, incluso en el uso del lenguaje. Si la Casa Blanca tratase de registrar 11/9 (11-S) o La Moncloa 11-M o 23-F, la indignación sería generalizada, y con razón.

Dentro del absurdo, esta nacionalización de una parte (por pequeña que sea) del lenguaje permite observar al menos dos cosas importantes. Por una parte, demuestra que la denominada propiedad intelectual puede dar lugar a numerosos abusos contra el conjunto de los ciudadanos al dar, mediante la coacción estatal, el monopolio de ideas de todo tipo a determinadas personas, organismos o instituciones. Por otra, refleja de forma nítida que, a la hora de reprimir la libertad, hay gobernantes que no tienen límites en su imaginación. Correa destaca entre ellos.

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