Venezuela: militares en el poder

Esta corrupta casta militar es el pilar que sostiene a Maduro.

La etapa democrática venezolana que se inició en 1958 con la caída del último régimen militar se materializó con la entrega del poder a un régimen civil. Los soldados volvieron a sus cuarteles y fueron sometidos al cumplimiento de su trabajo profesional. La llegada de un nuevo sistema electoral, que permitía cambiar de gobernante, fue apagando poco a poco la nostalgia por los Gobiernos militares. Se impuso en el país la división de poderes y los uniformados aceptaron su nuevo rol. Ahora la fuerza armada debía consagrarse a la defensa de la constitución y a mantener la integridad territorial y la soberanía nacional.

Pero el chavismo, apenas asumió las riendas del país, alteró el ordenamiento jurídico relacionado con la institución militar, y modificó esencialmente su misión. Ahora los militares son empresarios, ministros, gobernadores, ejecutivos, y se pueden poner y quitar el uniforme según sea su rol civil o militar. El chavismo los convirtió en instrumentos para solucionar la crisis de política interna y someter a la población a sus caprichos e intereses.

Hugo Chávez, nada más llegar al poder, creó una constitución que le permitiera hacer realidad su sueño totalitario. Para ello necesitaba someter a las fuerzas armadas y manejarlas a su antojo; eliminó el artículo que decía que estas eran una institución “apolítica, obediente y no deliberante”. Les concedió a los uniformados el derecho a votar y comenzaron a ser ideologizados y politizados. Los militares pasaron a copar todos los cargos de responsabilidad y a intervenir en todo tipo de actividades hasta ahora ocupadas por civiles. Así, podíamos verlos en jornadas de corte de pelo o de bote de escombros. Los ascensos comenzaron a convertirse en premios, y se les impuso el lema “patria, socialismo o muerte”, copiado de los cubanos.

Cuando el chavismo cumplió diez años en el poder los efectivos militares habían pasado de 79.000 a 115.000. Pero a partir de 2013 hubo un salto a 273.000, más del doble. Cuando Maduro llegó al poder, las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) superaron los 2.000 generales. Según el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Craig Faller, es más de lo que tiene la OTAN combinada.

Las FANB tienen bajo su dirección más de 20 empresas, incluyendo bancos y canales de televisión, Petróleos de Venezuela (PDVSA), minería, la recolección de impuestos a través del SENIAT, donde gobierna desde hace años el hermano de Diosdado Cabello, una aseguradora, una gran empresa de transporte de valores, instituciones para el manejo de fondos e inversiones sociales, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), corporaciones nacionalizadas del cemento y del asfalto, empresas estatales aéreas y aeronáuticas, etc. En la práctica tenemos un verdadero gobierno paralelo, o quizás sea el verdadero Gobierno y Maduro encabece el paralelo.

En 2017, de los 32 ministerios operativos, 12 carteras estaban bajo la administración directa de la responsabilidad militar. La influencia castrense también se observa en el poder ejecutivo estatal y municipal. Como ejemplo, ocho de los gobernadores son funcionarios militares, activos o retirados. En aquellos estados donde gobiernan civiles, estos tienen que someterse o humillarse al control de la guarnición militar correspondiente, solapándose con frecuencia las funciones. Hay que destacar que reina la opacidad en aquellas regiones gobernadas por militares. El Gobierno hace la vista gorda ante aquellas administraciones donde reinan los uniformados. Por supuesto, la rendición de cuentas brilla por su ausencia.

En la Corporación Venezolana de Guayana, antes una de las más modernas siderúrgicas del mundo, siete de los últimos 10 presidentes, desde el año 2000, han sido militares. El actual presidente es el mismo gobernador del estado más extenso del país. De los 11 funcionarios que han estado al frente del Ministerio de Alimentación 10 han sido militares. Todos han manejado dólares preferenciales para importar alimentos.

Pero los militares no solo manejan aquellas dependencias oficiales que les asigna el Ejecutivo, también los altos mandos tienen carta blanca para operar y dirigir casinos clandestinos, que operan a la luz del día en importantes urbanizaciones; en las fronteras son los encargados de vigilar que el contrabando de gasolina y bienes subsidiados no salga (o salga bajo su autorización) del país y manejan barcos pesqueros que revenden en el Caribe combustible subsidiado. Bajo su custodia se encuentran los puertos, aeropuertos y hatos expropiados.

Recientemente, se les ha hecho un jugoso regalo. Ahora pueden manejar a su antojo la explotación irracional de oro en la Guayana venezolana. Por supuesto, no han tardado las mafias militares en asociarse con bandas asesinas que a diario cometen crímenes contra los mineros y se dedican al contrabando de oro y otros metales preciosos. Ha habido numerosas denuncias del régimen primitivo semiesclavista al que son sometidos los mineros en las jornadas de trabajo, bajo la mirada cómplice de los militares, que se enriquecen con el contrabando y el saqueo.

No es extraño que los generales sean propietarios de muchas grandes haciendas de ganado y explotaciones forestales. En algunas regiones participan públicamente como miembros de los gremios ganaderos y empresariales.

A estas alturas, 20 años después de la toma del poder por los socialistas del siglo XXI, Venezuela está seriamente señalada como un país donde el narcotráfico ha encontrado terreno fértil y las mafias militares se han asociado con poderosos narcotraficantes para crear el famoso Cartel de los Soles, cuya cabeza principal es el segundo hombre del régimen, Diosdado Cabello.

Esta corrupta casta militar es el pilar que sostiene a Maduro. Hoy cuando se exige a los militares que retomen su rol como garantes de la constitución, nos encontramos con unas FAN sometidas a los caprichos ideológicos de un régimen que las ha adoctrinado, amarrado y corrompido mediante compromisos y prebendas que las alejan del deber fundamental para el cual fueron creadas. Es esta la razón por la que el llamamiento del presidente Juan Guaidó a las FAN para que apoyen la constitución ha encontrado tanta resistencia. Los altos mandos velan por sus intereses y por su seguridad personal. Sus principios han sido corrompidos por el régimen al abrirles la puerta que los ha acercado a oficios criminales y lucrativos, como el contrabando, el narcotráfico y otras actividades de dudosa legitimidad. Por eso, cuando el general Padrino López dice que tendrán que pasar sobre sus cadáveres, se refiere, en primera instancia, al de él y luego al de su también comprometida cúpula militar, la cual se ha embarrado tanto que les resulta difícil salir.

En fecha tan temprana como el 5 de julio de 1999, el historiador Jorge Olavarría dijo que “(…) el año entrante Venezuela no entrará en el siglo XXI, se quedará rezagada en lo peor del siglo XX. O retornará a lo peor del siglo XIX. (…) lo que Hugo Chávez está haciendo con las Fuerzas Armadas, legal, paralela, metalegal o ilegal, va a llevar a la destrucción de una de las instituciones de mayor prestigio en la sociedad venezolana. Una institución cuyo nivel de profesionalismo ha costado muchos esfuerzos. Aparentemente su deseo es convertir a las FAN en una milicia a su servicio exclusivo”.

El historiador Manuel Caballero afirmó en su libro La gestación de Hugo Chávez que lo peor que había hecho el fallecido presidente fue reintroducir el partido militar en la dinámica política venezolana.

Hasta ahora la casta militar no ha aceptado la propuesta que les han hecho el presidente Guaidó y el Gobierno de Donald Trump. Queda pendiente saber cuáles son sus exigencias, si las tienen, o de verdad prefieren que pasen sobre sus cadáveres.