El declive económico comenzó a percibirse a finales de 2006, momento en el que el mercado inmobiliario nacional empezó a registrar su particular caída tras casi una década de crecimiento exacerbado (debido, entre otros motivos, a la entrada de España en el euro y la consiguiente expansión crediticia que tuvo lugar a partir de entonces).
A ello se sumó a mediados de 2007 el estallido de la crisis subprime en EEUU que, lejos de ser la causa, constituyó el primer efecto visible de la crisis financiera internacional que está teniendo lugar en estos momentos. Desde entonces, la insolvencia bancaria está provocando una falta de liquidez sin precedentes que, como consecuencia, da lugar a una fuerte restricción del crédito a familias y empresas.
La coexistencia de ambos fenómenos, independientes e interconectados al mismo tiempo, está golpeando con gran dureza la economía del país. Además, el elevado endeudamiento privado, junto al incremento de la deuda pública y el desequilibrio presupuestario que tendrá lugar en 2009 y 2010, sitúa a España en peores condiciones que el resto de países de nuestro entorno para afrontar la actual situación. Y ello, pese a que el Gobierno insista en defender unas fortalezas de las que carecemos, con un discurso basado en una confianza del todo irreal.
De este modo, la economía española apenas está experimentando el inicio de la crisis. Estamos en el comienzo, no en el final. Ignoren el mensaje engañoso del Ejecutivo afirmando que la deseada recuperación tendrá lugar a mediados de 2009 ya que, por desgracia para muchos, no será así. Hoy por hoy, la crisis económica está garantizada, como mínimo, hasta 2012. A partir de entonces todo dependerá de la salud en que se encuentre el sistema financiero internacional y de la necesaria corrección del mercado inmobiliario español.
Es decir, la crisis en España se prolongará, al menos, durante cinco años y después todo dependerá de diversos factores, tanto internos (políticas aplicadas hasta el momento) como externos (crisis financiera). El problema consiste en que el país acaba de vivir la mayor burbuja inmobiliaria de la historia, al tiempo que ha explotado la mayor burbuja crediticia internacional desde el crack de 1929. En este sentido, los datos indican que la recuperación del ladrillo, principal motor de crecimiento durante la última década, no tendrá lugar hasta que se diluya el abultado stock de viviendas existente en la actualidad, y que supera los 1,5 millones de pisos.
Si el ritmo de ventas se mantiene en las 300.000 unidades anuales, el mercado de la vivienda en España comenzaría a normalizarse dentro de 5 años. Eso sí, siempre y cuando no se construyese ni un solo edificio más. En este sentido, cabe recordar que la última crisis económica que sufrió el país se prolongó desde 1992 hasta 1997 y en parte la recuperación se debió entonces a la entrada en la UE.
Durante esos años la tasa de paro llegó a situarse muy por encima del 20 por ciento de la población activa. La gravedad de la actual situación radica en que, a pesar de que la crisis acaba de comenzar, la economía española se enfrenta ya al peor ritmo de destrucción de empleo de los últimos 30 años, al tiempo que la debacle inmobiliaria amenaza con superar el brusco ajuste de aquella etapa.
Siendo esta crisis mucho peor que la de entonces, es evidente que la particular travesía por el desierto se prolongará, como mínimo, un lustro. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta otros factores de riesgo que amenazan con prolongar la agonía. Así, la duración de la crisis financiera y la restricción del crédito, el elevado déficit exterior, la apuesta por un sistema energético insostenible centrado en el desarrollo de las energías renovables, la posibilidad real de que el ladrillo español experimente un estancamiento similar al de Japón y todo ello unido a la inexistencia de reformas estructurales de calado por parte del Gobierno para atenuar los efectos de la crisis (sobre todo en materia laboral y fiscal), pintan un escenario pesimista a medio y largo plazo.
Es decir, visto lo visto, ojalá la crisis económica en España dure tan sólo cinco años. Por desgracia, mucho me temo que serán más.
