El pasado jueves el Presidente Bush se dirigía a sus ciudadanos con un claro mensaje sobre la Seguridad Social: "El sistema está abocado a la bancarrota en el futuro". Pero el futuro es ahora. En 2008 comenzarán a prejubilarse los miembros más mayores del baby boom americano, que se irán incorporando progresivamente al pasivo del sistema, haciéndolo quebrar. La reforma es inevitable y la cuestión no es si se hará o no sino cuándo y cómo. Con cada año que pasa las opciones que restan son cada vez menos atractivas. Bush, que no puede aspirar ya a una reelección y que ha sido respaldado en su programa por la mayoría de los americanos, está dispuesto a llevarla a cabo, para lo que ha pedido colaboración a los dos partidos.
El sistema "de reparto" transfiere las rentas de los trabajadores a los jubilados, por lo que desincentiva el trabajo; las cotizaciones son un impuesto sobre la creación de empleo. La renta recibida por los jubilados se destina al consumo y no al ahorro y la creación de riqueza, por lo que la sociedad se hace más pobre. El plan propuesto por la actual Administración permite destinar parte de las cotizaciones a cuentas personales que van a fondos de pensiones. Pero la transición de un sistema a otro se enfrenta a un problema financiero: mientras unos retiran dinero del antiguo sistema para ahorrarlo en las nuevas cuentas, hay que sacar fondos para pagar a quienes se suman al pasivo del sistema antiguo. El coste puede ser muy importante, pero es muy importante no olvidar que es de carácter financiero y no estrictamente económico; por el contrario el nuevo sistema favorece la creación de riqueza.
Parte del desfase financiero se cubre con el aumento de los ingresos del erario público que provienen del aumento en el crecimiento económico. Pero éstos no son suficientes y tardan en aparecer. De modo que solo queda reducir el gasto en otras partidas, aumentar los ingresos fiscales o recurrir al endeudamiento público en previsión de que los beneficios del nuevo sistema ayuden a su futuro enjugue. Por desgracia Bush, que ha aumentado significativamente el gasto público, no está pensando en la primera opción, que de paso favorecería un mayor desarrollo económico. La segunda no cuenta con el apoyo de republicanos y demócratas. Y él ha manifestado que no aceptará una opción que suponga un aumento de los impuestos.
La solución parece exigir la cuadratura del círculo. Pero los recovecos del devenir económico son siempre más complejos, y George Bush puede beneficiarse de la reforma fiscal que tiene en mente, si es capaz de llevarla a cabo. Un impuesto con uno o dos tipos marginales, eliminados muchos de los agujeros de los que se benefician grupos especiales y lobbies, permitiría mantener bajos los tipos y sin embargo aumentar los ingresos del fisco, lo que ayudaría al Estado a asumir los costes de transición al nuevo sistema. De este modo dos aspectos sustanciales de su reforma económica para los próximos años no solo no se contradicen, como muchos temen, sino que se refuerzan.
Privatizar la Seguridad Social supone acabar con el legado de Franklin D. Roosevelt. Bajo su mandato se produjo un cambio radical en el papel del Estado en la economía en los Estados Unidos. El modelo público de pensiones se ha agotado y las reformas propuestas por Bush devolverían la iniciativa y la responsabilidad a los ciudadanos, arrancadas en este siglo por el omnívoro Estado. La apuesta tiene enorme calado y sus implicaciones sociales son de largo alcance. Los grupos sociales y de intereses que han servido de plataforma de la izquierda y que se han beneficiado tradicionalmente del favor estatal tiemblan ante la posibilidad de que desaparezca la partida más importante del presupuesto estatal y, especialmente, de que se cree una sociedad de ciudadanos ahorradores y autosuficientes, que vean con creciente desapego y desconfianza al Estado. Ya han empezado a reaccionar, actuando conjuntamente contra el plan de reforma. Se inicia un lucha política apasionante y de enorme importancia.
