Como lleva denunciando desde hace tiempo Ana Tudela, primero en El Economista y luego en Público, la sociedad de Teddy Bautista es la oficina de recaudación de fondos para toda una serie de filiales que dependen de él, y cuyas cuentas y objetivos no parecen estar del todo claros.
Toda entidad pública, o toda entidad privada que administre una concesión pública, como sucede con la SGAE y el canon, tiene la obligación de ser completamente transparente. El diezmo que les pagamos en concepto de derechos de autor tiene como objeto, se supone, que los creadores ganen por otra vía el dinero que pierden por la "copia privada". Sin embargo, una parte considerable de lo que gana la sociedad se invierte en una serie de empresas y organizaciones filiales. Según la denuncia, se da el caso de que de una de ellas, Iberautor, no se especifican las actividades porque según la SGAE eso puede "provocar perjuicios" a la sociedad.
La sospecha es que a través de estas filiales, los actuales gestores del chiringuito de Teddy Bautista y José Luis Borau podrían estar beneficiándose de los ingresos del canon, de ahí que se pida a la Fiscalía que lo investigue. No obstante, aunque sea lógico que exista todo tipo de sospechas, hay que recordar que son sospechas y no se tiene constancia fehaciente de ello. La presunción de inocencia alcanza a todos, SGAE incluida. Siempre he pensado que si algo diferencia, o debe diferenciar, a los liberales es recordar siempre que los principios están por delante de las antipatías, por más justificadas que puedan estar.
Ahora, no cabe duda que a la luz de esta denuncia resultan especialmente divertidas las reciente palabras de Teddy Bautista sobre la "concepción humanista" que tiene la SGAE sobre los derechos de autor. Estas gentes "de progreso" siempre hacen lo mismo. Hablan de que la izquierda es quien tiene en cuenta la dignidad de la persona y desprecia el afán de mercantilizarlo todo, pero tanto las posturas políticas que defienden como sus actos suelen mostrar que para ellos la dignidad tiene un valor monetario. Eso sí, no de mercado, porque éste podría darles la espalda. Para ellos, que los consumidores encuentren lo que ofreces lo suficientemente atractivo como para pagarte voluntariamente con una parte de lo que ganan con su trabajo es despreciable mercantilismo, pero que el Estado te conceda privilegios para quitarle al consumidor el fruto de su labor sin su consentimiento es de lo más "humanista".
Es posible, especialmente dadas las buenas relaciones del lobby y el PSOE y la politización de la Fiscalía, que este caso se archive sin investigar siquiera un poquito. Pero en todo caso debería servirnos para recordar que el dinero que recauda la SGAE no se destina sin más a pagar a los autores. La Sociedad General de Autores y Editores destina buena parte a un sinfín de actividades que, nos parezcan bien o mal, legales o ilegales, no son aquellas que esgrimen para defender la supuesta justicia del canon digital. Eso también es corrupción, aunque no sea punible, un "vicio o abuso introducido en las cosas no materiales", que diría la Real Academia. Corrupción del discurso público.
