El revuelo que ha armado Báñez con la simplificación de los contratos laborales era tan de prever que lo raro es que nadie hubiese dicho nada a favor o en contra. Y ya es caprichoso el tema porque, a pesar de la escandalera, lo cierto es que no ha cambiado nada o, por ser más exactos, casi nada. La izquierda ha arrimado el ascua a su sardina y se han puesto como morgollones a lloriquear con que esto es, en realidad, una nueva reforma laboral o el siguiente paso de la anterior. Ojalá fuese así. La reforma de febrero de 2012 era demasiado modesta, de ahí que sigamos coleccionando parados como el que colecciona sellos.
Pero no, lo de Báñez no es una reforma laboral, ni siquiera una reformilla al uso de esas que gustan tanto a Rajoy. Es, ni más ni menos que un cambio puramente administrativo que no debió trascender de un mísero breve en la prensa salmón. El Gobierno no ha cambiado nada de lo esencial, simplemente se ha limitado a juntar en cinco formularios los trámites para que una empresa contrate a un empleado. Sinceramente, no era necesario semejante revuelo para tan poca cosa. Contratar en España sigue siendo dificilísimo, sigue habiendo cuarenta y pico contratos para una misma cosa y el mercado laboral sigue exhibiendo una vergonzante dualidad, impropia, por lo demás, de un país que se dice libre.
Porque el problema de fondo no es el número de formularios que tiene que rellenar un empresario, sino el hecho mismo de que esos formularios existan. Hay desde hace cosa de un par de años un movimiento popular que ha cogido bastante fuerza en internet. Aboga por la simplificación total de la contratación, que de los cuarenta y pico actuales se pase a uno solo, una suerte de contrato laboral único con las mismas cláusulas para todos. Eso supuestamente serviría para crear empleo como por ensalmo y todos nuestros problemas –especialmente los de Montoro con la recaudación– se resolverían en el acto.
De verdad, si fuese así de simple solucionar el problema del paro digo yo que ya lo habrían hecho. Al fin y al cabo, ¿qué más da tener uno o cuarenta tipos de contrato si de lo que se trata es de que haya contrataciones? Bastaría con universalizar el mejor contrato posible –o inventar uno en el que sea, por ejemplo, imposible despedir… bueno, ese ya está inventado, es el que tienen los funcionarios a costa de los trabajadores del sector privado– para pasar de seis millones de desempleados a cero. En ciertas capas de la población esta idea bien intencionada pero peregrina ha tenido una excepcional acogida. Contrato único claman por las redes sociales y los foros de internet como si sólo eso fuera suficiente.
Lamentablemente la realidad es algo más compleja. Porque el quid de la cuestión no es el número de contratos, sino la libertad que gozan las partes al suscribirlos. En España la contratación laboral es un lecho de Procusto o, mejor dicho, cuarenta lechos de Procusto en los que todos tenemos que caber por narices. Es el clásico marco típicamente socialista, Al final como no todos cabemos muchos se quedan fuera, se quedan, en definitiva, en el paro. La política premia un tipo de contrataciones y castiga otras. Decide, por ejemplo, que ciertas edades o ciertos sexos tengan bonificaciones, es decir, privilegios. Los privilegios no son neutros, se ejercen siempre a costa de otros, en el caso que nos ocupa a costa de los que no pertenecen al sexo o al rango de edad bonificado. En ningún otro ámbito de nuestra vida admitiríamos un nivel de intervención y coacción semejante, en nombre del trabajo, sin embargo, estamos dispuestos a cualquier desafuero y hasta pedimos a gritos que así sea.
Desmitificada la idea de que el célebre contrato único sirviese realmente para algo, habría que plantearse cuál es el contrato ideal, es que cumple con la ética más elemental y que de verdad ayuda a que efectúen contrataciones. No se me ocurre otro que el contrato sin más añadidos que suscriben dos partes libre y voluntariamente. Un contrato que tenga como única referencia la legislación vigente y que, a partir de ahí, incluya las cláusulas que ambas partes crean pertinentes. Habría que dar un repaso, eso sí, a la “legislación vigente”, que en temas laborales en España, dicho sea de paso, está más cerca de la Unión Soviética que de Suiza.
Con un contrato genuinamente libre nos encontraríamos no con uno sino con millones de contratos, estaríamos ante una diversidad casi infinita de contratos, cada trabajador tendría el suyo. ¿Y sabe lo que pasaría? Nada, absolutamente nada. Podría darse el caso que los trabajadores de una empresa o los miembros de una profesión concreta deciden negociar de un modo colectivo para obtener mejores condiciones del empresario. No habría problema siempre y cuando pertenecer a ese “colectivo” no fuese obligatorio. ¿Ve como la libertad es siempre más sencilla?
