El pasado 20 de septiembre medio centenar de miembros de la familia Zeidan firmaron en Tulkarem un documento público condenatorio de la conducta de una mujer del clan, Zamar, de 33 años, por cometer actos deshonrosos. Días antes un hombre borracho procedente de una localidad cercana se había introducido en su casa. Los vecinos lo sacaron de la vivienda y lo apalearon, obligándolo a huir, pero la mancha del deshonor ya había caído sobre la víctima del asalto.
Los miembros masculinos del clan familiar acusaron a Zamar de violar repetidamente "la ley de Dios, las costumbres y la moralidad" que se exige a toda mujer musulmana. El padre quedó también formalmente repudiado, por "haber fracasado en reformar a su familia". El texto fue imprimido y repartido por la localidad, incluso colocado en la entrada de la mezquita local. La suerte de Zamar ya estaba echada: al día siguiente, su padre la estranguló con un cable de acero mientras dormía.
Lo que ha otorgado una relevancia especial a este crimen es el hecho de que entre los firmantes del documento aparecía Abdel Rahmán, diputado de Hamás en la asamblea legislativa en un territorio controlado por Fatah. Rahman explicó que accedió a firmar porque "la otra opción era expulsar al padre y a toda la familia de la Margen Occidental". A continuación añadió que, según su particular criterio, su apoyo expreso a una sentencia popular que condenaba a una mujer inocente por supuestos delitos de honor no fue una incitación a su asesinato.
La misma semana del asesinato de Zamar una mujer de Yata, en Hebrón, mató a su hija discapacitada de 21 años después de que ésta fuera violada por unos desconocidos. La Policía palestina confirmó los hechos tras llevar el cuerpo de la víctima a la sala de urgencias de un hospital local, donde se declaró su fallecimiento.
Con estos dos últimos se elevan a 27 los crímenes de honor cometidos en tierras palestinas en lo que va de año, más del doble que en 2012, según los datos recopilados por las organizaciones de derechos humanos presentes en la zona. Este tipo de crímenes, frecuentes en los países islámicos, se inspiran en determinadas interpretaciones teológicas, a pesar de que en la mayoría de los casos ni siquiera se cumplen los requisitos que el islam establece, como la existencia de, al menos, cuatro testigos presenciales de un adulterio, la principal de las acusaciones formulada contra las mujeres a las que sus parientes arrancan la vida para preservar el honor familiar.
En el caso de Palestina, a esta laxitud en la interpretación de los preceptos coránicos se suma la levedad de las condenas que se imponen a quienes perpetran estos crímenes. Según la legislación vigente, los asesinatos de Tulkarem y Hebrón se saldarán con una condena de tan sólo seis meses de cárcel, si es que los autores son encontrados culpables.
Las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer llevan tiempo enfocando sus esfuerzos en la reforma de este aspecto concreto de la legislación penal. En Ramala se han dirigido al presidente de la Autoridad Palestina para que ponga en marcha una modificación legal que eleve el castigo a los culpables de crímenes de honor y acabe con la práctica impunidad de que disfrutan.
Sin embargo, las propias asociaciones pro derechos humanos reconocen que una simple reforma legal no acabará con esta lacra. La última prueba de que estos delitos están interiorizados en amplias capas de la población musulmana la encontramos en una investigación de la Universidad de Cambridge elaborada entre jóvenes de la vecina Jordania.
En el mencionado estudio, un tercio de los jóvenes entrevistados se mostró de acuerdo con esta práctica, actitud que los investigadores atribuyen a los bajos niveles de educación y a la existencia de una visión patriarcal tradicional que pone el énfasis en preservar "la virtud de la mujer". En Jordania se cometen entre 15 y 20 asesinatos por delitos de honor cada año.
Como hemos visto antes, las cifras, lejos de disminuir con el paso de los años, no hacen sino aumentar. Nada extraño en un lugar donde un diputado electo puede animar públicamente a la comisión de estos delitos en su propia familia sin recibir la menor sanción oficial ni reproche social alguno.
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