La historia y las fricciones geopolítica son inseparables de la realidad cultural de una región. Por ello, aunque muchas cosas se nombrarán de pasada en este artículo, no es por desidia, sino por un genuino interés en no desviarnos en interesantísimas tangentes. Probablemente una forma más sensata de empezar sería respondiendo a una pregunta elemental, ¿qué es el machismo? Consultada la RAE nos encontramos con dos definiciones: “Actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres.” y “Forma de discriminación sexista caracterizada por la prevalencia del varón.”.
La primera no da lugar a muchas dudas. El hombre machista es aquel que manifiesta una actitud soberbia, faltona y de abierta superioridad respecto a las mujeres. Por lo contrario la segunda apela a conceptos más generalistas como la discriminación, que a diferencia de una palabra con las connotaciones negativas de prepotencia, en los últimos años se ha blandido como una suerte de hoja de doble filo, capaz de mejorar o empeorar una sociedad según cómo se use.
El machismo como actitud
En una sociedad democrática y liberal a priori no se dispone de los medios como para combatir a la primera definición. Uno podría considerar que el machismo como una actitud es un mal necesario en una sociedad libre. Puestos el uno contra el otro en una balanza, entraríamos a analizar si el derecho a vulnerar, la libertad, es más importante que el derecho protegido, es decir, el honor de la mujer que padece dicha actitud. Nuestro ordenamiento legal tipifica y registra las distintas formas en las que se pueden cometer delitos contra el honor, amparándose en una máxima tan magnánima como la de “La libertad de un individuo termina donde comienza la de los demás”.
En ese sentido, la libertad y la igualdad ante la ley que promulga nuestra Constitución es bastante clara. Siempre que esa actitud machista no desemboque en violencia, ya sea física o sexual, o interrumpa coercitivamente la búsqueda de la felicidad de una particular, se considerará un mal necesario, la consecuencia de un marco jurídico que acoge a personas libres y responsables de sus actos.
Es por ello que no debería sorprendernos que cuándo el poder político ha tratado de combatir al machismo, haya blandido en su contra una herramienta tan subjetiva y volátil como la ofensa. Cuándo uno se ofende trasciende al acto que se ha llevado a cabo, y entra en juego la reacción que el individuo tiene respecto al mismo. No es tanto el acto en sí, sino la emoción personalísima e indemostrable que dicho acto suscita en el individuo. Cuándo el marco jurídico protege la libertad de acción de un oponente político, clamar que dicha acción es tan dañina como una coacción reequilibra dicha balanza.
La solución judicial
¿Pero por qué querría el poder político reequilibrar la jerarquía de los derechos protegidos? ¿Qué soluciones pueden llegar a plantearse? Por un lado tenemos una solución puramente judicial. Este supuesto se basa en el derecho y la interpretación de normas jurídicas vigentes, es decir, es una solución eminentemente conservadora y que confía en el ordenamiento jurídico actual. Su carácter es individualizado, limitándose a las partes involucradas de un caso particular, y su alcance es limitado a las partes implicadas, sin buscar rediseñar las estructuras sociales e institucionales.
Por el otro lado, y como una suerte de antagonista en cuánto a su forma de operar, tenemos los medios por los que se ha intentado combatir al machismo en los últimos años, que pasan principalmente por soluciones políticas. En este caso, si bien se busca la creación o modificación de leyes, también nos encontramos con la implementación de políticas públicas o estrategias gubernamentales que buscan abordar el problema de forma más amplia y sistémica. Nos encontramos aquí con un opuesto a la solución jurídica, pues estas medidas tienen un carácter claramente general y dinámico, siendo su alcance de amplio impacto social.
En algunos casos una solución judicial puede impulsar una solución política, tal y como ocurre cuando un fallo del Tribunal Constitucional obliga a los legisladores a rediseñar una ley. Pero por lo general, y en línea del interés por la ofensa ad hominem a la que me refería anteriormente, lo que provoca es un conflicto entre una realidad lógica determinada por individuos libres y una objetiva dictaminada desde el poder.
