La hostilidad está justificada: la UE es un lastre para la economía y un peligro para la libertad de los británicos y el resto de europeos. Por eso espero que mañana el UKIP, el partido que defiende sin ambages la emancipación de Gran Bretaña de esta Unión crecientemente política y burocrática, reciba un fuerte espaldarazo. El UKIP (United Kingdom Independence Party) ya tiene nueve diputados en Bruselas, y algunos sondeos lo sitúan por delante del laborismo después del escándalo de los gastos parlamentarios en Westminster. Si el Partido Conservador y el UKIP consiguen una mayoría, el euroescepticismo se anotará una importante victoria.
La Unión Europea tiene sentido como área de libre comercio donde bienes, capitales y personas se desplazan sin barreras legales. Pero desde hace años asistimos a la concentración de poder en Bruselas en ámbitos que van desde la justicia al medio ambiente pasando por la regulación del comercio o del mercado laboral. Estamos ante la construcción de un Estado supra-nacional que va sustrayendo a los gobiernos sus prerrogativas y tiene el potencial de convertirlos en meras administraciones provinciales. Algunos se preguntarán qué hay de malo en eso. Mucho.
Empezando por lo anecdótico, el escándalo de los gastos parlamentarios en el Reino Unido palidece ante las cifras de Bruselas, que ahora están empezando a airearse en la prensa inglesa: 420.000 euros en gastos anuales por diputado, incluyendo 302 euros de dietas diarias y 52.800 euros para gastos de oficina sin necesidad de facturas. Una cuarta parte de los diputados emplea a sus esposos para quedarse con una mayor parte del botín. Jens Hom, parlamentario sueco, declaró haber recibido 2000 euros por cada uno de sus viajes a Estocolmo, pese a que le costaban sólo 500. Horn dijo que donaba la diferencia, pero que la mayoría de parlamentarios se la embolsaba. La prensa apenas denuncia este atropello porque está segmentada por países y lenguas y pendiente de noticias nacionales. Lo que pasa en Bruselas queda muy lejos y a nadie le importa. Sin embargo lo que se decide en ese parlamento de 785 diputados casi anónimos nos afecta a todos. Para mal.
Tomemos el caso del Reino Unido. El 50% de las regulaciones que se aplican en el país vienen de Bruselas, y sus costes representa el 72% del total. Si la tendencia continúa, un estudio de Open Europe ha estimado que en 2018 cada familia inglesa habrá pagado 16.500 euros para costear todas las regulaciones desde 1998. Eso no incluye el coste de oportunidad de la "sobre-regulación" (aquella riqueza que se deja de producir porque se obstruye "demasiado" el mercado), que está cifrada por otro estudio en 32.400 millones de euros al año, o 1200 euros por contribuyente. El comisario europeo Gurten Verhuegen citó estudios que situaban el coste de las regulaciones de la UE en el 3,5% del PIB para los Estados miembros. Actualmente se aplican en Europa 24.500 normas legales con origen en Bruselas.
Suiza hizo balance de costes y beneficios cuando se planteó entrar en la UE y concluyó que ser miembro pleno iba a costarle seis veces más que los actuales tratados de libre comercio y libre movimiento de personas que tiene con Europa. ¿Por qué no se escinde España de la UE y hace como Suiza? El Estado español es recipiente neto de ayudas, pero los ciudadanos seguimos perdiendo: las regulaciones europeas tienen ingentes costes directos e indirectos, la PAC encarece nuestra cesta de la compra, y cada euro destinado a Bruselas estaría mejor en nuestro bolsillo.
Algunos creen que el problema es que en Bruselas no gobiernan los "suyos". No. El problema es la centralización política, que siempre debería despertar suspicacias ya ocurra en Madrid, en Bruselas o en la ONU. A más centralización, menos competencia. En el mercado, si una empresa sube sus precios o nos ofrece un mal servicio vamos a la competencia. En el terreno político no gozamos del mismo "derecho de salida", pues el Estado es un monopolio jurisdiccional. Pero sí podemos emigrar a otro Estado si las cosas empeoran mucho. Cuantos más Estados haya y más cerca se encuentren, más fácil será deslocalizar nuestra empresa si suben los impuestos, o exiliarnos si las leyes se vuelven muy represivas.
La descentralización tiene dos ventajas. Primera, a igualdad de circunstancias cuanto más pequeña es una unidad política menos atractivo resulta el proteccionismo, pues necesita comerciar más con el exterior. Segunda, un mayor número de unidades políticas facilita el "voto con los pies" y la competencia fiscal entre administraciones para evitar la deslocalización y atraer capital (por eso está desapareciendo el impuesto de sucesiones en España y se ha reducido el de sociedades en Europa).
Por desgracia no hay ningún partido español que tenga el buen juicio de defender la secesión de España de la unión política europea (que no económica). Así que me decanto por la abstención, siempre atractiva, que no envía inequívocamente el mensaje anti-UE que me gustaría, pero que como mínimo denota pasotismo y desprecio hacia ese Estado que crece a la sombra en Bruselas.
