Y es que, tal y como aseveró el propio Jesús Caldera en el programa 59 segundos de la semana pasada, lo importante es que ningún partido o agente social ha puesto en cuestión el sistema público de pensiones. El modelo de reparto seguirá vigente en España y su evidente y estructural insostenibilidad será parcheada, una vez más, mediante una reforma destinada a retrasar la edad de jubilación y reducir progresivamente la cuantía de las futuras prestaciones. Es decir, trabajar más para cobrar menos. Éste, y no otro, es el resumen del debate sobre las pensiones, tan en boga en estos tiempos.
Y lo triste, por no decir, sorprendente, es que casi nadie ha levantado la voz contra el sistema vigente. Partidos, sindicatos y patronal han acordado extender en el tiempo este robo institucionalizado sin que ninguno denuncie la grave injusticia que supone su mantenimiento. La Seguridad Social se articula a través de un esquema de fraude piramidal –conocido como Ponzi en el argot financiero–, ya que su rentabilidad (cuantía y duración de las prestaciones) depende única y exclusivamente de la entrada de nuevos partícipes (cotizantes).
Lo más curioso del asunto es que el famoso financiero estadounidense Bernard Madoff ha sido condenado a 150 años de cárcel por mantener durante años un fondo de inversión que funcionaba de forma idéntica: los dividendos que repartía Madoff no eran fruto de su especial talento para invertir en negocios seguros y prósperos sino de su habilidad para captar nuevos clientes mediante el engaño. En esencia, Madoff pagaba dividendos a sus clientes con el dinero aportado por otros clientes, de ahí, el delito de fraude.
El Estado hace lo mismo en el sistema público de pensiones sólo que, a diferencia de este delincuente, no se tiene que preocupar de buscar y cautivar a nuevas víctimas. Ley en mano, impone a trabajadores y empresarios la obligación de cotizar bajo amenaza de dura sanción y pena de cárcel. Lo tiene mucho más sencillo que el famoso Madoff. Por incomprensible que parezca, el Estado legitima y justifica un modelo de reparto que, a todas luces, es ilegal en caso de que sea ejercido por el sector privado –el escándalo de los sellos de Fórum y Afinsa es otro claro ejemplo de fraude piramidal–.
Sin embargo, las crisis demográfica y económica han destapado de forma visible a la opinión pública el gran engaño de las pensiones públicas. El progresivo envejecimiento de la población y la falta de cotizantes han obligado a adelantar una reforma que, tarde o temprano, estaba condenada a producirse. En el futuro, los españoles se jubilarán a los 70 años con una pensión hasta un 30% inferior a la actual. De hecho, los políticos no dudarán en subir los impuestos para mantener en pie el modelo en caso de que este tipo de medidas resulten insuficientes –que lo serán–.
¿Hay alternativa? Sí. Sus aspectos han sido analizados en estas mismas páginas. Lo primero que debe saber uno es cuánto paga realmente a Hacienda para percatarse del robo, y luego hacer cuentas y reflexionar acerca de cómo ir construyendo su particular pensión de oro gracias al interés compuesto, al margen del sistema público.
Desde luego, ningún partido o agente social le animará a ello. Y es que el objetivo de toda casta gubernamental radica en mantener en la mayor ignorancia e inopia posible a la masa de contribuyentes de la que se alimenta y engorda. El debate ha concluido, la reforma de las pensiones está en marcha, el sistema público se mantendrá. El Estado, por tanto, ha ganado esta pugna: nadie ha gritado ¡al ladrón! mientras se cometía el delito. Pues bien, ¡al ladrón!
