Referéndum. El derecho a decidir de todos los españoles

Hemos analizado en artículos anteriores la involución institucional y la desigualdad ante la ley que han forjado una jaula de hierro en torno a los ciudadanos que se sienten impotentes ante la imposición de políticas intervencionistas por 17 oligarquías autonómicas o, si se prefiere, por 17 élites extractivas regionales en su intento de acaparar el máximo poder político y económico empleando los estatutos y leyes autonómicas, los impuestos y el endeudamiento de las generaciones futuras para "guiar" la sociedad a favor de utopías que esconden los intereses de la casta política regional.

El nacional-separatismo ha utilizado tácticas totalitarias para el control de la sociedad civil por medio del adoctrinamiento en las escuelas, la universidad y los medios de comunicación. Las oligarquías de élites extractivas autonómicas han jugado con los sentimientos tribales de la población (familia, pueblo, lengua, cultura y territorio) y con el miedo psicológico a la libertad (I) y (II), "guiando" hacia la fractura social de cada región; separando en vez de uniendo entorno a un futuro común, discriminando y estigmatizando a los ciudadanos, divididos en primera, segunda y tercera categorías en función de su grado de adhesión a los intereses políticos y económicos de la élite extractiva autonómica ([1][2][3][4][5][6]).

Pues bien, ante el actual desafío secesionista, que va consumiendo etapas para intentar desmembrar la convivencia pacífica entre las regiones que conforman España, hay que recordar varios hechos jurídicos irrefutables:

• La Ley básica en España es la Constitución, que fue ratificada por la inmensa mayoría de españoles el 6 de diciembre de 1978 y que sirve como contrato que debe regular la convivencia pacífica entre todos los españoles.
• El Artículo 1.2 CE legisla claramente que: "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado".
• El Artículo 2 CE determina: "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".
• El Artículo 14 CE legisla que: "Los españoles son iguales ante la Ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Dicho lo cual, conviene constatar los graves problemas de convivencia y de crecimiento del tamaño del Estado que ha generado la errónea redacción del Título VIII que permitía la instauración de la organización territorial en Autonomías caracterizada por la corrupción generalizada ([1][2][3][4][5][6]) con hasta 1661 casos por toda la geografía española, la irresponsabilidad presupuestaria ([7], [8], [9]), la irresponsabilidad tributaria ([10], [11]), y los excesos normativos ([12], [13]) desde 17 parlamentos autonómicos que desvertebran el poder legislativo y son responsables en gran medida de las más de 100.000 leyes, decretos y normas que se publican cada año en España.

Si hay que construir, ordenar y poner en marcha una gran política nacional basada en los principios constitucionales, sólo hay una opción moral posible que es afrontar el desafío separatista y dar la palabra y el voto a todos los ciudadanos españoles para que decidan en un referéndum cómo solventar el problema de organización territorial de España. 

Es decir, la fractura social a la que han conducido el nacional-separatismo de las Autonomías, y la inacción de los gobiernos centrales, sólo puede superarse políticamente por la decisión mayoritaria de todos los españoles. No se requiere un referéndum para jugar al juego de los intereses de la oligarquía independentista y confirmar que Cataluña es una parte fundamental de España; algo que es obvio a lo largo de la historia y que, en aplicación del artículo 1.2, sólo podría decidirse entre todos los españoles que sufragamos con nuestros trabajos, compras e impuestos el presupuesto público de la Generalitat pero que, aplicando el artículo 2 de la Constitución, es legalmente imposible.

Evidentemente, sí se requiere un referéndum sobre las políticas fundamentales para garantizar el crecimiento económico, la cohesión territorial y la convivencia pacífica, de modo que todos los españoles decidan: A) cómo limitar y fijar las competencias autonómicas, B) cómo garantizar una financiación equilibrada y responsable y, también, C) cómo exigir el cumplimiento de la Ley por las autoridades y funcionarios autonómicos.

