El cálculo económico es un recurso imprescindible para asignar los recursos escasos hacia sus usos prioritarios en los órdenes sociales extensos. Sin cálculo no existe coste de oportunidad y tan "racional" resulta construir vías de oro como cultivar arroz mientras parte de la población muere de sed.
La condición indispensable para que el cálculo económico sea posible son los precios de mercado. Los precios de mercado tienen la virtud de transformar las escalas de fines de los individuos (que sólo son órdenes de preferencias) en magnitudes concretas y cognoscibles. Pasamos del reino ordinal (preferencias) al cardinal (precios) mediante el intercambio voluntario mutuamente beneficioso.
Por ejemplo, yo desconozco cuáles son las prioridades de los individuos, pero si algunos compran un televisor por 200 euros, sé que al menos en ese momento preferían el televisor a sus 200 euros. Por tanto, puedo tratar de lograr 200 euros vendiendo televisores, para lo cual tendré que contratar factores productivos a cambio de una remuneración. Si esa remuneración es inferior a las ventas de televisores de 200 euros que espero lograr, emprenderé la producción.
Si los factores productivos, por el contrario, están percibiendo sumas superiores a las que yo les puedo pagar, significará que están siendo empleados en actividades que se espera que sean más remunerativas; esto es, se estarán emprendiendo en cada momento aquellas tareas que los consumidores más urgentemente demandan.
Los errores de cálculo se resolverán indefectiblemente en la desaparición de la actividad del mercado y en la liberación de los factores de producción.
En definitiva, los precios de mercado son esenciales para la asignación de recursos. La crítica resultaba enteramente aplicable a las economías comunistas, donde toda la actividad se hallaba socializada y se carecía de precios. La cuestión es si ese mismo problema sigue siendo aplicable a los Estados occidentales actuales donde sólo una parte de la producción está socializada y donde además existen precios de mercado para factores productivos análogos (las pistolas tienen precios, el salario de agente de seguridad puede fijarse copiando el de agencias privadas como Prosegur…).
Aunque un análisis simplista podría llevarnos a afirmar lo contrario, el Estado sigue de lleno afectado por la imposibilidad del cálculo económico, en especial porque carece de un precio fundamental: el coste del capital.
Toda empresa que quiere comenzar o ampliar sus actividades necesita captar el capital con el que funcionar. Hay que adquirir o alquilar el equipo, hay que adelantar los salarios a los trabajadores, comprar materias primas… Este capital puede ser aportado por completo o en parte por el propio empresario o bien puede recurrir a los mercados financieros.
Los inversores aceptan proporcionar el capital a la empresa (adquiriendo parte de sus acciones) a cambio de los beneficios futuros que espera obtener. Del mismo modo, los prestamistas se desprenden temporalmente de sus fondos a cambio del repago futuro de principal e intereses por parte de la empresa.
En ambos casos, los agentes confrontan un riesgo derivado de que la incertidumbre sobre los flujos futuros de caja (los beneficios): nadie asegura a los inversores que la empresa ganará tanto dinero como esperan ni a los prestamistas que la empresa será capaz de abonar con puntualidad los intereses y el principal.
Cuanto mayor sea esa incertidumbre mayores deberán ser los beneficios y los intereses que los accionistas y los prestamistas esperan obtener. Si la empresa no cumple con las expectativas de los inversores, estos liquidarán sus acciones al descuento (el valor de mercado de la empresa caerá por debajo de su valor contable) y si no cumple con su compromiso con los prestamistas, o bien se liquidará parte de la compañía o bien se renegociarán las condiciones de la deuda, con el consiguiente incremento en la prima de riesgo futura para la empresa.
En cualquier caso, cualquier empresa debe lograr una rentabilidad mínima anual derivada del riesgo subjetivo que perciben sus accionistas y prestamistas. Esta rentabilidad mínima suele ser denominada coste ponderado del capital.
Las actividades del Estado carecen por completo de coste ponderado del capital. El Estado obtiene los fondos que necesita o bien mediante la confiscación (impuestos) o bien mediante el endeudamiento público. En ambos casos, no existe ninguna rentabilidad mínima exigible a la actividad del Estado que quepa incluir en su cálculo económico.
En el caso del contribuyente porque éste no tiene opción de retirar su capital del Estado y por tanto no puede exigir unos beneficios mínimos por sus recursos. En el caso de los prestamistas, aunque es cierto que soportan el llamado "riesgo país", lo cierto es que éste está asociado a consideraciones de índole política (capacidad para robar lo suficiente como para atender el servicio de la deuda) y no económica (capacidad para satisfacer con acierto las necesidades de los consumidores y obtener los ingresos con los que pagar principal e intereses).
La ausencia de un auténtico coste de oportunidad del capital –ausencia que es consustancial a la naturaleza del Estado y de su sistema impositivo– imposibilita el cálculo económico y en definitiva la satisfacción de las necesidades prioritarias de los individuos. En otras palabras, todo el capital que acapare el Estado será distribuido de manera aleatoria entre sus estructuras productivas y además en proyectos que tenderán a ser útiles, no para los consumidores, sino para la subsistencia de los políticos.
La única solución pasa por que todo el capital sea captado en los mercados financieros para negocios donde los ingresos sean obtenidos por contratos voluntarios entre la empresa y el cliente, de modo que los inversores confronten una variabilidad de los beneficios derivada de la mejor o peor satisfacción de las necesidades de los consumidores. En otras palabras, la única solución al despilfarro sistemático de recursos pasa por extender la propiedad privada a todos los ámbitos de la sociedad.
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