A poco que nos fijemos, observaremos en el día a día el elevado grado de incumplimiento social que generan ciertas leyes y regulaciones, cuyo principal rasgo consiste en la incoherencia de sus contenidos y la ineptitud de sus autores, que no son otros que nuestros afamados y privilegiados representantes políticos.
En los últimos días ha estallado la voz de alarma en torno a la existencia de ciertas prácticas abortistas de carácter ilegal que, al parecer, estaban mucho más extendidas en España de lo que comúnmente se esperaba. La cuestión de fondo a tratar aquí no radica en la conveniencia o no de que una mujer pueda disponer libremente de su cuerpo a la hora de decidir la interrupción de su embarazo más allá de los plazos legalmente establecidos o médicamente razonables, sino en constatar el hecho de que las leyes, en muchos casos, no responden a su auténtica finalidad: establecer un marco de convivencia común acorde con las prácticas que se desarrollan en el seno de la sociedad.
El denominado Estado de Derecho, al derivar exclusivamente de las directrices ideológicas que marca un determinado Gobierno, se convierte en una realidad virtual que poco o nada tiene que ver con lo que sucede diariamente en la práctica, que no es otra cosa que el incumplimiento reiterado de la normativa vigente. Así, por ejemplo, la Ley Antitabaco nació con el objetivo de restringir hasta el extremo los espacios aptos para fumadores con la ilusión de que dicho hábito se acabaría viendo reducido con el paso del tiempo. Sin embargo, el consumo de este producto nocivo se mantiene en niveles muy similares al de las etapas previas a la entrada en vigor de la citada normativa.
Los jóvenes españoles, menores de edad, siguen abrazando además este hábito sin mayores dificultades a pesar de su prohibición. La medida ideada para controlar el acceso a las máquinas expendedoras en los locales de ocio, consistente en un pequeño dispositivo de control remoto que ha de ser activado por los camareros para poder comprar una cajetilla, se ha convertido en un artilugio ciertamente incómodo, tanto para el profesional como para el consumidor, hasta tal punto que su uso generalizado ha acabado por ser desterrado en numerosos bares, restaurantes y pubs de nuestra geografía. En los banquetes y en las bodas se sigue fumando, como no podía ser menos, al tiempo que un creciente número de locales obligados por ley a establecer espacios separados para fumadores y no fumadores han optado definitivamente por ignorar la normativa, dados los perjuicios que estaba provocando a sus negocios.
Mucho más grave y paradójico resulta la extensa legislación penal referida al uso y distribución de drogas. Y es que, a pesar de las amplias restricciones legales impuestas en este ámbito por la clase dirigente, España tiene el dudoso honor de encabezar el ranking mundial en cuanto al consumo de estupefacientes tales como el cannabis, la cocaína o el éxtasis, entre otros. La guerra contra las drogas emprendida por el Gobierno está perdida desde el inicio, pero ello no ha propiciado ni siquiera la apertura de un debate público sobre la despenalización de este tipo de prácticas, cuya persecución desperdicia un ingente volumen de recursos públicos cada año.
El elevado incumplimiento de las normas de tráfico constituye otro ejemplo claro y evidente del distanciamiento que persiste entre las reglas que emanan del poder legislativo y la realidad que se deriva de la práctica social. Los límites de velocidad impuestos sobre las carreteras nacionales son más acordes a una señalización viaria del siglo XIX que a una propia del siglo XXI, en donde los vehículos presentan una creciente potencia y mayores niveles de seguridad.
Ámbitos tales como el urbanismo o el fraude fiscal reflejan igualmente que las leyes vigentes animan a los ciudadanos a bordear una normativa que no puede ni debe ser considerada como justa, ya que ésta apenas logra imponer la superioridad moral y ética que precisa para poder ser socialmente respetada. El problema de fondo es que el Derecho positivo nace con el fin último de moldear al antojo de la clase política los roles y prácticas que desempeñan los individuos en su vida cotidiana. La reciente Ley de Igualdad o la aberrante prohibición impuesta a los padres de poder corregir con un cachete a sus hijos son los penúltimos capítulos de una errónea concepción acerca de la formación de las leyes que han de regir en una sociedad.
El Estado de Derecho y, por lo tanto, lo que ha de entenderse por Justicia, nada tiene que ver con el actual modo de legislar que ostentan los gobiernos democráticos. Una ley es justa cuando los sujetos obligados a su cumplimiento la asumen como tal al considerarla razonable y conveniente para el correcto funcionamiento de la vida en común, de tal modo que su quebranto supone, en esencia, una excepción digna de ser condenable y condenada. Mientras que en la actualidad sucede más bien lo contrario: la excepción (el incumplimiento de la norma) constituye la regla.
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