Ante el escándalo, algunos han atacado a los directivos, consejeros, asesores y demás de la compañía para acusarles de hacer filtraciones aun a pesar de que estos siempre han sabido los resultados con anterioridad y nunca antes había pasado nada. Evidentemente la CNMV no encontrará a ningún funcionario corrupto o, tal vez, cogerá al más despistado y como mucho lo echará compensándolo sobradamente, o como ya ha ocurrido con otros casos, será readmitido con el tiempo.
Este hecho nos muestra una vez más que el control de la fuerza, el de “si no haces lo que te digo te castigo” al que antes se llamaba extorsión y ahora “solidaridad”, no sólo no sirve para nada sino que perjudica a los actores económicos en beneficio de los que están capacitados por ley a aplicar la fuerza. ¿Pero donde está la extorsión de la CNMV si las comunicaciones al regulador sobre la marcha de la empresa son voluntarias (las circulares de la CNMV están enmarcadas dentro de las “soft law” que jamás “pueden agravar deberes ni tipificar infracciones ni sanciones”)? Podría ser que el Síndrome de Estocolmo haya contagiado a Gamesa y ésta hubiese anticipado sus resultados a la CNMV para quedar bien, pero teniendo en cuenta la actitud de los reguladores podemos hacer una hipótesis más probable y ver cómo funcionan las “recomendaciones” de estos organismos.
Todos los órganos reguladores, eufemismo que significa “planificador central”, siguen un férreo control de las empresas a las que fiscalizan. Los actuales planificadores centrales (CNMV, Banco de España…) se dedican a enviar misivas (circulares, e–mails…) a diestro y siniestro a las empresas que controlan como “recomendaciones”, pero a diferencia de una recomendación normal, que su aceptación siempre es voluntaria y se suele hacer con buena intención, la de los planificadores centrales es una orden con duras consecuencias de no ser acatadas. Lea la carta de la CNMV y decida usted mismo, una recomendación con pelos y señales, donde la segunda parte de la carta (las “Recomendaciones”), parece más una ley de comportamiento que una bienintencionada recomendación, todos los verbos están formulados en imperativo y no en condicional.
En el momento que las empresas (generalmente pequeñas) no cumplen la “recomendación” entonces el planificador lanza toda su fuerza contra ellas pidiendo informes, datos… haciendo aumentar el nerviosismo dentro de la empresa privada, costes operativos y el tiempo de los empleados al no poder canalizar el trabajo de éstos al consumidor final. La empresa no trabaja para el cliente, sino para la burocracia.
Ahora algunos analistas abogarán por más control, dirán que España es un país de opereta, y en fin, lo de siempre. De lo que no se dan cuenta es que la corrupción, por el propio carácter de la acción humana siempre existirá, y ésta afecta a cualquiera, ya sea empresario, funcionario, ama de casa… Aquel que crea que traspasar la libertad de las empresas a los órganos coercitivos afines a los medios políticos es arreglar el problema, sólo conseguirá los efectos contrarios a los deseados.
La razón es evidente, si damos poder hegemónico a una elite de burócratas que se rigen por el mismo principio que el resto de las personas sólo usarán su poder total para su beneficio. Las empresas privadas harán lo contrario, no porque sean mejores, sino porque sus “malas artes” sólo repercutirían en pérdidas para ellas: fuga de accionistas, consumidores insatisfechos, daños en su imagen corporativa (y recuperar la buena imagen es muy caro), etc. La única garantía para la transparencia privada (la estatal nunca ha existido ni existirá) es la libertad económica, porque además, la libertad también nos garantiza que las empresas trabajen en exclusiva para el cliente y así logren mayores beneficios para los accionistas, retribuciones para los empleados y amplíen su capital humano.
Si analizamos a los órganos reguladores por sus efectos, y no por lo que dicen, su misión es clara: aumentar los costes empresariales, disminuir la competencia, crear monopolios y transferir la libertad y beneficios de la economía privada al estado y amigos. No hay tercera vía ni políticas pragmáticas para arreglar el caos que ha generado el control hegemónico de la política. La única solución a este desorden y evidente corrupción es el laissez-faire, y eso significa acabar con todos aquellos órganos que dificultan la prosperidad económica y financiera.
