EL presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, ha dicho que con la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del oasis de Maspalomas no se puede «acusar al Cabildo de Gran Canaria de paralizar» proyectos de inversión en la isla ni de crear «inseguridad jurídica». Además ha afirmado que «la gran vencedora» de esta decisión «es Gran Canaria».
El Sr. Bravo de Laguna, claramente, no es empresario, es decir, no es alguien que arriesga su capital para obtener beneficios empresariales satisfaciendo a la sociedad, sino que es un político que no entiende lo que es complacer a la gente compitiendo en el mercado y asumiendo riesgos. Sólo así se explican sus aseveraciones.
La declaración de BIC del oasis por supuesto que ha frenado y paralizado varios proyectos de inversión, la prueba de ello es que los principales afectados de esta decisión política han decidido llevarse la inversión de casi 50 millones de euros para mejorar el conjunto turístico de la zona a la isla de Tenerife. Además, otras empresas verán demoradas sus inversiones en este ámbito, pues tendrán ahora que pasar por nuevos y tortuosos trámites burocráticos.
Por otro lado, es evidente que la decisión del Cabildo crea inseguridad jurídica, pues el mensaje que se ha mandado a los posibles inversores que pudieran venir a Gran Canaria es que todos aquellos que quieran invertir en la isla tienen que saber que aunque se tramiten sus proyectos dentro de la legalidad, estos pueden ser paralizados, demorados o cambiados por decisiones políticas incentivadas o no por otros empresarios competidores.
Por ello, la protección del entorno del oasis de Maspalomas, que hasta la fecha se ha preservado por sí solo, causará el deterioro de este lugar y la escasez de oferta turística de calidad, pues si algo buscan los empresarios es seguridad jurídica y celeridad en los trámites administrativos. De ahí que la zona haya perdido la posibilidad de contar con un nuevo hotel de cinco estrellas y se haya quedado con uno deteriorado de cuatro.
A todo esto hay que unir otras dos consecuencias terribles de esta decisión política promovida por intereses particulares y apoyada por algunas instituciones que dicen proteger los intereses de Gran Canaria. La primera, que seremos los contribuyentes los que tendremos que pagar la indemnización que recibirá a buen seguro la empresa perjudicada por esta decisión; y la segunda, que tendremos un posible nuevo foco de corrupción en las Islas, pues a buen seguro muchos se verán tentados de pagar o de cobrar para agilizar o permitir los proyectos de la zona.
Por todo ello, Sr. Bravo de Laguna, la gran perdedora es Gran Canaria.
