¿Solidaridad impuesta?

Se debe estar dispuesto a ayudar antes de que un tercero (el Estado) obligue a hacerlo.

El caso argentino

Conforme a los pronósticos, el conjunto de medidas económicas implementadas en los primeros meses de gestión del actual Gobierno argentino bajo el mando del presidente Alberto Fernández apuntó al aumento de impuestos y cargas sobre el sector privado y al mantenimiento o fortalecimiento de los controles sobre las operaciones en moneda extranjera.

Entre las disposiciones más relevantes, está la aplicación mediante una ley denominada Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) un gravamen del 30% a la compra de billetes y divisas en moneda extranjera; el mantenimiento de la restricción de compra de dólares en un máximo de 200 dólares por mes por persona; un aumento de las alícuotas del impuesto a los bienes personales, hasta un 2,25% en el caso de los bienes tenidos en el exterior, sin modificar el monto Mínimo No Imponible de “2 millones, excluyendo la vivienda personal de uso habitacional por hasta un valor de 18 millones de dólares[1]”, equivalentes hoy a menos de 250.000; el aumento de la tasa de estadística para las importaciones del 2,5% al 3%; la disposición mediante Decreto de Necesidad y Urgencia en el marco de la Emergencia Pública en Materia Ocupacional de la doble indemnización por despidos sin causa por un plazo de 180 días para los trabajadores del sector privado[2]; y la suspensión de la fórmula de actualización de las jubilaciones, atada a los índices de inflación y los salarios del sector público, reemplazándola por alzas de suma fija[3].

Este paquete de normativas se emitió con el trasfondo de una Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, proveniente del poder ejecutivo, y fue refrendado en el discurso presidencial. Alberto Fernández afirmaba, por ejemplo, en enero de este año que “[y]o sé que a los que están mejor les duele que uno les pida más esfuerzo. […] Todo ese dolor será saldado cuando veamos que ya en la Argentina no hay hambre, que la pobreza disminuye y que los que no tienen casa hoy la tienen, cuando todos veamos que vivimos en una Argentina más solidaria donde todos tenemos los mismos derechos”.[4]

La relación impuestos-solidaridad

El caso del actual Gobierno argentino puede ser paradigmático, pero por cierto no es el primero de una larga tradición de argumentación, tanto en el ámbito político como en el académico, que se basa en la justificación de impuestos y controles como medios para instrumentar la solidaridad. En el documental Requiem for an American Dream, por citar un ejemplo, Noam Chomsky argumenta que la formación de políticas contrarias al sistema de seguridad social estadounidense responde a intenciones premeditadas de los ricos y poderosos de erradicar de la cabeza de la gente las emociones humanas básicas de solidaridad y de inculcar la idea de que debemos ocuparnos únicamente de nuestro bienestar material personal sin importarnos en absoluto el del prójimo. El argumento es que, como el sistema no tiene utilidad para los ricos, estos apuntan a destruirlo y privatizarlo. Chomsky añade que el principio de solidaridad reza: “estoy feliz de pagar impuestos para que el niño de enfrente pueda ir a la escuela”.[5]

Más allá de las diferencias y los matices que puedan establecerse entre el concepto de solidaridad y otros afines (caridad, altruismo, etc.), es indudable que la solidaridad se considera una virtud. Ser solidario es algo bueno, y todo lo que se califique de “solidario” tendrá, por tanto, una connotación positiva. La solidaridad constituye, efectivamente, una virtud a la que se debe aspirar y fomentar. Asimismo, debemos admitir que el libre mercado no es condición suficiente para lograr un aceptable nivel de solidaridad, ya que podemos disponer nuestras fuerzas productivas al servicio de los consumos más irreflexivos y “egoístas” que podamos imaginar. Pero esto no implica en absoluto que entonces sea la intervención estatal la que rectifique esta posible carencia de solidaridad en el comportamiento económico de las personas. Y, de hecho, no lo hace.

