Al comunismo siempre le ha fastidiado la división de poderes, pero como dicen Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su libro Cómo mueren las democracias, “ahora las democracias no terminan con un bang (un golpe militar o una revolución), sino con un leve quejido: el lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales, como son el sistema jurídico o la prensa…”.
En España son muchos los juristas, escritores y especialistas que muestran su preocupación porque consideran que ha comenzado la demolición del Estado con la destrucción de su independencia judicial mediante su politización y nombramiento de los jueces.
Tampoco ha faltado quien establezca paralelismos aterradores entre el camino que está tomando España y la experiencia que en las últimas dos décadas ha señalado el camino hacia la destrucción institucional de Venezuela.
Son muchos los testimonios que circulan en las redes sociales donde, primero como candidato y luego como presidente, Hugo Chávez manifiesta su vocación democrática y su empeño en conducir al país hacia una “democracia verdadera, participativa y protagónica”. Sin embargo, apenas tuvo la oportunidad, comenzó a desarrollar su plan de desmantelamiento de las viejas instituciones democráticas, empezando por el poder judicial, pieza clave en sus intenciones de eterna permanencia en el poder.
Según la Constitución de 1999, los veinte magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) serían elegidos por la mayoría de 2/3 de los diputados de la Asamblea Nacional. Pero en 2004, comenzó a enseñar los dientes y al comprobar que tenía la fuerza suficiente aumentó, mediante una ley, de 20 a 32 los jueces del TSJ y decidió que estos serían elegidos por mayoría simple. Hay que recordar que en esa época eran frecuentes las visitas de dos jóvenes politólogos españoles que salían con regularidad en Venezolana de Televisión (VTV) y coincidían con Chávez cuando este decía que a Europa la tenía arruinada el neoliberalismo. Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero ratificaban lo que ellos consideraban “los grandes logros de Venezuela en todos los órdenes, que servían de ejemplo a los ciudadanos europeos” y añadían que “le daba mucha envidia los españoles que viven en Venezuela, que es un ejemplo democrático”.
Fue tan demoledor y contundente el golpe de efecto que tuvo el control judicial por parte del régimen venezolano que hasta la fecha el chavismo no ha perdido ni una sola sentencia en el TSJ. Un estudio hecho por el abogado venezolano Antonio Canova, publicado en el libro llamado El TSJ al servicio de la revolución, determinó que de las 45.474 sentencias emitidas por el máximo tribunal ninguna ha sido dictada contra el gobierno. Así cumple este tribunal la función para la cual fue diseñado: legitimar jurídicamente las decisiones y actuaciones del régimen y garantizar la permanencia y supervivencia de la revolución.
Adicionalmente, la Comisión Internacional de Juristas, la cual goza de estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social de la ONU desde 1957, publicó un documento de 56 páginas denominado “Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela: Un instrumento del poder ejecutivo”. Entre otras consideraciones, el documento resalta en su introducción hechos recientes como el de marzo de 2017, donde el TSJ suspendió los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional, arrogándose competencias legislativas, eliminó la inmunidad parlamentaria y otorgó amplio poderes al Ejecutivo. El 3 de abril de 2017, la OEA declaró que las decisiones del TSJ son incompatibles con la práctica democrática. Tal es el abuso de poder de este órgano judicial que Maduro impugna cualquier decisión de la Asamblea Nacional para que el TSJ lo anule.
Este es el régimen que tanto admira el vicepresidente español. No es extraño que quiera cumplir su sueño de plagiarle las ideas al Comandante o ¿establecer la franquicia en España? Como dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid con motivo de la visita del presidente Juan Guaidó a España, “lo que está pasando en Venezuela nos puede pasar a nosotros”. Ese mismo día señaló que el Gobierno de Pedro Sánchez está preso de los herederos del chavismo.
No es casual que ahora que Podemos forma parte de un Gobierno de coalición con el PSOE se esté discutiendo en todo el país y hasta en Europa la propuesta socialista de demolición del Estado con la destrucción de su independencia judicial mediante el nombramiento de los jueces. En España 12 de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) venían siendo elegidos por los propios jueces, mientras que los otros 8 los elegían el congreso y el senado. Lo que proponen PSOE y Unidas Podemos es que el congreso y el senado puedan elegir a los seis vocales que corresponden a cada cámara con mayoría absoluta en segunda votación, por tanto el Gobierno busca rebajar el porcentaje de diputados y senadores necesarios para nombrar a los 12 miembros del órgano judicial.
Las asociaciones de jueces no ven con buenos ojos la propuesta del Gobierno, ya que según ellos viola el artículo 122.3 de la Constitución. Sin embargo, Pedro Sánchez mantiene la reforma del poder judicial pese al aviso de Bruselas de que la misma podría violar las normas comunitarias y pondría en peligro la independencia judicial. Pablo Iglesias sabe que esto atenta contra el corazón del Estado de derecho, contra la división de poderes, pero a él siempre le ha importado más Marx que Montesquieu. Nunca ha negado que su prioridad es el control de la justicia. Su obsesión por convertir a España en la Venezuela mediterránea sigue su marcha.
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