A menudo, la concentración en enunciar con claridad y transparencia hallazgos consistentes y lógicos hace perder de vista hasta qué punto predominan –al menos, en número e influencia– las fuerzas estatistas y socialistas en los círculos académicos españoles. La implacable máquina de intereses creados durante decenas de años por los estados de bienestar occidentales, articulada con poderosos instrumentos de apariencia jurídica destilados por los positivistas, han ido tejiendo una inmensa maraña de embustes subvencionados en el campo de las ciencias sociales.
Vienen estas reflexiones al hilo de la reciente constatación –para mí– de la pequeña victoria que se han anotado los llamados "trabajadores sociales". Sabía de la existencia de lo que se llamaba una diplomatura en ese campo: Un cóctel para adoctrinar y adiestrar en tres años a jóvenes dispuestos a desempeñar esa labor de "asistentes sociales" al servicio de toda suerte de administraciones públicas. Ahora bien, los cultivadores del engrandecimiento del estado debieron percatarse de las indudables ventajas de elevar el rango académico de esas técnicas de ingeniería social. Después de todo, para el común de nuestros contemporáneos, aun con las sospechas que se derivan de su escasa calidad, los estudios universitarios reglados y reconocidos por las autoridades estatales van acompañados de una presunción de "seriedad" e, incluso, utilidad.
Me refiero al otorgamiento al "Trabajo social" de la categoría de estudios de grado superior y su encuadramiento en los programas de las facultades de Derecho. La presentación de los planes de estudio de esta nueva carrera dice responder a necesidades de capacitación profesional demandadas por la sociedad, pero la colocación de los titulados depende exclusivamente de decisiones adoptadas por los gobiernos u organizaciones paragubernamentales. Su recitación con pretensiones asépticas por sus promotores, empero, produce escalofríos a todo aquel que sienta aversión por el intervencionismo estatista.
Siempre desde la perspectiva de un ingeniero o un cirujano que puede manipular a su gusto un "cuerpo social" (¡ay, las metáforas!) y utilizando un lenguaje para iniciados, una información típica comienza por contarnos que las competencias específicas del título de grado en Trabajo social son conocer y analizar las exigencias legales del ordenamiento jurídico vinculadas al conocimiento de los derechos sociales que favorezcan las relaciones personales y familiares y el ejercicio de la ciudadanía. Continúa indicando que otro objetivo del trabajador social consiste en la elaboración de un pronóstico de intervención en consenso con los objetivos profesionales y la realidad social planteada. Por último, terminará por subrayar que va dirigido a crear una "burocracia social" impermeable a los cambios políticos, pues, no por casualidad, esos nuevos expertos investidos de respetabilidad se encargarán de diseñar y desarrollar proyectos de políticas y programas que aumenten el bienestar de las personas, promoviendo el desarrollo de los derechos humanos, la armonía social y colectiva, y la estabilidad social. ¿Les suena, verdad?
Se me dirá que la proliferación de títulos académicos que no sistematizan auténticos saberes y conocimientos, sino planes y programas de intervención para el estado, diseñados por algunos miembros de la Academia prestos a convertirse en cortesanos, no es algo nuevo. Cabría incluso pensar que ese ha sido el objetivo de los estados a la hora de aprobar los programas de estudio y homologar los estudios universitarios que se reconocen en un determinado ámbito.
No obstante, todavía cabe distinguir las auténticas disciplinas del conocimiento, por un lado, de los enfoques socialistas que se encuentran en las mismas. Aunque quiera encubrirse esa enseñanza ideológica con una supuesta capacitación profesional demandada por la sociedad. Tras la caída del prestigio que propios y extraños atribuyeron al socialismo "científico" de Marx, llevamos décadas soportando monsergas feministas, ecologistas y tercermundistas –con el retorcimiento multiculturalista–, las cuales plagan especialmente los medios de comunicación de masas y los templos universitarios de casi todo el Planeta.
A toda esa panoplia se añaden estos estudios de "trabajo social" donde pretende integrarse disciplinas diversas como la sociología, la psicología, la antropología, el derecho o la economía. El marchamo socialista no puede ocultarse. Si alguien se maravilló del consenso bobalicón que suscitó, por ejemplo, la ley de dependencia, aprobada la pasada legislatura como cuarto pilar (sic) del estado de bienestar en España, debería reparar en el abono predominantemente utilizado durante largos años en los "campus" universitarios.
Previsiblemente, la elevación del rango académico de los estudios de "trabajo social" supondrá la irrupción de estudiantes de "doctorado" y el reparto de becas de investigación en esta área para unos cuantos avisados.
Conviene percatarse del salto cualitativo conseguido por estos nuevos nigromantes del culto del Estado y de sus poderes taumatúrgicos, para, a continuación, alertar a los incautos propensos a caer en las redes somníferas de la buena conciencia del estado del bienestar y, en definitiva, desenmascarar una operación que consiste en hacer pasar por saber neutro y científico unas cuantas viejas recetas de imposición del socialismo.
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