No es la actitud, es la violencia
Pero dejémonos de tecnicismos por un momento. Algo en lo que todas las partes parecen estar de acuerdo es en que la verdadera amenaza no es tanto esta actitud de superioridad, sino en cómo la misma se manifiesta en actos delictivos como la violencia o las violaciones. Se ha perpetuado un discurso abiertamente misándrico, que ha pasado bajo el radar de la indignación pública en pos de considerarse, una vez más, un mal necesario.
En los últimos años hemos podido ver cómo el deseo de proteger a las mujeres de las manifestaciones más violentas de esta actitud superioridad se han visto reflejadas en la creación de leyes como la 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LIVG). En su momento no fueron pocos los que consideraron que dicha ley suponía un retroceso judicial en aspectos como la presunción de inocencia y de igualdad ante la ley, alterando el equilibrio constitucional previo. Es una ley que presenta una clara asimetría penal entre hombre y mujeres, merma las garantías procesales a través de un uso intensivo de las medidas cautelares (órdenes de alejamiento o la prisión provisional) y terminó provocando una inversión en la carga de la prueba.
Ley integral contra la violencia de género
Abandonando de nuevo los tecnicismos, el mero hecho de que la LIVG establezca una diferenciación jurídica explícita basada en el género del agresor y la víctima, supone una contradicción del principio constitucional de igualdad ante la ley. Tampoco cabe olvidar que ya han pasado veinte años desde la implantación de esta ley, dando pie a chapuzas como la polémica ley del “solo sí es sí”, el desarrollo de tribunales especializados, la progresiva ampliación del concepto de violencia de género y la creación de un ministerio de igualdad.
¿Y cuáles han sido los resultados? ¿Pueden todas estas medidas defenderse con datos?
Pues la verdad es que no. En los últimos años las estadísticas han mostrado un incremento ya no solo en el número de agresiones sexuales denunciadas, sino en las atendidas. En el Hospital Clínic de Barcelona se han atendido a 624 víctimas de agresiones sexuales entre enero y octubre de 2024, representando un aumento del 12% respecto al año anterior. Cabe tener en cuenta que más allá de la la reforma legal, se han destinado ingentes recursos tanto a la protección y apoyo de las víctimas como a la concienciación social, que pese a todo han desembocado en estos tristes resultados.
Los objetivos políticos vs las causas reales
No hay que olvidar que la alteración de la fórmula praxeológica inherente a la forma de actuar de la administración pública, lleva a que la misma actúe por los motivos erróneos, lo que en la mayoría de los casos desemboca en la consecución de los objetivos equivocados. Un empresario, por ejemplo, crea puestos de trabajo como un medio para expandirse y hacer frente a una demanda creciente, mientras que un político ve la creación de los mismos como un fin en sí mismo.
En ese sentido, el diseño de todas estas medidas políticas de lucha contra el machismo a priori parece un plan redondo, pues no solo se combate una situación injusta y peligrosa, sino que en el camino se crean puestos de trabajo y se reeduca campañas masivas, financiadas por supuesto a través del gasto público. Sin embargo esto desemboca en la creación de las tan temidas redes clientelares, que al final del día serán defendidas por sus beneficiarios, por mucho que sus objetivos disten mucho de cumplirse.
Tampoco cabe desdeñar la importancia de la superioridad moral. La lucha contra el machismo se ha aderezado siempre con una importancia trascendental y con una manifiesto maniqueísmo. El partido que defienda tales medidas, el que coloque una gigantesca pancarta contra la violencia de las mujeres y el que más gaste en puntos violetas es el más virtuoso. Por lo contrario, cualquiera que se oponga a dicho modus operandi es un misógino que lucha contra el progreso, por mucho que la implementación de todas estas medidas culmine en una sociedad más injusta y en unas mujeres más indefensas.
