Una propuesta de liberalización televisiva y radiofónica

Con la excusa, cada vez menos creíble, de las limitaciones técnicas, y la de un supuesto máximo de emisoras asimilables por el mercado publicitario, los Gobiernos de prácticamente todos los países establecen sistemas de licencias televisivas y radiofónicas que les permiten limitar el número de emisoras presentes en su territorio.

Esto permite a los Ejecutivos, tanto nacionales como de administraciones territoriales (como los ayuntamientos y estados federados, comunidades autónomas o similares), crear sistemas donde se favorece a empresas de comunicación afines y se recorta la libertad de expresión, al impedir la entrada en acción de nuevas cadenas o emisoras contrarias al gobernante de turno.

A esto se suma que el sistema de licencias permite que quien gobierna en un territorio, con independencia de que sea un país, una región, estado, municipio u otro, disponga de un útil instrumento de coacción sobre los críticos. Se trata de la amenaza de no renovar o incluso revocar el permiso para emitir. Es necesario, por tanto, un modelo de reparto del espacio radioeléctrico (para transmitir por cable no debería ser necesario ningún tipo de reparto más allá del acuerdo entre empresas privadas) que lo liberalice de verdad y permita una verdadera libertad de medios audiovisuales sin interferencias políticas.

A continuación presentamos una propuesta para España pero que, con ligeros cambios relativos a la división administrativa, podría ser igualmente aplicable a cualquier otro país.

1. Cierre o privatización de las radios y televisiones de titularidad pública.

2. Eliminación de participaciones máximas permitidas en una o varias emisoras de radio o televisión.

3. Suspensión absoluta y definitiva de cuotas de emisión por nacionalidad de la producción u otros factores (como idiomas, por ejemplo).

4. Definición de "ámbitos" de espectro radiofónico para su uso por tipos de emisiones: radio digital, radio analógica, televisión digital, televisión analógica, telecomunicaciones (telefonía móvil, internet por radio y otras posibles futuras tecnologías).

5. Fragmentación de cada uno de esos "ámbitos" de espectro en "zonas" de frecuencia reservadas a las distintas áreas geográficas de emisión: nacional, autonómica, provincial, comarcal (o insular para los archipiélagos) y municipal (este último se puede a su vez dividir por barrios en caso de ciudades de cierto tamaño). En las comunidades uniprovinciales, las "zonas" de emisión autonómica y provincial se sumarían, mientras que en Ceuta y Melilla estas dos se unirían a la comarcal y municipal.

6. Dividir cada una de estas "zonas" en la mayor cantidad posible de franjas de emisión técnicamente viables (en la actualidad casi no existe límite).

7. Eliminación del sistema de licencias. Se sustituye estas por una mera "comunicación" administrativa por parte de la empresa u organización (el sistema estaría abierto a su uso por parte de todo tipo de asociaciones que estuvieran dispuestas a participar en él usando fondos privados para ello) interesada en usar una franja de emisión disponible hasta ese momento. El nuevo actor tan sólo tendría que informar de su intención de comenzar a emitir, en qué frecuencia lo haría y para que ámbito territorial.

8. Establecimiento de un periodo máximo para comenzar a emitir, a fin de evitar que alguna compañía comunique que va a usar una gran cantidad de frecuencias y no lo haga, para evitar que éstas sean usadas por otras empresas u organizaciones.

9. Instauración de un sistema de inspección. Podría ser privado pero (dado que los Estados no estarían dispuestos a ceder hasta este punto) también sería factible un organismo mixto. Tendría como función supervisar que se producen las emisiones y dispondría de capacidad de establecer que una frecuencia ha vuelto a quedar libre, pero sólo tras un periodo sin emisiones lo suficientemente largo como para que no se deba a problemas técnicos o empresariales que se puedan resolver a corto o medio plazo. Este organismo podría no instaurarse y sustituirse mediante el recurso a los tribunales o a un sistema privado de arbitraje.

Este modelo sería, sin duda alguna, mejorable. Sin embargo, podría ser un buen punto de partida para establecer un sistema de medios audiovisuales realmente libre y sin interferencias políticas.