Ni una palabra altisonante ni atisbo de huelga general, no vaya a ser que el grifo de las subvenciones y prebendas decaiga. Y ello, pese a que España cuenta con la tasa de paro más alta del mundo desarrollado. Ni más ni menos que un 18,9%, y subiendo. En la actualidad, cerca de 4,5 millones de trabajadores sufren el azote del desempleo.
Resulta evidente, pues, la complicidad maniquea e hipócrita que coexiste entre poder ejecutivo y sindical. Sin embargo, pese a la execrable actitud de UGT y CCOO, la pasividad que muestran estas mafias sociales ante el drama que viven millones de familias tiene un aspecto positivo. Y es que lo último que necesita la economía española es el estallido de una oleada de huelgas generales y disturbios callejeros.
No obstante, si los sindicatos salen a la calle será, única y exclusivamente, para reclamar al Estado una mayor intervención pública. Esto es, más gasto social en forma de Planes E, del todo inútiles, y una mayor rigidez laboral, entre otros muchos "derechos sociales" que en nada favorecerán la recuperación económica.
Pero no todas las huelgas son negativas y, por tanto, condenables. La desazón y el desengaño que sufren empresarios y contribuyentes a causa de la profunda incompetencia del Gobierno amenaza con transformarse en un movimiento de protesta, casi inédito en España, cuya sola mención aterra a los organismos públicos.
Los empresarios amenazan con tomar la calle e, incluso, con llevar a término un "cierre patronal". España parece que se dirige hacia una huelga general… ¡de empresarios! Autónomos y pequeñas y medianas empresas están dispuestos a paralizar su actividad durante varias jornadas. Este colectivo reclama financiación, ésa que tanto escasea debido al despilfarro estatal, menos impuestos y, sobre todo, poner fin a la morosidad de los organismos públicos. Si bien es cierto que no todas sus demandas son positivas –como el rescate público de empresas–, muchas de sus exigencias son justas y legítimas.
Tan sólo falta que a este incipiente movimiento se le acabe sumando otro, cuyo calado sería incluso mucho mayor, para que el Gobierno se vea forzado a reaccionar. Se trata de la insumisión o protesta fiscal que, en este caso, estaría protagonizada por una masa creciente de contribuyentes indignados. No hay nada que asuste más a un gobernante que una rebelión civil de este tipo. Y es que, sin impuestos, la parálisis de los poderes públicos es casi insalvable.
Al igual que el ilustre Juan de Mariana defendía el tiranicidio como un derecho legítimo de los individuos para defenderse de los abusos del poder, los contribuyentes tienen plena potestad para oponerse al pago de un tributo que consideran excesivo. De hecho, la Revolución Americana, de marcado espíritu liberal, constituyó un levantamiento social armado contra el despotismo tributario ejercido entonces por la Corona británica.
Existen algunos antecedentes en España. "Que no entre ni una peseta en las arcas de Hacienda ni en la de los ayuntamientos en 1993", fue el grito de guerra de la asociación empresarial Copyme –Confederación General de las Pequeñas y Medianas Empresas– del Estado Español en la última crisis económica de mediados de los 90. Este tipo de lemas es el que precisa la economía nacional para combatir con eficacia y contundencia el ataque depredador que pretende poner en marcha el Gobierno socialista a nivel nacional o el gallardonita en Madrid, entre otros muchos entes autonómicos y locales. ¡Arriba los contribuyentes y empresarios de España!
