La justificación que ofrece esa cabeza privilegiada que es Rodríguez-Salmones para prohibir definitivamente la copia privada es que eso equivale a "comprarse un coche y dejar todas las puertas abiertas para que te lo roben". El problema, y una de las justificaciones más habituales para quienes dudan de que la propiedad intelectual deba mantenerse, es que el coche que te roban dejas de tenerlo tú. Sin embargo, la copia de una canción o película no impide que el propietario de la misma deje de disponer de ella.
De hecho, si nuestra pepera predilecta puso un ejemplo tan poco preciso fue porque se lo copió al presidente de la Unión Videográfica Española que, sin embargo, puede seguir utilizándolo en sus conferencias y ruedas de prensa sin problemas. Esta respetable organización merece que se tomen sus opiniones en consideración aunque cualquier persona prudente lo hará con la distancia que merecen las de cualquier lobby, en este caso de distribución de vídeo. De hecho, dado que la copia privada se hace voluntariamente y sin ánimo de lucro, sería un ejemplo igualmente falso pero más ajustado a la realidad indicar que el gobierno quería limitar a tres los amigos a los que podíamos dejar nuestro coche y Rodríguez-Salmones quiere eliminar esa posibilidad.
Para nuestros legisladores, los derechos de autor son un bien de tal naturaleza que nadie se plantea si debe o no ser protegido por ley, sino más bien cómo debe ser protegido. La concesión graciosa del derecho de copia privada fue realizada porque no se podía evitar que la gente intercambiara música y películas. Ahora que el legislador considera que se puede evitar con medidas tecnológicas, se elimina ese derecho porque ejercerlo equivale a robar coches, nada más y nada menos. Quizá Rodríguez-Salmones considera que una gran mayoría de los españoles son ladrones pero yo tengo mejor concepto de mis vecinos y, para qué engañarnos, de mí mismo. Tan buen concepto tengo de ellos que sé que las medidas tecnológicas que se quieran implantar serán sistemática y cuidadosamente destruidas una por una, porque si se puede escuchar, se puede copiar.
Dado que, sin embargo, populares y socialistas tienen tanta fe en lo contrario, la modificación de la ley permite y apoya la adopción de medidas anticopia por parte de compañías como las discográficas y cinematográficas, cuyo escaso respeto hacia nosotros ha sido demostrado recientemente por el caso del “rootkit” de Sony. Esta empresa publicó discos con un sistema anticopia que instalaba software espía sin permiso y sin conocimiento del comprador cuando éste se disponía a escucharlo en su ordenador. Un software espía, instalado así en medio millón de computadoras, que facilitaba la creación de virus que lo utilizaran para infiltrarse en los aparatos infectados, hacía Windows más inestable y propenso a fallos y, encima, incumplía las leyes de derechos de autor al incluir sin permiso código que no era suya. Gracias, Sony. Pero qué majos que sois, caramba.
Sin embargo, quizá el más asombroso prodigio de ese partido que nos emocionaba el sábado con un hermoso discurso en el que hacía descansar la defensa de la nación en argumentos liberales, es la creación de una nueva burocracia estatal: la Agencia Española de Propiedad Intelectual. Los populares proponen que se cree un nuevo engendro que, entre otras cosas, albergará la sagrada Comisión de copia privada, en la que la mitad de su número par de miembros será nombrado por la SGAE y demás sacamantecas afines, mientras el resto se dividirá –divide y vencerás, oigo decir al fondo de la sala– entre fabricantes y usuarios. Esa comisión decidirá el montante del canon por copia privada impuesto sobre soportes como los CDs y DVDs vírgenes. Es curioso: se hace desaparecer el derecho a realizar una copia privada mientras se construye una burocracia dedicada a decidir cuanto pagaremos a cambio de poder ejercer ese derecho. ¿Ustedes lo entienden? Yo tampoco. Será cosa de cerebros privilegiados como los de Rodríguez-Salmones y la Camarada Carmen Calvo Poyatos.
