Que las subvenciones y en general las ayudas públicas distorsionan el mercado no es ningún secreto. Ni siquiera lo es para las propias autoridades, y, de hecho, la Comisión Europea tiene atribuidas competencias para vigilar las ayudas públicas que dan los estados miembros. Aunque, hay que decirlo, las distorsiones que trata de evitar son las de ámbito geográfico, tratando de preservar la homogeneidad del mercado único.
Lo cierto es que las ayudas del Estado tienen varios efectos negativos sobre la economía, algunos de ellos bastante directos. En primer lugar, está el efecto general de redistribución: se redirigen recursos a unas actividades que no son demandadas por el mercado. Los recursos se obtienen de forma coactiva mediante impuestos; dichos recursos no van a donde el legítimo dueño de los mismos los hubiera dirigido, y se dirigen a actividades no demandadas.
Además de este efecto general, se produce uno algo más sutil, consistente en la progresiva adaptación de las empresas a los requisitos para obtener dichas subvenciones, en lugar de a conseguir un producto final aceptable para el público. Así, poco a poco, la estructura productiva se va modificando, siguiendo lo que Kirzner llama el proceso de descubrimiento completamente superfluo, hacia aspectos innecesarios desde el punto de vista de la demanda, pero imprescindibles para conseguir la subvención.
Por ejemplo, pueden aparecer especialistas en realizar proyectos según los requerimientos públicos, o en preparar la documentación necesaria, o, por qué no, en proporcionar los contactos adecuados. Son actividades que, desde el punto de vista de la empresa, tienen valor únicamente por la existencia de las subvenciones.
Sin embargo, los efectos pueden ser quizá aún más destructivos. Además, pueden provenir no solo de ayudas públicas, sino de la contratación pública en general. En presencia de ambas, aquellas empresas que no se adapten a los requerimientos de las administraciones, tenderán a disminuir su rentabilidad respecto a aquellas que sí lo hacen. Por un lado, porque no acceden a esas subvenciones o contratos. Y por otro porque, consecuentemente, no pueden competir con precios similares. El público puede encontrar sustitutivo el producto subvencionado, aunque no se adapte bien a sus necesidades, simplemente por ser artificialmente más barato. La empresa que no se adapta está llamada a desaparecer del mercado, mientras que la otra garantiza su supervivencia siendo cada vez más eficiente en la obtención de subvenciones y contratos públicos. Esto es, apartándose progresivamente de las necesidades del mercado y acercándose a las preferencias del Estado.
Eventualmente, desaparecen las empresas que satisfacían mejor al mercado, y la oferta queda compuesta exclusivamente por empresas especializadas en satisfacer la demanda del Estado. Al consumidor no le queda más remedio que consumir el producto subvencionado, aunque ha dejado de satisfacer sus expectativas, o dejar de consumirlo completamente.
Cuando, en esta situación, cambia la política económica del Gobierno, esto es, decide que hay que fomentar otro sector económico, las empresas hasta ahora subvencionadas dejan de ser viables. El consumidor no está dispuesto a pagar el precio que se necesita para cubrir los costes sin la subvención por un producto que no satisface adecuadamente sus necesidades.
En esta situación dramática, el proceso de readaptación a las necesidades del cliente no es inmediato. Y puede llevar a la empresa a la desaparición, de forma que se destruya completamente el sector. Ya no quedan ni las empresas que originalmente satisfacían las necesidades del cliente, ni aquellas que adaptaron sus actividades para satisfacer los requerimientos públicos.
Así pues, las empresas deberían rehuir y evitar todo tipo de subvenciones públicas, e incluso contratos públicos (este planteamiento no es, evidentemente, realista para aquellos sectores en que el único demandante es el Estado). Es obvio que en el corto plazo nadie es capaz de rechazar un dinero aparentemente llovido del cielo. Pero también lo es que ajustarse a las necesidades del Estado en vez de a las de la demanda del mercado deja la sostenibilidad de la empresa en manos del arbitrio de los políticos, en lugar de de su desempeño.
Por desgracia, en España, nuestros principales empresarios parecen tener claro que es más cómodo el corto plazo y el arbitrio que satisfacer las exigencias del cliente.
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