El empresario que no está atento a estas variaciones está llamado a desaparecer, siempre que el mercado sea más o menos libre y no haya ningún organismo dispuesto a basarse en la coacción para mantenerlo vivo a costa de sus conciudadanos. Que desaparezcan aquellos empresarios cuya actividad ya no satisface a los consumidores no es malo, como tampoco lo es que obtengan grandes beneficios aquellos que proporcionan servicios sobresalientes.
La crisis económica ha alterado significativamente las preferencias de la gente, como se manifiesta día a día en muchas industrias: no se compran tantos coches, no digamos viviendas; se viaja menos; se sustituyen las marcas conocidas por las marcas blancas… Son cosas que están sucediendo: el empresario que pretenda negar la realidad no podrá sobrevivir, más que, como queda dicho, a costa del erario público.
Las telecomunicaciones no son inmunes a esta realidad. Y también los empresarios de este sector han de atender a estos cambios. En este contexto se entienden un par de acontecimientos de relevancia ocurridos en los últimos días: el acuerdo para compartir infraestructuras a nivel europeo, alcanzado por Vodafone y Telefónica, y los nuevos productos y precios "sociales" anunciados la semana pasada por esta última.
Son ambos ejemplos de adaptación a unas nuevas circunstancias en que los clientes hacen otras demandas, que deben ser debidamente atendidas para mantenerse en el mercado. Ojalá este fuera el final de esta historia y el protagonismo correspondiera ahora a los clientes.
Pero hay muchas posibilidades de que no sea así: ya la Comisión Europea ha anunciado que estudiará el acuerdo Vodafone-Telefónica para ver si es anticompetitivo, y tampoco tardó demasiado la CMT en dejar claro que las nuevas ofertas de Telefónica precisan de su aprobación. Además, seguro que la CNC aguarda impaciente su turno para ambos temas.
La cuestión es: ¿a quién pretenden proteger con estos estudios y eventuales aprobaciones? No cabe duda de que los ciudadanos se van a beneficiar tanto de las ofertas de Telefónica como de los ahorros de costes que obtendrá ésta con Vodafone, aunque sólo sea porque no le subirá el precio de los servicios. El cliente se va a beneficiar porque encontrará ofertas más adecuadas a sus necesidades actuales, asumiendo que los operadores no se han equivocado en sus estimaciones (si es así, lo pagarán con pérdida de clientes).
Por tanto, no sería el cliente el objeto de su protección, sino más bien aquellos operadores que, por las razones que sean, no han sabido o no han podido adaptarse al nuevo entorno. Vamos, aquellos que precisamente están sirviendo peor al cliente.
¿Lo entienden ya? Su misión es biológica: preservar la diversidad de competidores en el mercado, aunque ya no sean útiles a la sociedad. Y aunque para ello haya que sacudir al cliente en la cabeza de la especies que sí se adaptan. Gracias a los reguladores y al derecho de competencia podremos conseguir lo que Michael Crichton sólo imaginó: un parque jurásico, aunque sea de empresas.
