¿Víctimas sin victimarios?

La arbitrariedad y la inseguridad jurídica auspiciadas por el gobierno capitaneado por Pedro Sánchez Pérez-Castejón sigue desplegándose a una inusitada velocidad. Como muestra de que su alianza con fuerzas políticas que destacan por su flagrante violación de las leyes y las resoluciones judiciales no es meramente coyuntural, coopera con los asaltos a las instituciones de sus socios y muestra el camino por donde torpedear toda noción de estado de derecho en los más variados aspectos de las políticas públicas.

En otros análisis, he aludido a ideología posmoderna que el PSOE adoptó con José Luís Rodríguez Zapatero para pastorear una constelación de extremos sobre los que sustentar la hegemonía política y cultural de su partido, después del agotamiento del caudillismo oportunista y corrupto de Felipe González Márquez. Ahora bien, como comprendió también el primero, acaso ayudado por las teorías de Carl Schmitt, de Karl Marx, Antonio Gramsci o de Michel Foucault, la avaricia doblega voluntades y voluntarios. De ahí que los sedientos de poder absoluto todavía basen su ámbito de actuación en los estados; acepten la democracia cuando les conviene y dirijan sus esfuerzos a subvertir el estado de derecho, sometiendo bajo su control a los jueces y poniendo en marcha una maquinaria de favores y privilegios que impida su derrota en futuros comicios electorales.

En esta ocasión apuntaré someramente a cómo se pretende consolidar instrumentos legislativos autosuficientes para identificar víctimas colectivas a las que otorgar privilegios, soslayando la propia existencia del Derecho. No en vano, éste ya contempla una panoplia de instituciones para averiguar delitos, perseguir a los responsables, imponiéndoles en su caso las penas correspondientes, y resarcir a las víctimas. Al mismo tiempo esa legislación pretende dar cobertura a la imposición de una ideología y una versión facciosa de la historia; introducir la censura y crear una administración paralela, encargada de subvencionar asociaciones e individuos cuyos objetivos coinciden, casualmente, con los fines de los legisladores.

Antecedentes de esta corrupción sistemática, aunque sin las pretensiones de salvación de “víctimas históricas”, se ensayaron en la Junta andaluza dominada durante lustros por la sección regional del PSOE. Sin ser exclusivo de esa administración, el nepotismo en la designación de empleados públicos temporales o interinos – que luego se transformaban en fijos gracias a sindicatos, y a una legislación laboral encumbrada como prominente por los juzgados de lo social – llegó hasta el paroxismo. La incansable exploración de nuevas justificaciones para “fidelizar” el apoyo de grupos de presión ha abierto paso a estratagemas que comparten notas comunes.

En este sentido, la legislación pionera, que marcó sin duda el camino posterior, vino determinada por la promulgación de las leyes de medidas de protección integral contra la violencia de género de 2004 (y sus secuelas contenidas en el Real Decreto-ley 9/2018) y de memoria históricade 2007, que el gobierno y sus aliados pretenden retorcer aún más con la “ley de memoria democrática”, en fase de tramitación parlamentaria. Al calor de la segunda, demostrando que los nacionalistas vascos comparten con sus socios del PSE/PSOE el objetivo de subvertir el Derecho, dictar una nueva historia oficial y apuntalar su poder con privilegios y subvenciones a favor de presuntas víctimas afines, la comunidad autónoma del País Vasco, promulgó una Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos, reformada por la Ley 5/2019.

Una característica de estas leyes es que hacen abstracción del concepto jurídico de víctima de un delito. En efecto, según el Derecho consagrado en tratados internacionales de protección de los derechos humanos, la consideración como víctima de una persona viene vinculada a la previa constatación por tribunales independientes e imparciales de la existencia de un delito (incluida la apreciación de que, además, sean de lesa humanidad) que supone la determinación de uno o varios participantes (victimarios).

Por el contrario, la creación de comisiones administrativas que diriman estas cuestiones, como gancho para conceder compensaciones públicas, constituye un ataque frontal contra los fundamentos de una convivencia sometida al imperio de la Ley, la seguridad jurídica y el respecto de derechos fundamentales, reconocidos en la Constitución española, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, los Tratados de la Unión Europea y la Carta Europea de Derechos Fundamentales.