Íñigo Errejón
Especialmente relevante resulta el reciente desliz de Iñigo Errejón contra la misma ideología de género que él mismo puso en la primera línea del debate político. No fueron pocos los que dijeron aquello no era ninguna incoherencia, que el machismo puede manifestarse en hombres tanto de izquierdas como de derechas, si bien sus propios discursos llevan años recogiendo que el hombre de derechas, o simplemente aquel no afín a sus principios, es más misógino, y por lo tanto más propicio a llevar a cabo los crímenes derivados del machismo. Dicho de otra forma, que uno no es machista dolosamente, sino por omisión.
Resulta también curioso las increíbles piruetas lingüisticas que Errejón ha empleado para justificar su caso. Como diría Díaz Villanueva, se expresó en perfecto perroflautés, pese a que he terminado por usar mucho el término acuñado por Tik History: ideobabble, que viene a significar algo así como el uso de ciertas palabras o ideas abstractas y apenas indistinguibles de una algarabía, con el fin de causar que la gente se someta a las mismas.
¿Los cromosomas marcan el carácter?
Sin entrar a analizar en profundidad sus declaraciones, nos encontramos una vez más la prevalencia de un discurso intangible e indemostrable: que el varón es ontológicamente malvado a menos que se legisle para lo contrario, frente a los hechos, y es que todas estas medidas suponen un lucro político muy jugoso en forma de redes clientelares y una desmantelación de las garantías legales constitucionales, sin las que los disidentes y oponentes políticos pueden ser silenciados, perseguidos y encarcelados sin obstáculos.
Dicho de otra forma, aunque las mujeres sigan padeciendo las penurias que empujaron a la creación de estas medidas en primer lugar, la utilidad política de manejar grandes cantidades de dinero y de tener la superioridad moral de señalar al adversario seguirán impulsando estas medidas, no el deseo de que estén más seguras.
¿Qué es lo que acaba con el machismo?
Reducir la violencia contra las mujeres y erosionar las actitudes que atenten contra su libertad es un cometido loable y en el que todo el mundo, sea de izquierdas o derechas, está interesado. Una polarización tan general como la de los géneros es absolutamente contraproducente en una sociedad próspera que quiere al mayor número de profesionales mejorando el día a día de los particulares, a menos claro que uses dicha polarización para elevarte moralmente o enriquecerte. ¿Pero qué se puede hacer para combatir activamente al machismo?
Si uno observa los países en los que las mujeres gozan de mayores libertades y derechos, nos encontramos con que nada impulsa el fin del machismo como el desarrollo económico, el acceso a la educación y el desarrollo de infraestructuras que faciliten el acceso a servicios legales y sociales. Si una economía es precaria, la capacidad de una mujer de abandonar una relación abusiva es limitada. Y si se crean sistemas judiciales paralelos en vez de reforzar los existentes, la protección de derechos es más difícil. Se tiende a legislar como si delitos como las agresiones o las violaciones no estuvieran tipificados antes del feminismo, cuándo lejos de trabajar sobre ellos se les ha dado un uso partidista.
Redes clientelares
Se sigue gastando en estas redes clientelares que organizarán manifestaciones, crearan puntos violetas, pondrán pancartas y harán talleres, aún cuándo no protejan a las mujeres ni mejoren sus vidas. Si estos mismos recursos se invirtieran en dar recursos a los cuerpos de seguridad y a las estructuras judiciales ya existentes, la mejora sería significativa. Es más, si el gasto público se redujera y la economía mejorara, el machismo y sus manifestaciones también se reducirían.
Hay un manifiesto redito político en pretender que todas estas medidas que se impulsan para luchar contra el machismo son la única opción viable, tanto para desmantelar el estado de derecho como para generar jugosas redes clientelares. Sin embargo, ninguna de estas medidas desemboca necesariamente en el fin del machismo o en una mejora de la vida de las mujeres.
Ver también
No hay ‘lacra machista’ en España. (Manuel Llamas).
Si no navegas, es culpa del machismo. (Daniel Rodríguez Herrera).
No, España no es un país machista. (Manuel Llamas).
El factor Y. (José Carlos Rodríguez).
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