En su enésimo plan para salvar la economía y su imagen, Zapatero ha hablado sobre la necesidad de que en estos momentos el Estado dé un paso adelante y tome las riendas de la economía. Los inversores privados están desconcertados, por lo que sólo la decidida acción del Gobierno puede dar estabilidad al país.
Es cierto que, en general, los inversores están sometidos a una cierta parálisis; y no es para menos: en un año, el valor de sus activos patrimoniales ha caído aproximadamente un 50%, sin que el de sus deudas se haya visto reducido en la misma medida. Dicho de otra manera: los empresarios no pueden refinanciar sus deudas a corto plazo, al disminuir el valor sus garantías, y como el aumento de la carga financiera les lleva a reducir costes, caen la producción y los niveles de empleo. Por su parte, los nuevos parados, agobiados por las deudas, restringen su consumo, con lo cual agravan aún más la situación de los empresarios.
Malas condiciones, pues, para asumir riesgos. Antes de iniciar nuevos proyectos debería, como mínimo, sanear mi situación financiera. Debería reducir mis gastos para poder liquidar las deudas y sólo entonces plantearme el volver a elevar mi nivel de consumo y contraer nuevas deudas con las que emprender nuevos proyectos empresariales.
Una manera bastante eficiente de saldar viejas deudas pasa por vender a bajos precios parte de mi patrimonio. Si, por ejemplo, tengo una hipoteca sobre mi segunda vivienda, enajeno este inmueble –en las condiciones actuales, a un precio bastante inferior al de hace unos años– y con los ingresos amortizo parte de la deuda (con lo que reduzco la cuota mensual a la que debo hacer frente con mis ingresos corrientes). El mismo consejo vale para reducir una deuda empresarial.
Esto no sólo permite reducir parte de las deudas, sino que además disminuye el precio de los bienes de capital y facilita la iniciación de nuevos proyectos empresariales. Plantéeselo así: si el bajo de un edificio cuesta un millón de euros, montar una peluquería puede no ser demasiado rentable; en cambio, si su precio cae a 50.000 euros, probablemente encuentre muchas formas de rentabilizar la inversión.
La enajenación de los activos permite reducir la deuda que ata a los empresarios a sus malas decisiones pasadas y disminuir los precios inflados de los bienes de capital que les nublaba la rentabilidad de sus planes de inversión futuros. Por tanto, no conviene dificultar este proceso de reestructuración empresarial: los precios de la vivienda tienen que bajar, muchos salarios tienen que caer y muchas empresas tienen que quebrar.
¿Y cómo facilitar y acelerar este crítico proceso de ajuste? Por un lado, con ahorro. Cuanto más ahorro haya, más rápidamente se dará salida a los activos en venta y más se reducirán las deudas que lastran las decisiones de los agentes. Asimismo, una mayor cantidad de ahorro permitirá financiar de manera sólida y adecuada los nuevos proyectos empresariales, a unos tipos de interés bajos. Por otro, mediante la liberalización del mercado de los factores productivos. Si, por ejemplo, fuese ilegal (o muy costoso) vender casas, el proceso de ajuste anteriormente descrito no tendría lugar. Por tanto, hay que evitar las regulaciones redundantes que pretenden retrasar las transacciones. Uno de los mercados más intervenidos es el laboral. Es complejo readaptar las condiciones de un trabajador (salario y funciones), y despedirlo es muy caro, de modo que, en lugar de reducir los sueldos, los empresarios optan por los despidos y evitan las recontrataciones de personal, para así no tener que hacer frente en el futuro a nuevos y onerosos despidos.
Pues bien, el plan de Zapatero, que sigue la idea keynesiana de que es necesario gastar tanto como se pueda en tiempo de crisis, sigue la peor dirección posible. El Gobierno empleará 11.000 millones de euros de los españoles para financiar proyectos variopintos, relacionados, por ejemplo, con las infraestructuras, la automoción y la hostelería.
Dicho de otra manera: si los españoles necesitan ahorrar para superar la crisis, Zapatero les forzará a despilfarrar 11.000 millones, que ya no podrán ser utilizados en la adquisición de activos de los agentes que desean reducir su deuda. No sólo eso, dado que esos 11.000 millones se financiarán con cargo al déficit público, los españoles no reduciremos nuestra deuda, sino que la veremos coactivamente incrementada.
Además, parte de ese dinero afluirá a sectores que deben reestructurarse profundamente (esto es, vender a bajo precio sus activos), como el de la automoción, el de la hostelería o el de la construcción. Pese a que los consumidores (nacionales y, sobre todo, extranjeros) no quieran sus productos a los altos precios actuales, la inyección de capital de Zapatero les permitirá sobrevivir durante más tiempo, con lo cual retrasará las enajenaciones pertinentes, los ajustes de precios y, por tanto, el inicio de la recuperación.
Mientras este plan absurdo se pone sobre el tapete, las imprescindibles reformas laboral y energética son sistemáticamente olvidadas, como si no fueran asunto del Gobierno. Pero las dramáticas consecuencias de esta irresponsable pasividad siguen lastrando nuestra economía: el paro aumenta a un ritmo vertiginoso y el déficit exterior sigue desbocado por nuestra dependencia energética.
Así pues, la economía española, lejos de ajustarse, sigue siendo una máquina agarrotada cuyo funcionamiento se está intentado forzar a base de golpes y patadas. El Gobierno no sólo bloquea el reajuste de sus piezas, sino que además le está chupando el combustible.
Sin flexibilidad y sin ahorro, la economía española está condenada a padecer una depresión formidable. Y es que cuando Keynes entra por la puerta, la perspectiva de recuperación sale escopeteada por la ventana.
