"La Comunidad Autónoma de Madrid, financiará antes del final de legislatura las operaciones de cambio de sexo de los transexuales". La noticia no debe extrañar, ni siquiera por el hecho de que se trate de una medida adoptada por una comunidad autónoma gobernada por el partido conservador de la oposición, con una de las figuras más señeras de su sector liberal al frente. Quizás llame la atención el toque de exotismo que inevitablemente tiene el sector al que va dirigida esta "política de progreso" o "nueva implementación de un derecho de ciudadanía", por usar la jerga al uso, pero en la lucha por captar nuevas clientelas electorales, el político juega sus cartas sin que el color de las siglas que representa tenga mayor relevancia.
La política en ejercicio y el liberalismo son realidades antitéticas. Un oxímoron, como afirmar la existencia de un hierro de madera o un socialista inteligente. Y no se trata de una perversión, sino de una simple cuestión de prioridades. Lo importante para un político es conservar el poder, y en un sistema democrático el poder lo dan los votos de las mayorías, no el nivel de racionalidad de las decisiones adoptadas. Para captar mayores capas de votantes, el político necesita ampliar su campo de acción con mayores recursos financieros, pues no hay forma más efectiva de ganar el favor popular que distribuir abundantes subvenciones entre toda clase de kolectivos, lo que exige inevitablemente acotar de forma proporcional la libertad de los individuos y su propiedad privada. A más poder estatal, menor libertad. La ecuación no falla.
Desde que la noticia saltó a las páginas de los periódicos, las reacciones de quienes defendemos algunos principios vinculados a la tradición liberal pecan de excesivo reduccionismo. No se trata de dilucidar si los transexuales, los zoófilos o los informáticos zurdos adictos a los videojuegos tienen derecho a que el estado les transfiera parte de la renta que incauta al resto de ciudadanos, sino de quitar a los políticos el poder de decidir la entrega de nuestro dinero en función de sus cálculos partidistas.
En esta cuestión concreta, lo único sensato desde el punto de vista liberal, es exigir libertad para que cada uno decida si quiere o no seguir vinculado al régimen público de seguridad social; no entrar en debates sobre si este o aquél kolectivo tienen más derecho que otros a fagocitar nuestros bolsillos.
La nota de prensa de la Comunidad de Madrid en este caso concreto lo expresa muy claramente: "Se trata de dar una respuesta a las necesidades de este colectivo". Bien, que den la respuesta que estimen oportuna, pero siempre y cuando nos den la posibilidad de decidir, a nuestra vez, si queremos o no participar voluntariamente en este permanente festival redistributivo. De esta forma, siendo todos y cada uno responsables de nuestra salud, nadie se quejaría de sentirse menospreciado a la hora del reparto de la tarta estatal. Entre otras cosas porque esa "tarta", hoy de dimensiones gigantescas, probablemente quedaría reducida a un bizcochito.
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