Quedarse de brazos cruzados ante una banca insolvente implica convertir en estructural la incertidumbre monetario-financiera.
En el año 2007, las cajas españolas habían concentrado el 70% de sus créditos en el ladrillo: los préstamos hipotecarios, a constructores y a promotores copaban 7 de cada 10 euros de su financiación total (en el caso de los bancos, esta ratio era apreciablemente menor y “sólo” llegaba al 50%). En ese contexto, el estallido de la burbuja inmobiliaria que había venido inflándose años antes –al calor de los tipos de interés ultrabajos del Banco Central Europeo– fue simplemente devastadora: un sistema financiero endémicamente infracapitalizado enfrentándose a la deflación de su -con diferencia- principal activo colateral en medio, además, de una profunda recesión económica equivale a un sistema financiero quebrado.
Y cuando quiebra la banca de un país, lo más prudente es acelerar su saneamiento: a la postre, un sistema financiero insolvente sólo promueve la expulsión del ahorro de nacionales y, sobre todo, de extranjeros. ¿Quién desearía hallarse invertido en una economía cuyos bancos corren el riesgo de caer en default y de arrastrar con ellos a la moneda del país? Nadie. Por eso, quedarse de brazos cruzados ante una banca insolvente implica convertir en estructural la incertidumbre monetario-financiera y, en consecuencia, la salida acelerada de capitales.
Pues bien, ésa fue la estrategia adoptada entre 2007 y 2011 por el Gobierno de Zapatero con respecto al agujero de las cajas: “esperar y ver” mientras el capital continuaba huyendo despavorido de España y el sector público ansiaba endeudarse de manera enloquecida para reflotar keynesianamente la economía. El resultado de ambas tendencias fue la multiplicación de la prima de riesgo y la progresiva degeneración de una insolvencia financiera en una insolvencia estatal.
Pero, ¿por qué el PSOE de Zapatero permaneció impasible ante la bancarrota de las cajas? Las recientes comparecencias de Rodrigo Rato, Pedro Solbes y Elena Salgado nos han ofrecido algunas claves que vienen a confirmar justo aquello cabía sospechar desde un inicio: el Gobierno de Zapatero estuvo imbuido por el ingenuo optimismo de que la crisis iba a terminar rápido (a finales de 2010, según nos ha recordado estos días Solbes), por lo que, a su vez, el ciclo expansivo del mercado inmobiliario regresaría con fuerza. Y si la vivienda y la creación de empleo reflotaban, las cajas podrían salir poco a poco del atolladero sin necesidad de captar grandes cantidades de capital externo (el “enfoque gradual” al que se refirió Salgado). O dicho en otras palabras: Zapatero confiaba en que la inminente reinflación de la burbuja inmobiliaria nos curara las heridas del reciente pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
Eso sí, mientras esperábamos a que tan salvífica recuperación llegara, fue necesario reforzar mínimamente el capital de las cajas de ahorro para que éstas aguantaran el tirón durante algunos meses más. Y, para ello, el Gobierno socialista, el Banco de España y las entidades financieras confluyeron en el diseño de una estrategia que evitara inyectar dinero público en unos cajas que estaban oficialmente saneadas: en particular, confluyeron en la necesidad de colocar fraudulentamente los pasivos basura de las cajas quebradas (participaciones preferentes y acciones) a los ciudadanos con menor cultura financiera (es a esa vil artimaña a la que Rato se refirió cuando afirmó solemnemente que “eso es el mercado”: no, señor Rato, eso no es el mercado, sino la instrumentación política y lobística de los mercados). Parasitando el ahorro de aquellos españoles que ingenuamente confiaban en los supervisores, se pensó que el sistema financiero español podría aguantar el tiempo suficiente como para que la recuperación llegara y nos rescatara a todos.
Pero la recuperación no sólo no llegó a lo largo de 2011, sino que la crisis continuó agravándose (según Salgado, no por errores de previsión de su Gobierno, sino por culpa de países como Grecia o Irlanda que contaminaron a España), de modo que las cajas entraron en una situación de bancarrota irremisible. Fue ahí cuando el recién llegado Gobierno del PP decidió dar un giro de 180 grados con respecto a la estrategia seguida hasta aquel momento por el PSOE: frente al “esperar y ver” de Zapatero, De Guindos quiso acelerar la recapitalización del sistema financiero. El objetivo ya no era ocultar la basura debajo de las alfombras y esperar a la inminente recuperación, sino revelar toda la basura acumulada y preparar financieramente a las quebradas cajas para que sobrevivieran a la inminente recesión.
Y, evidentemente, para ejecutar ese giro copernicano, De Guindos necesitaba descabezar a los responsables de la anterior estrategia suicida: por un lado, a Miguel Ángel Fernández Ordóñez al frente del Banco de España (sustituido por Luis María Linde) y, por otro, a Rodrigo Rato, presidente de la principal entidad financiera problemática. Es ahí donde Rato dijo apreciar, probablemente con razón, una confabulación del Gobierno para apartarlo de Bankia: si el objetivo de De Guindos era sobrecapitalizar Bankia para que no cupieran dudas sobre el sistema financiero español, Rato constituía un obstáculo tanto político —resultaba muy poco vendible ante el electorado que fueran a entregarse 21.000 millones de euros al ex vicepresidente del Gobierno del PP— como gestor —el entonces presidente de Bankia se negaba a aceptar una inyección de dinero público tan elevada y confiaba en poder reflotarla con una suma bastante menor—. Por eso hubo que quitarlo de en medio y sustituirlo por un gestor con un perfil más profesional, como Goirigolzarri.
A partir de ahí, lo sucedido ya es de sobras conocido: el Gobierno del PP, en lugar de recapitalizar a las entidades financieras imputándoles las pérdidas acumuladas a sus acreedores, decidió socializar tales pérdidas entre el conjunto de los contribuyentes con la connivencia crediticia de Bruselas. Una mordida media de 2.200 euros por familia española debido a que el PSOE ocultó primero el agujero de las cajas y el PP lo descargó después sobre los hombros de la ciudadanía. La historia de un expolio —envuelto en más que fundadas sospechas de corrupción político-corporativa— que sus principales responsables, entre mentiras y medias verdades, han ido relatándonos estos días en el Congreso ante la cuasi acrítica mirada de los parlamentarios. Y prácticamente nadie ha asumido, ni va a asumir, responsabilidad alguna por una gestión tan dolosamente desastrosa.
