El gobierno ha aprovechado que aún tenemos el cerebro reblandecido por el calor para colarnos otro estupendo y faraónico plan consistente en que las compañías eléctricas sean obligadas a instalar parques eólicos y solares por doquier. La factura es de cerca de cuatro billones de pesetas aunque, eso sí, distribuido durante varios años hasta 2010. Evidentemente, el coste de semejante disparate energético lo pagaremos todos. No porque el Estado subvencione una parte mínima del plan, sino porque el mayor precio por kilowatio de estas alternativas acabará siendo sufragado por los bolsillos de los consumidores, en un apartado que el gobierno califica eufemísticamente de “aportación de las empresas generadoras”.
A los ecologistas, este despilfarro les parece insuficiente. De hecho, Greenpeace está elaborando un delirante informe que se supone mostrará al público en los próximos meses cuyo objetivo es demostrar que podríamos alimentarnos de energías renovables de forma exclusiva y tener energía de sobra en 2050. Hasta que no esté el texto disponible no se podrá opinar con total certeza, pero llama la atención que la presentación parcial de algunos resultados del mismo realizada a finales de julio huyera de dos problemas esenciales. El coste y la poca confiabilidad de una parte importante de esas energías, la eólica, que falla cuando más la necesitas. Actualmente hay 9.000 MW de potencia eólica instalada, pero en uno de los últimos récords históricos de producción, 38.620 MW el 20 de julio a las 17:38, la producción real de energía eólica se situó en los 2.046 MW.
Aún así, el informe presenta algunas conclusiones, cuando menos, divertidas. Y es que, según sus estimaciones, sería necesario ocupar el 14% del territorio nacional con cultivos y bosques para quemar en las centrales de biomasa, el 37% con centrales solares y el 57% con centrales eólicas aunque sus proyecciones indican que podría simultanearse el terreno de estas últimas con otros usos. Por ejemplo, el de centrales solares. Ignoro si las ciudades caben en este plan, aunque conociendo a sus promotores, posiblemente tengan previsto que nos desplacemos a vivir bajo tierra para que la naturaleza permanezca virgen e intocada por nuestras sucias manos… si excluimos que casi todo el territorio tendrá centrales, claro.
El plan esconde algunas sorpresas. Así, mientras asegura que las ayudas públicas suponen sólo el 2,9% del plan, 680 millones de euros, las exenciones de impuestos llegan a 2.855 millones y las subvenciones a las energías renovables 4.956. Y es que, según un informe de la cámara de los lores, el coste de producción eólica es de 6 céntimos de euro por KWh y el precio al que se vende la energía actualmente en España son 4 céntimos, por lo que alguien va a tener que pagar la diferencia. Usted y yo, ya sea por la factura o por las subvenciones. Los ecologistas salen realmente caros.
Lo único bueno de este plan es que vuelve a poner sobre la mesa el descarado control que ejerce el ejecutivo sobre el sector. Ya nadie podrá argumentar que nuestros problemas energéticos se deben a la maligna liberalización que llevó a cabo el no menos pérfido Aznar. ¿Quién se puede creer que el sector eléctrico es libre cuando desde el gobierno se le impone cuánto y de qué manera deben generar energía? Los problemas aparecen cuando se impone desde arriba una solución y se resuelven cuando somos libres de buscar la mejor alternativa por nosotros mismos. Por esto este plan, como los anteriores, nos aleja de las mejores soluciones a la generación de energía eléctrica.
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