¿Qué hace un liberal en Cataluña?

La idea de Estado debe desligarse de la idea de territorio.

Llevamos un par de semanas viviendo un auténtico espectáculo —en el mal sentido— en Cataluña a raíz de la sentencia del Supremo que condenaba a prisión por sedición, entre otros delitos, a los líderes independentistas que organizaron el referéndum del 1 de octubre de 2017. Los nacionalistas de todos los partidos han salido a defender o reprochar tal fallo judicial y a criticar a la otra parte. Sin embargo, he detectado la falta de un mensaje liberal que, muy probablemente, sea criticada por ambos bandos, ya que contraviene las ideas más que instauradas en el imaginario colectivo sobre lo que debería ser un Estado hoy en día.

Me gustaría comenzar señalando un artículo publicado en El Confidencial  hace unos días en el que se comentaba que la empatía no iba a resolver el conflicto catalán. Estoy de acuerdo en una parte pero no en la otra. En efecto, la empatía no resuelve nada si lo único que pedimos es que la otra parte nos entienda y nos olvidamos de que nuestro contrincante también puede tener unos deseos y anhelos diferentes, lógicamente esto lo único que favorece es que nos enroquemos todavía más en nuestra posición. Sin embargo, cuando la empatía se entiende como el entendimiento de las preferencias de nuestros rivales y la defensa de su libertad a pensar y a defender lo que ellos consideren justo mientras no afecte a terceros, entonces ahí sí que puede haber una posible solución a la situación en Cataluña.

Desafortunadamente, el problema en Cataluña es de nacionalismos, y los nacionalismos son una forma más de colectivismo que antepone los derechos de un colectivo al de los individuos que lo integran. Una cosa es sentir un profundo sentimiento de pertenencia a un grupo, porque siendo sinceros, vivimos en sociedad y estamos condicionados en parte por la cultura, costumbres, normas, etc., del lugar que habitamos, y hasta cierto punto es normal que sintamos mayor simpatía por lo nuestro que por lo de los demás, como bien explicaba Adam Smith en La teoría de los sentimientos morales.

Hasta ahí bien, el sentimiento de pertenencia parte desde abajo y va hasta los organismos de gobernanza que tratan los asuntos comunes. El problema es que los Estados actuales se han formado desde arriba a abajo y, generalmente, bajo conquista (ver aquí). La hipótesis del contrato social queda reducida a una falacia que disfraza de democrático y representativo al poder político. Ejemplo de esta tesis es lo que indica Oppenheimer en El Estado:

El Estado, enteramente en su génesis, esencialmente y casi completamente desde su existencia, es una institución social conformada por un grupo de hombres victoriosos sobre un grupo de hombres derrotados con el único fin de regular el dominio del grupo victorioso sobre los vencidos y salvaguardarse de las revueltas internas y los ataques externos.

Por eso cualquier político se ha vigilado las espaldas con tal de mantener a raya a sus enemigos, a través de la propaganda y de un ejército que sirviese de intimidación hacia cualquier enemigo, tanto interno como exterior.

En este sentido, el Estado español ha tenido éxito, porque es uno de los más antiguos del mundo y, como diría Juan Pina, forma parte del cártel de los 200. Sin embargo, Cataluña, o los catalanes independentistas, han fracasado en tanto en cuanto no han podido, bajo conquista, crear un Estado independiente.

Cuando una parte de la población desea independizarse, el poder político, desde la óptica nacionalista y unionista ejercerá toda la presión posible para evitar que la estructura del Estado se desintegre. Sin embargo, esta opción, que es la que lleva poniendo en práctica el Estado español desde que comenzó el desafío independentista, socaba el derecho individual de asociación y desasociación. Como dice Mises Nación, Estado y Economía:

Al principio absolutista que impele al soberano a someter al propio dominio todos los territorios que consigue conquistar, el liberalismo contrapone el principio del derecho de autodeterminación de los pueblos, corolario necesario del principio de los derechos del hombre. Ningún pueblo y ninguna parte de un pueblo deben ser retenidos contra su voluntad en un conjunto estatal que rechazan.

