Dejando aparte las reflexiones preliminares, que reflejan buena parte de los principios ideológicos del partido en el gobierno, la aportación más original del documento, y así ha sido reflejado en los medios, es la que se refiere a la política de becas de estudio y a la aplicación de nuevos criterios de precios públicos. Aún en el caso de que, en el actual contexto económico, una política de incremento de la cantidad y la cuantía de las becas como la propuesta, que duplica prácticamente su número, pueda ser llevada a cabo y no se quede en una promesa vacía como la Ley de Dependencia, sería necesario estudiar si tal política sería funcional para la mejora del sistema universitario.
En primer lugar, el documento sigue la línea habitual de identificar el incremento del gasto universitario con mayor innovación, progreso o incluso mejora de la balanza de pagos nacional, cuando no hay ninguna relación causal necesaria entre una y otras. Un incremento del gasto, de los estudiantes o de la dotación económica que estos perciben no tiene por qué mejorar las condiciones de vida de un país o en su desarrollo, a pesar de la letanía comúnmente repetida. Esto, más bien, depende de los contenidos que se enseñen en las facultades y de la adecuación de la oferta educativa a las necesidades de los demandantes de empleo universitario. De hecho, podrían existir enseñanzas contraproductivas, con lo que, cuantos más universitarios las cursen, más daño se producirá; y enseñanzas no adecuadas a las demandas sociales que provocasen un aumento del número de titulados frustrados y un mayor despilfarro de recursos.
Todos conocemos el caso de países con un elevado porcentaje de universitarios que, a pesar de ello, o quizás por culpa de ello, no han sido capaces de afrontar con éxito el desafío del desarrollo económico. La antigua Unión Soviética, por ejemplo, fue un país con un elevado porcentaje de universitarios formados en doctrinas e ideas erróneas o contraproductivas, en el que la ampliación del número de titulados lo único que causó fue la mayor difusión del daño que tales doctrinas causaban.
El documento del Ministerio falla en que centra sus objetivos en ampliar el número de estudiantes becados, no en discutir qué es lo que se estudia en nuestras universidades y si esto tiene alguna relación con los mercados de trabajo. Además, agrava el problema al becar con abundancia a los estudiantes de postgrado. El sistema actual entendía, a mi parecer con razón, que al finalizar la licenciatura el titulado estaba ya en condiciones de poder emprender la búsqueda de empleo con unos conocimientos y aptitudes mínimos. Dado que muchas personas no habían tenido tal oportunidad –y no sólo por razones de índole económico– se consideraba injusto continuar con una financiación incondicionada a costa de los que no pueden o no quieren cursar dichos estudios. Así, los títulos ulteriores serían o bien a costa de la pecunia del estudiante, o bien de la obtención de una beca escasa y vinculada al mérito.
Esto garantizaba que el estudiante, al tener que pagar de su bolsillo sus estudios, con dinero familiar o créditos, fuese cuidadoso y escogiese aquello que entendiese que le garantizaba una mejor salida laboral. La financiación incondicionada de los estudios de postgrado tiene la disfunción de que se sigan ofertando, a cargo de millones de personas no tituladas, estudios sin ningún tipo de valor en el mercado de trabajo.
Dado que, a priori, la Administración no puede saber cuáles son tales estudios, conviene que permita decidir al estudiante, pero haciéndole responsable de las consecuencias de su elección. Prolongar la financiación sin fin de los estudios, incluyendo unas estancias en el extranjero que en muchos casos son una especie de coladero para aprobar asignaturas difíciles, sólo contribuirá a dificultar el ajuste de nuestras facultades a las demandas reales de la sociedad y agravará, aún más si cabe, la injusticia cometida hacia los condenados a financiarlos. Sin que todo ello conduzca, más bien al contrario, a una mejora de la calidad de vida.
