Apuntaba nuestro ministro de Hacienda el pasado lunes que España necesita generar mucho más ahorro para impulsar su recuperación. Y, verdaderamente, los dos problemas esenciales que padece nuestra economía –un sector productivo desestructurado y una acumulación insostenible de deuda pública y privada– sólo pueden solventarse si el país ahorra de un modo mucho más intenso: el ahorro es la materia prima indispensable tanto para financiar la nueva inversión que metamorfosee nuestra ladrillera economía cuanto el rápido desapalancamiento de familias y empresas que permita mejorar su solvencia.
Uno esperaría que este adecuado diagnóstico de Montoro tamizara toda la política económica de su Gobierno o, al menos, de su departamento ministerial. Pero lo cierto es que, hasta la fecha, el Ejecutivo popular se ha caracterizado por su radical ofensiva contra todas las manifestaciones que imaginar podamos del ahorro: aumento de la tributación de las rentas del capital, eliminación de la deducción por compra de vivienda, saqueo tributario de las empresas con las continuadas revisiones del Impuesto de Sociedades, prórroga del Impuesto sobre el Patrimonio y, de manera más reciente, integración de las plusvalías generadas a corto plazo dentro de la base general del IRPF.
Merced a la última de estas medidas, quienes a partir de 2013 compren y vendan con ganancia unas acciones o unos bonos en menos de 12 meses pasarán de tributar al ya elevadísimo tipo máximo del 27% hasta uno del 52%; profunda estocada tributaria que justamente fue criticada el pasado miércoles por el Instituto Juan de Mariana con la publicación de su reciente informe “Un nuevo ataque del Gobierno al ahorro”. Escrito por el fiscalista Adrià Pérez Martí, el estudio se dirige a desmontar los diversos argumentos aducidos hasta la fecha por el Ejecutivo, y más en concreto por el reconvertido amigo de los ahorradores Cristóbal Montoro, para justificar este nuevo rejonazo contra los contribuyentes que, según las estimaciones del propio Gobierno, apenas reportará unos magros ingresos adicionales de 90 millones de euros: el 0,09% de nuestro déficit de 2011.
De acuerdo con los próceres populares, la medida es positiva en primer término por cuanto nos devuelve al régimen anterior a la reforma de Solbes de 2006 que consolidaba en una misma base las plusvalías a corto y a largo plazo. Engañosa afirmación la de los populares que olvida que, por aquel entonces, las plusvalías a largo plazo tributaban a un tipo único del 15% (y no a uno progresivo de hasta el 27%, como acaece ahora) y las plusvalías a corto se integraban en una base general cuyo tipo máximo era del 45% (y no del 52%).
Así, siendo falso que volvamos al sistema previo a 2006, todavía lo es más otra de las razones que nos ofrecen: que esta reforma nos acerca a los sistemas tributarios europeos y, en particular, al alemán. En realidad, la inmensa mayoría del Continente o no diferencia entre plusvalías generadas a corto y a largo plazo o, de hacerlo, tal distinción tiene como único propósito bonificar el ahorro a largo plazo… no castigar con saña los rendimientos cortoplacistas. Sin ir más lejos, Alemania modificó en 2009 su sistema fiscal para hacer tributar ambas plusvalías al 25%: la historia es justo la inversa a la ucrónica narrativa gubernamental.
Por último, la ocurrencia de que penalizando a los avariciosos especuladores se consigue potenciar en algo la sana inversión a largo plazo no pasa de típico chascarrillo indignado. Como cualquier economista mínimamente cercano a la realidad sabe, basta comparar las muy superiores facilidades de financiación que poseen las empresas cotizadas en bolsa (un casino tomado por los especuladores) frente a las compañías no cotizadas (las que no participan del diario envite especulativo en los parqués) para comprobarlo: son precisamente los especuladores quienes facilitan la entrada masiva de capital a largo plazo en las empresas al proporcionarles en todo momento a los ahorradores un precio de mercado al que comprar o vender sus participaciones. Expulsemos a los especuladores del templo, como pretende Montoro, y la fluida Bolsa se parecerá cada vez más al quieto, ilíquido y lentísimo mercado inmobiliario.
El sablazo fiscal, en suma, sólo sirve para mermar los incentivos de españoles y de extranjeros para ahorrar e invertir en nuestro país. ¿Cómo casa esta nociva consecuencia con las iniciales declaraciones del ministro de Hacienda donde prometía proteger e impulsar el ahorro nacional? Pues de ninguna manera. No intenten cuadrar el esquizofrénico círculo. Tan sólo recuerden que Montoro fue la misma persona que justificó la subida del IRPF en preferencia sobre el IVA bajo el argumento de que el Gobierno haría todo lo posible para no perjudicar todavía más al consumo, es decir, para fomentar el no ahorro. Así de simple: no hay más cera que la que arde.
