Es un fenómeno tan viejo como la humanidad, que actualmente sólo pervive en grandes proporciones en los regímenes de inspiración marxista. Si el Estado no te permite intercambiar tus productos o tu trabajo o lo hace imposible con sus regulaciones, los ciudadanos seguirán enriqueciéndose mutuamente a través de intercambios privados a espaldas del fisco.
El deseo de los seres humanos de prosperar aprovechando las oportunidades de negocio que les ofrece el mercado no desaparece por mandato del Boletín Oficial del Estado. Sólo hay que darse cuenta de lo que ocurre en Cuba o Venezuela para constatarlo, a menos que el antifaz del socialismo nuble la visión del observador. En el caso de España está ocurriendo algo parecido pero el Gobierno, fiel a su ideología marxistizada, prefiere actuar al contrario de lo que dicta el sentido común, algo habitual desde que Zapatero llegó a la Moncloa.
Si Salgado quiere acabar con la denominada "economía sumergida", lo que debería hacer es rebajar la presión fiscal y eliminar regulaciones para que la sujeción de la actividad comercial a los usos legislativos vuelva a ser rentable. En lugar de eso, el Gobierno se propone cerrar también la válvula de escape que los emprendedores utilizan para seguir participando en el proceso económico. El resultado será un mayor empobrecimiento general sin ningún efecto sobre la recaudación.
Los primeros que desearían operar dentro de la legalidad son los propios protagonistas, pero si el Gobierno, los gobiernos, se lo ponen imposible, el instinto de supervivencia empresarial siempre será más fuerte que las amenazas coactivas de los poderosos. Un mayor nivel de coacción institucional siempre trae aparejados más pobreza y más mercado negro. También ocurre lo contrario, pero el Ejecutivo ha decidido optar por lo primero y, además, destruir a los supervivientes. Sálvese quien pueda.
