Todo el plan de Alberto Fernández se cae con un posible default. Y los acreedores lo saben.
El equipo económico de Alberto Fernández está planteando los detalles de una posible reestructuración de la deuda. Los acreedores saben que los vencimientos de deuda de los próximos meses son imposibles de pagarse y estarían abiertos a una reestructuración o reperfilamiento que consiste en un combo de quita de capital y postergación del pago de intereses.
Se han planteado en los medios diversos escenarios, algunos más lights que otros. Una posibilidad aceptable para los acreedores sería una quita de capital de 20 % y la postergación del pago de intereses de dos años. La opción más agresiva que hoy toma fuerza es una quita mayor de capital, de hasta un 50 %, con la postergación en el pago de intereses a tres años. El Gobierno considera que esa postergación en el pago de intereses le permitirá recuperar actividad y empleo, y que, una vez recuperado el crecimiento, habrá mayor recaudación, superávit fiscal y, sobre esa base, se podrán enfrentar los pagos de capital e intereses comprometidos.
Los acreedores, sin embargo, dudan que tras dos o tres años Argentina haya recuperado actividad y crecimiento. Si no es el caso, entonces Argentina no podrá pagar tampoco esa deuda reestructurada, y con ello habrá un default “tardío” y, además, la discusión posterior se llevará adelante sobre la base de un capital menor.
¿Es cierto que si Argentina reestructura la deuda agresivamente podrá recuperar actividad y crecimiento? Es posible. Tras reestructurar la deuda, Argentina tendrá equilibrio fiscal primario, heredado del macrismo. También tendrá equilibrio fiscal consolidado, porque las provincias encuentran sus ingresos y gastos relativamente ordenados. Y tras la reestructuración y la postergación del pago de intereses, Argentina tendrá equilibrio fiscal consolidado y financiero, porque podrá ahorrarse el 4 % de PIB que hoy destina al pago de intereses.
El desafío entonces es crecer para recuperar recaudación y alcanzar un superávit fiscal del 4 % que en 2 o 3 años permita al Gobierno afrontar esos compromisos financieros.
Si la reestructuración es exitosa, y la política se orienta al objetivo, el Gobierno habrá salido de una situación compleja de manera rápida y sin grandes sobresaltos.
Sin embargo, emerge aquí la gran pregunta de los acreedores, incluido el FMI: ¿qué asegura que el Gobierno de Alberto Fernández destine sus esfuerzos de política económica a ese objetivo?
Los acreedores saben que el equilibrio fiscal primario y consolidado observado previamente es débil y de baja calidad, pues no se basa en una reducción del sobreempleo público generado durante el kirchnerismo. Más bien, está construido sobre la base de devaluaciones que licuaron salarios. Terminada la luna de miel del nuevo Gobierno, y reestructurada la deuda, esos asalariados (especialmente del sector público) presionarán para recuperar los niveles de salarios en términos reales que tenían antes de las crisis cambiarias. Si el equipo económico de Alberto Fernández accede a ello, la Argentina emprendería un proceso de recuperación del salario real de corto plazo, pero desaparecería toda posibilidad de los acreedores de que el pago prometido de capital e intereses de la reestructuración se haga efectivo. En el mediano plazo, en este caso 2 o 3 años, la Argentina enfrentará el pago de intereses de deuda, lo que la conducirá a un nuevo desequilibrio fiscal, que a la vez enfrentaría un nuevo default.
El Gobierno necesita entonces un plan económico que garantice de algún modo que Argentina recuperará actividad y crecimiento, lo que la conducirá a ahorrar puntos de superávit fiscal que en el futuro le permitan enfrentar los compromisos.
El inconveniente entonces emerge cuando se le pregunta a Guzmán y compañía, “¿cuál es el plan?”. El Gobierno no ofrece detalles, o más bien, decide que la actividad y el crecimiento tan esperados sobrevendrán una vez que el peso de la deuda quede postergado. Poniendo “ese” dinero en los bolsillos de la gente, por el lado de la demanda, se permitirá una reactivación económica. Una vez que los stocks de las estanterías de las empresas estancadas empiecen a reducirse, será necesario volver a producir, prender las maquinarias, contratar personal. Como hay capacidad ociosa, el «crecimiento» (que personalmente prefiero llamar «recuperación») sería posible, lo que aumentará la base imponible y mejorará la recaudación.
Esa lógica, por el lado de la demanda, ha sido técnicamente criticada por numerosos economistas ortodoxos. Puede, sin embargo, ser exitosa en el corto plazo. Guzmán quiere replicar la dinámica del primer Gobierno kirchnerista del período 2003-07. En esos años Argentina mostró tasas de actividad y crecimiento asombrosos. Lo que olvida Guzmán, y también el presidente Alberto Fernández, es que la Argentina en ese período no creció, sino que recuperó la actividad perdida en el año previo (+ de 10 puntos del PIB), por la crisis que inició en diciembre de 2001 y que se extendió en todo 2002, precisamente tras el default.
Lo cierto es que, si el plan es exitoso, lo que implica que los acreedores aceptan la reestructuración propuesta, Argentina puede llegar a recuperar actividad y volver a lo que los economistas definen como «la frontera de posibilidades de producción» (FPP), recuperando el potencial de producción. Se estaría postergando entonces para 2023 la discusión sobre cómo expandir esa FPP, es decir, sobre la base de nuevo ahorro e inversión. Quedan postergadas las discusiones sobre la reforma previsional, tributaria y laboral que el Gobierno de Cambiemos intentó poner en la agenda de política económica, sin éxito. Queda postergada también la agenda de reinserción de Argentina a la economía globalizada. Como dijo el presidente Alberto Fernández, en relación al posible acuerdo de integración con la Unión Europea, la Argentina y el Mercosur deben «mirar para adentro», y una vez que se encuentre recuperada y fortalecida, recién entonces, podrá salir al mundo en búsqueda de su integración.
Como cierre, vale señalar que todo el plan de Alberto Fernández se cae con un posible default. Y los acreedores lo saben.
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