Es decir, negarse a aceptar una realidad de que una parte de Cataluña no quiere seguir formando parte de España es una postura sumamente antiliberal. Ahora bien, cabe plantearse que, desde la perspectiva liberal, el Estado español es el propietario el territorio llamado Cataluña y, por lo tanto, en ese territorio no puede existir otro Estado más (como sucedería en el caso de Gibraltar). Sin embargo, los Estados creados bajo conquista no tienen un derecho de propiedad legítimo y, por lo tanto, no pueden exigirnos que nos mantengamos en un Estado creado por conquista al que ese territorio pertenecerá en todo caso a los individuos.

Es cierto que pueden existir activos que han sido pagados en gran medida por el Estado central, sin embargo, 1) esto solo afectaría a aquellas propiedades de titularidad pública; 2) los activos pertenecen en todo caso a los españoles de manera individualizada, ya que han sido sufragados a través de impuestos, y en este caso debería darse la opción de vender la parte alícuota de la participación que tengan en Cataluña; además 3) los catalanes tienen una balanza positiva con el resto de las comunidades autónomas, por lo que renunciando al resto de activos de otras regiones se podría llegar a compensar al resto de ciudadanos.

Es más, los Estados son entes que solo perduran en el imaginario colectivo, no son una realidad, ya que de ser así España hubiera sido España desde el origen de la Tierra, y por eso numerosos países han desaparecido y han sido creados a lo largo de la historia. La idea de España y la idea de Cataluña difiere para cada individuo, y si en algún momento nadie defendiese la idea de España, sino la de, por ejemplo, Galicia, España dejaría de existir y hablaríamos de Galicia como el Estado que ocupa la mayor parte de la península ibérica.

Ahora bien, seamos sinceros, el procés se ha desarrollado de manera chapucera: se ha llevado el colectivismo más al extremo, eso sí, porque los secesionistas parten de una posición sin Estado. Además de ir por la vía de la unilateralidad, sin tener en cuenta que la mayor parte de los catalanes no quieren la independencia.

Es decir, estamos ante una lucha entre un Estado que existe y que defiende un colectivismo llamado España por encima del derecho individual de los catalanes que quieren formar un nuevo Estado pero que, con el uso partidista de las instituciones, han tratado de imponerlo a otra parte de los catalanes que desean seguir siendo españoles.

Y ante esta situación, ¿cuál es la alternativa liberal? Lo primero de todo es desarrollar todavía más la descentralización, ya que como vengo defendiendo en mis últimas entradas, cuanto más cerca estén las instituciones de los individuos más se respetarán sus preferencias.

Es cierto que es difícil que Cataluña tenga más competencias que en la actualidad, más allá de poder disponer de un régimen fiscal similar al de País Vasco y Navarra, y seguramente lo que pretenden los independentistas es algo más simbólico (que el imaginario colectivo de un Estado catalán se haga realidad). Teniendo en cuenta que probablemente las dos visiones sean irreconciliables en el corto y medio plazo, una segunda opción a la descentralización es que existan en Cataluña dos Estados, el catalán y el español.

Me explico. Como comenté anteriormente, la idea Estado debe desligarse de la idea territorio, en tanto en cuanto que el primero surge de abajo arriba debido al imaginario colectivo, y en el caso concreto de Cataluña, está claro que una parte desea formar parte del Estado España y la otra del Estado Cataluña. Aquí podría funcionar la idea de las jurisdicciones competitivas superpuestas funcionales, de tal modo que cada individuo escogería los servicios que cada Estado le proveería, respetando así los derechos de los catalanes que quieran seguir perteneciendo a España y los derechos de los catalanes que quieran un Estado propio. La competencia entre ambas jurisdicciones mejoraría la calidad de los servicios estatales, pudiendo quedar en evidencia aquella que peor servicio prestara a sus ciudadanos gracias a la fácilmente comparación que existiría.

Por muy difícil que sea llevar esto a la práctica, no es excusa para poder desarrollar un proceso legal que respete la libertad individual de asociación y desasociación sin optar por vías unilaterales que anteponen el colectivo al individuo y que, por lo tanto, nos hacen menos libres.