Reforma electoral, ¿para qué?

Los textos de Ciencia Política suelen analizan los sistemas electorales según dos criterios: gobernabilidad y representatividad. Sin embargo, pocos aluden a un aspecto fundamental subyacente a la forma en que los ciudadanos eligen a sus representantes politicos: la relación que se supone aquéllos tienen con éstos. Algo que me temo estará ausente de la apasionante discusión que se avecina en España.

Como la mayoría de las democracias de la llamada Tercera Ola, la española obedeció la regla de la estabilidad, consistente en la creación de un sistema de dos partidos fuertes y disciplinados con implantación nacional. De ahí el sistema de listas cerradas y bloqueadas y la abundancia de provincias que eligen tres o cinco diputados como prima a los dos partidos más votados. Por si esto fuera poco, las provincias más pobladas –Madrid, Barcelona, Valencia– se encuentran infrarrepresentadas. Nuestra Constitución establece que ninguna provincia podrá exceder el 10% de la representación y que todas enviarán al menos dos representantes al Congreso de los Diputados. Así, Madrid cuenta con 17 diputados menos de los que le corresponderían de acuerdo a su población, un obstáculo más a la obtención de representación por parte de partidos pequeños.

Por cierto, la Constitución también establece que la circunscripción electoral para Congreso y Senado es la provincia, así que la próxima vez que escuchen o lean a algún plumilla hablar de la implantación del sistema alemán –mitad de diputados elegidos en circunscripciones uninominales, mitad elegida en listas nacionales– mediante una Ley Orgánica, ríanse a mandíbula batiente, pues tal reforma exige la modificación de la Constitución.

Como excepción a la regla de la estabilidad, o gobernabilidad, sobre la representación, el sistema español introdujo un mecanismo que beneficia a los partidos pequeños localistas, aquellos que se presentan en un pequeño número de provincias donde sin embargo cuentan con un apoyo importante. Son las reglas para la formación de grupos parlamentarios, que exigen bien la obtención del 5% de los votos, 15 diputados o al menos 5 diputados habiendo obtenido el 15% de los votos en todas las provincias en las que se presentaron listas. Este mecanismo ha permitido que partidos como el PNV, que nunca han superado el 2% de los votos u obtenido más de 8 diputados, hayan podido contar con un grupo parlamentario propio. La voz de los nacionalistas ha sido amplificada mientras que partidos como el comunista o el CDS han sido duramente castigados por un sistema diseñado precisamente para evitar que existan, o al menos para dificultar su desarrollo y expansión.

De esta aproximación sucinta al sistema electoral español cabe inferir al menos dos conclusiones preliminares:

1. Sesgo partitocrático e irresponsabilidad de los representantes. Son las cúpulas de los partidos, en su calidad de "instrumento fundamental para la participación política" (C.E., art. 6) que deciden quién es o no elegido. De esta forma, la independencia de los representantes y el papel de los afiliados sin cargo orgánico en el partido quedan inhibidos. No existe posibilidad de compromiso entre representantes y representados ni de rendición de cuentas. La consecuencia de todo esto es el cinismo y la alienación que caracteriza la cultura política española y que reflejan todas las encuestas realizadas en los últimos veinte años.

2. Comunitarismo. A pesar de que el sistema electoral español permite que más del 90% de los votos se traduzca en representación –el sistema de dos vueltas francés suele dejar a más del 20% de los votantes sin un solo diputado en la Asamblea Nacional– la mayoría de los grupos parlamentarios, que son nacionalistas, defienden proyectos políticos basados en identidades construidas, excluyentes y discriminatorias que juzgan el valor de una persona de acuerdo a criterios como el manejo de una determinada lengua o el nacimiento en una región o provincia particular. A pesar de no representar más del 12% de los votos, se las arreglan para formar grupos parlamentarios –cuatro en la actualidad de un total de ocho– de forma que la apelación a principios intangibles y maleables como la identidad nacional, el hecho diferencial –"la voz de la tierra"–, socava otros criterios políticos como la prosperidad económica personal o la libertad individual, valores secundarios frente a la defensa de una identidad grupal presentada en estado de conflicto permanente e irresoluble contra otra u otras.

¿Ciudadanos o vasallos? ¿Seres pensantes o ganado? ¿Personas capaces de determinar lo que más les conviene y obrar en consecuencia o miembros de tal o cual "colectivo"? ¿Cómo nos ven los políticos? A la hora de valorar un sistema electoral o apoyar o rechazar una reforma determinada sería conveniente que todos nos hiciéramos estas preguntas. Puesto que hasta la fecha no ha habido ningún sistema político que no implique un cierto compromiso entre libertad y estabilidad, autodeterminación y orden –soy de los que piensan que el poder es como el dinero; si se aboliera hoy, alguien lo reinventaría mañana–, al menos deberíamos ser conscientes de lo que estamos dispuestos a entregar, y a cambio de qué.