Vamos entonces al meollo de la cuestión: “impuesto solidario” es una contradicción en los términos. La solidaridad requiere que no haya intermediario alguno entre, por un lado, el que aborda una acción benéfica motorizado por ese sentimiento humano básico del que habla Chomsky y, por el otro, el carenciado beneficiario de la acción. No hay mérito moral en lo que se es forzado a hacer.

La voluntad individual es clave en la valoración de la acción solidaria

Si advertimos la función esencial que cumple la voluntad individual en la viabilidad de la solidaridad, vemos más claramente que el Estado asume un doble rol contradictorio: a la vez fuerza a los individuos a hacer algo que, asume, no harían por voluntad propia, y al mismo tiempo intenta convencer (mediante lenguaje de connotación positiva, campañas y educación pública) a esos mismos individuos de que hay una motivación moralmente legítima (o sea, que ya debería formar parte de su voluntad). Si tiene mérito moral el ser solidario por voluntad propia, no hay necesidad de interceder en absoluto en la vida de los individuos que fueron exitosamente educados al respecto por el Estado (o sea, los que ya demuestran ser solidarios). Y si es que el ser solidario no tiene mérito moral alguno, entonces no es un valor que merezca inculcarse, y menos aún por la fuerza.

En todo caso, queda claro un principio muy importante: lo que juzgamos moralmente bueno o malo no es la mera acción, sino lo que yace en las intenciones de los seres humanos; de ahí la relevancia de conceptos tales como el dolo o la premeditación en la interpretación de una acción. En la valoración de una acción como más o menos solidaria, no podemos soslayar la voluntad, las motivaciones, las intenciones del individuo. ¿Y cuáles pueden ser las motivaciones de la acción solidaria?

Fijémonos que cuando se habla de solidaridad, casi indefectiblemente se hace alusión directa o indirecta al “sentirse mejor con nosotros mismos”. Esto es de esperar, si, como hemos dicho, la solidaridad es una virtud. Pero ¿qué es lo que recibo a cambio de ser solidario? ¿Una medalla? ¿Una palmada en los hombros acompañada de una benévola sonrisa? ¿Una sensación cálida en el plexo solar? Se dice que la acción solidaria es desinteresada, pero debemos advertir que, estrictamente, algo vuelve en la dirección opuesta, aunque más no sea la satisfacción de haber ayudado. Pero una condición necesaria para que el solidario sienta esa satisfacción es que esté dispuesto a ayudar antes de que un tercero (el Estado) lo obligue a hacerlo bajo amenaza de castigo.

Y esa satisfacción se somete al siguiente balance subjetivo: si lo que siento de agradable por haber llevado a cabo una acción solidaria cualquiera sobrepuja lo que siento de desagradable por haber cedido mis recursos o mi tiempo, entonces la acción solidaria habrá sido justificada, de lo contrario, no.

Conclusión

Esta breve introducción -a partir del caso argentino- al análisis conceptual de la solidaridad y de su relación con la injerencia del Estado en la voluntad del individuo, por cierto, excluye otras importantes consideraciones que constituyen críticas adicionales a la idea de la solidaridad impuesta. Estas podrán ser tratadas en futuros ensayos. Aquí nos hemos limitado a establecer que la solidaridad se concibe como una virtud, pero que los impuestos y controles sobre los individuos no constituyen medios adecuados para instrumentarla. La voluntad y la predisposición del individuo a favor de la acción solidaria son condiciones necesarias para que la solidaridad sea genuina.

La total falta de empatía que describe Chomsky es ciertamente una actitud lamentable, pero no es el mantenimiento del sistema de seguridad social lo que nos salvaguardará de la existencia de tal actitud. La creciente pobreza de la Argentina a la que alude Fernández es una calamidad, pero la Argentina más solidaria que pregona el presidente y la “Reactivación Productiva” de la que habla su Ley Solidaria están muy lejos de estar garantizadas por imposición.