Aplicando el artículo 92 CE, un referéndum que convocase a las urnas a todos los españoles con derecho a voto, podría ser capaz de restablecer la convivencia pacífica e impulsar la normalidad democrática que intentan romper los secesionistas. Es decir, muchos ciudadanos entendemos que sólo un referéndum puede mejorar la legalidad vigente, frenar el nacional-separatismo y hacer prevalecer las reglas de la Ley vigente con el poder de la mayoría del censo electoral de España. Por ejemplo, por medio de las siguientes siete preguntas:

1. ¿Quiere Ud. que se fijen las competencias de las Comunidades Autónomas en el artículo 148 y que se suprima el apartado 2 del artículo 150 de la Constitución que permite la transferencia o delegación de competencias? (Sí/No)

2. ¿Quiere Ud. que la educación vuelva a ser una competencia exclusiva del estado central en el artículo 149 de la Constitución, siempre que se garantice el aprendizaje en el idioma vehicular que prefieran los alumnos, tanto en español como en euskera, gallego, catalán o valenciano? (Sí/No)

3. ¿Quiere Ud. que la sanidad vuelva a ser una competencia exclusiva del estado central en el artículo 149 de la Constitución de modo que se ahorren costes y se garanticen prestaciones de calidad en todo el territorio nacional? (Sí/No)

4. ¿Quiere Ud. que el artículo 148 explicite en un nuevo apartado que cada Comunidad Autonómica cuente con un Gobierno Autonómico y se supriman los Parlamentos Autonómicos para reducir gastos, disminuir el exceso de legislación, y evitar duplicidades y barreras comerciales en España? (Sí/No)

5. ¿Quiere Ud. que cada Comunidad Autonómica cuente con sus propios ingresos tributarios con un sistema fiscal equilibrado, aplicable en todas las regiones de España y que permita sufragar los gastos de la administración y el gobierno autonómicos? (Sí/No)

6. ¿Quiere Ud. que se apliquen cupos fiscales en el País Vasco y en Navarra? (Sí/No)

7. ¿Quiere Ud. que se aplique el artículo 155 de la Constitución para que puedan ser destituidas y, en su caso, procesadas penalmente aquellas autoridades y/o aquellos funcionarios de una Comunidad Autónoma que no cumplan las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan? (Sí/No)

Un Estado de Derecho, digno de tal nombre, no puede mantenerse impasible y tolerar el incumplimiento de la Constitución, las leyes y las sentencias de los tribunales por parte de las Comunidades Autonómicas. Y una democracia parlamentaria no debe permitir un desafío secesionista que intenta imponerse a la mayoría de los ciudadanos por unas oligarquías regionales, ávidas de más poder, más corrupción y más control sobre la población.

Por un lado, el Gobierno no ha recibido el mandato del pueblo para doblegar la soberanía nacional ante los deseos del secesionismo, por más que insista la propaganda de los partidos nacional-separatistas de Cataluña o del País Vasco. Si el Gobierno accediese a las pretensiones secesionistas, se estaría infringiendo la legalidad vigente, dado que no está contemplado en la Constitución, que es la Ley básica que establece el marco jurídico e institucional válido en España.

Por otro lado, un Gobierno de España no debería tolerar por más tiempo que exista desamparo de los ciudadanos en municipios y regiones, donde son discriminados por no someterse a los deseos de la oligarquía de élites extractivas nacional-separatistas.

Contestando a las siete preguntas anteriores, por medio de la soberanía nacional de la mayoría de todos los españoles, se dotaría de certidumbre al ordenamiento jurídico y se renovaría la validez de la Constitución Española de 1978 para las próximas generaciones. Un Gobierno con mayoría absoluta sería capaz de sacar adelante los cambios normativos, aplicando el artículo 167 de la Constitución.

En definitiva, son todos y cada uno de los ciudadanos de España los que deben decidir sobre el futuro de la nación más antigua de Europa y las oligarquías no deben imponer políticas de hechos consumados con sus negociaciones entre bambalinas, su corrupción, su hipocresía, su inmoralidad y el miedo acérrimo que sienten a que sean los propios ciudadanos los que decidan; porque es en ellos donde reside la soberanía nacional, según el artículo 1.2 de la Constitución.

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