Viene a cuento de la noticia de que el Partido Popular, en esa carrera sin frenos para perder las próximas elecciones, quiere prohibir el uso de redes sociales a los menores de 18 años, mientras que propone rebajar la edad penal a los doce años. Aquí se avecinan, en infeliz ayuntamiento, varios errores.
El primero es del diario El País. Una cosa es la consideración de que un comportamiento es delictivo para una persona de 12 años y otra muy distinta es la cuestión de la pena que se le deba imponer por su comportamiento delictivo. Un homicidio podría ser un delito para un chaval de 12 años y para un ministro. Pero ello no quiere decir que, por el mismo delito, tengan que cumplir la misma pena. Es decir, que a los menores de determinada edad se les puede enviar a centros especializados en personas de esas edades sin necesidad de que compartan patio con los mayores de edad.
El Partido Popular, quizá porque no es un diario global en español, que eso condiciona mucho, es capaz de entender esta distinción tan inmediata. Pero comete otros errores. El primero de ellos es no ponerle la correa al perro que llevan dentro. Se les escapa de la caseta, y claro, se pone a ladrar moralinas a izquierda y derecha. ¡Qué paternalismo! ¿Era PP o Papá? No quieren que nuestros menores se salgan del buen camino por unos minutos de ver fotos indecentes en Tuenti o responder encuestas estúpidas en el Facebook.
Quizá haya algún espíritu sensible que, no cumplidos los 18 años, necesite cierto control para no caer a un oscuro pozo de bits, pero quien debe tomar esa decisión no es el PP y el Estado cuando lo ocupen. ¡Son sus padres! La propuesta del PP consiste en exigir, precisamente, una autorización paterna. Pero dentro del derecho de los padres está también el de decidir si ejercen ese control o no, y en caso de que lo hagan, el modo de hacerlo.
Llevan años ya defendiendo el derecho de los padres a objetar por el contenido de la asignatura Educación para la Ciudadanía y ahora abandonan los derechos de los púberes y de sus progenitores para cambiar de bando: quien toma aquí la decisión es el Estado.
Por no creer, esta derecha descreída no se cree ni a sí misma.
