Leí en Cinco Días que las federaciones de Industria de UGT y CCOO enviaron al ministro José Manuel Soria un decálogo de propuestas recogidas en un documento con un título convencional: La reactivación de la industria: un reto de futuro.
El contenido del documento también es convencional, e inquietante. Estos señores creen saber cuánto tiene que pesar la industria en el PIB español. Actualmente es el 16%, y los sindicalistas saben que tienen que subir al 20%. Lógicamente, no tienen ni la menor idea de por qué ha de ser esa cifra y no otra. Eso sí, lo que afirman sin asomo de duda es cómo se alcanza ese paraíso: con menos libertad y menos derechos para las trabajadoras y los trabajadores. Exigen que "el sector público ejerza el liderazgo en la nueva apuesta por la industria", como si no tuviéramos suficiente teoría ni suficiente práctica sobre lo que significa apostar con dinero ajeno, y lo que cuesta el liderazgo de los políticos y los burócratas en la industria y en cualquier otra actividad.
Y será necesario y venturoso aumentar el gasto público, es decir, crujir al pueblo con aún más impuestos. Es verdad que eso a veces topa contradictoriamente con las reglas de otros burócratas, pero los señores sindicalistas tienen la solución: reclamar que se "reconsideren los parámetros de cálculo de la cifra de déficit público, dejando fuera del mismo la inversión pública productiva". ¿Cómo no se nos había ocurrido antes?
Están, claro que sí, muy preocupados por, como diría Barbie, que "fluya el crédito". Y ¿a que no adivina usted qué se les ha ocurrido para que fluya y fluya y fluya? Pues claro que sí: "La creación de una banca pública".
Es verdad que durante años fueron responsables destacados del desgobierno de las cajas de ahorro, la banca pública en España. Pero, en fin, pelillos a la mar. Y eurillos, aún más.
Hablando de eurillos, esta semana tuvimos una noticia inquietante en el mismo sentido industrializador: el Gobierno… tiene un plan para relanzar la industria. También él quiere que la industria pese en el PIB un 20%. Los sindicatos, por su parte, están bastante molestos porque el Gobierno no aclara el grado en que va a volver a quebrantar los derechos de los ciudadanos. Más aún, leí, también en Cinco Días, que según los sindicalistas esto del Gobierno es un "mero alegato" que no precisa los "recursos" (obviamente, ajenos). Ojalá sean sólo palabras y no más acoso a las carteras de los ciudadanos. Pero es de temer lo contrario.
